Mañueco reclama que el marco financiero europeo 2021-2027 tenga recursos específicos e independientes para hacer frente al reto demográfico

El reto demográfico es una cuestión de todos, del conjunto de las administraciones y de la colaboración público-privada. Es por ello que cada vez más corporaciones locales están estableciendo iniciativas en materia poblacional y en esa misma dirección deben ir el Gobierno central y la UE. Así lo ha manifestado hoy el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en la clausura de la Jornada “Razones par quedarnos. Estrategias frente a la España despoblada”, organizada por La Opinión de Zamora, donde ha reivindicado la necesidad de que el nuevo marco financiero europeo 2021-2027 incluya recursos específicos e independientes para hacer frente al reto demográfico.

En este sentido, ha insistido en la importancia de seguir contando con una Política Agraria Común fuerte y adaptada a las necesidades de la Comunidad, con más fondos de desarrollo rural.

Por lo que respecta al Gobierno de España, el presidente de la Junta ha pedido y ofrecido lealtad y colaboración a la hora de aprobar la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico. Esta Estrategia, según ha señalado, debe ir de la mano de un nuevo modelo de financiación autonómica, que a su vez debe ser resultado de un consenso multilateral que garantice los recursos necesarios para seguir ofreciendo servicios a los ciudadanos.

Apuesta por las oportunidades

El presidente de la Junta ha recordado que en Castilla y León se lleva trabajando mucho tiempo contra el problema demográfico. La Comunidad fue la primera en aprobar una Agenda para la Población (2010) y ha liderado, en la última Conferencia de Presidentes, junto a otras comunidades, el acuerdo para impulsar una Estrategia Nacional sobre los Retos Demográficos.

Frente a la denominada “España vaciada”, Fernández Mañueco ha preferido hablar de la “España de las oportunidades” ya que el objetivo de la Junta de Castilla y León, a través de todas sus políticas, es precisamente apostar por esas oportunidades. Así, ha destacado la puesta en marcha por parte del Ejecutivo autonómico de políticas que permiten ofrecer servicios de calidad en el mundo rural, del mismo modo que en las zonas urbanas. Con una sanidad pública de calidad, con hospitales en las ciudades y consultorios abiertos en los pueblos. Asimismo, con unos servicios sociales y de atención a la dependencia a la altura de lo que necesitan las personas, especialmente los mayores. Y con una educación de calidad, con escuelas de infantil y primaria abiertas allí donde estudien 3 niños.

En segundo lugar, el presidente ha destacado las políticas de la Junta encaminadas a garantizar un transporte al alcance de todos, impulsando el transporte a la demanda. Con tarifa plana anual, y tarifa súper reducida para las personas mayores y los jóvenes. Y la apuesta por la transformación digital en todo el territorio o las facilidades para el acceso a la vivienda, con ayudas al alquiler para jóvenes en el mundo rural, y con el incremento de las viviendas de alquiler social.

Muchas de esas políticas en el territorio son posibles, según ha destacado Fernández Mañueco, gracias a la labor profesional de los alcaldes y concejales de los 2.248 municipios de la Comunidad.

Asimismo, ha recordado otras medidas que están siendo puestas en marcha por la Junta de Castilla y León, como lo es una fiscalidad inteligente y moderada, que prevea un trato positivo hacia el mundo rural y las zonas con menos población; con el compromiso de no subir o establecer nuevos impuestos, a familias, pymes y autónomos, y suprimiendo el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

En cuanto al modelo productivo de Castilla y León, el presidente ha insistido en las medidas que favorecen el crecimiento y la competitividad de las empresas y que facilitan financiación y el desarrollo de políticas de innovación e internacionalización.

En este punto, ha destacado el abaratamiento del precio del suelo industrial de titularidad de la Junta, una media del 25 %, o la extensión de la tarifa plana 24 meses para nuevos autónomos, que llegará a los 36 en pequeños municipios.