La Junta aprueba la eliminación de los impuestos de sucesiones y donaciones
Igea y Mañueco en una imagen de archivo.
Se trata de una vieja reivindicación de Ciudadanos, que ahora gobierna la comunidad junto al Partido Popular.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Anteproyecto de Ley que modifica el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para establecer un sistema fiscal favorable entre familiares directos que supone su práctica eliminación, al reducir al 99 % el coste fiscal al que se encuentran sometidas las adquisiciones de bienes y derechos por herencia o donación entre familiares directos, cónyuge, descendientes y ascendientes. Esta reducción del impuesto supondrá un ahorro para los contribuyentes de más de 17 millones de euros en 2020 y de casi 35 millones de euros en 2021 según informa la propia Junta de Castilla y León.
De esta forma, se pretende que en las transmisiones lucrativas mortis causa, el patrimonio acumulado con años de esfuerzo transmitido a familiares directos no sea objeto de una nueva imposición. Asimismo, en el caso concreto de las transmisiones lucrativas inter vivos, el objetivo es favorecer la transmisión anticipada en el tiempo de bienes y derechos entre familiares directos permitiendo que la ayuda económica llegue en vida a las familias, como un acto de generosidad, o en casos de necesidad o de financiación, sin tener que esperar al momento del fallecimiento. En ambos casos, se facilita el relevo intergeneracional de empresas y negocios, así como el emprendimiento, sin que el pago del impuesto sea una traba a ello.
Prórroga a los presupuestos
Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto de prórroga de los Presupuesto de la Comunidad que se encuentran actualmente en vigor, con el objetivo de facilitar y clarificar la gestión diaria de los recursos disponibles en los distintos departamentos de la Administración autonómica.
El Decreto recoge, en términos generales, la prórroga de los créditos iniciales en vigor salvo que correspondan a actuaciones que hayan concluido en este ejercicio o que estén financiadas con recursos finalistas cuya vigencia no pueda ampliarse. Esto implica que, mientras se mantenga la prórroga, la Junta atenderá con normalidad los gastos de personal, capítulo 1; los derivados del funcionamiento habitual, en especial los que aseguran la prestación de los servicios públicos esenciales, capítulo 2; y los financieros y las operaciones de crédito de la Administración de la Comunidad, capítulos 3 y 9.
Continuidad en el gasto para dar cumplimiento a los acuerdos y compromisos adoptados
En cuanto al resto de los gastos, el Decreto señala que estos se imputarán conforme a su naturaleza a los respectivos capítulos –4 ó de transferencias corrientes, 6 ó de inversiones reales, 7 ó de transferencias de capital y 8 ó de activos financieros– cuyos créditos se prorrogan, dando continuidad a las medidas que se venían realizando a lo largo del ejercicio.
Ello supone, y así lo concreta el Decreto, que la Junta seguirá ejecutando partidas correspondientes a cualquier prestación que viniera realizando de forma sistemática a lo largo del ejercicio, así como las que resulten imprescindibles para atender el servicio público o cumplir una norma con rango de ley.
Añade también que, a estos efectos, se entiende por gastos correspondientes a actuaciones no finalizadas todos aquellos que se encuentren vinculados a acuerdos, planes o compromisos realizados por el Gobierno de Castilla y León con anterioridad al 31 de diciembre de 2019.
Las normas de imputación de gastos reguladas en este proyecto de decreto afectan a todas las secciones presupuestarias, salvo a la 20, Cortes de Castilla y León e Instituciones propias de la Comunidad, y a la 31, Política Agraria Común (PAC).