Estos días se hará efectivo el pago de la liquidación de ayudas directas vinculadas a superficies por importe de más de 59 millones de euros que se distribuirán entre 64.874 agricultores y ganaderos. Así, el importe total transferido al sector, en concepto de ayudas directas, supera los 891 millones de euros. El plazo de solicitudes PAC 2020 se amplía hasta el 15 de mayo, aunque el Ministerio ya ha solicitado a la Comisión Europea que sea hasta el 15 de junio.
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha ordenado el pago de la liquidación final de las ayudas directas por superficies solicitadas en el año 2019, por un importe de más de 59 millones de euros. En este pago se incluyen los 567 expedientes de jóvenes y nuevos agricultores que han obtenido derechos de pago único de la reserva nacional asignados por el FEGA recientemente.
Los datos provincializados del pago de liquidación de ayudas directas por superficies son los siguientes:
Estos pagos complementan el importe anticipado hasta el mes de diciembre de 2019, tanto del 95 % de las ayudas por superficies del régimen de pago básico, pago del componente verde, complemento a jóvenes, régimen simplificado a pequeños productores, como del 90 % de las ayudas asociadas a sectores agrícolas y a los sectores ganaderos de vacas nodrizas, vacuno de leche, ovino y caprinos, y también el pago del anticipo del 90 % de la ayuda al vacuno de cebo que se ha transferido al sector el pasado mes de febrero.
El total transferido hasta la fecha actual en concepto de ayudas directas es de cerca de 891,5 millones de euros:
Importes unitarios para realizar liquidación de ayudas superficies 2019
Para efectuar el pago de la liquidación de las ayudas por superficies 2019, se han utilizado los datos de la versión actualizada de los derechos de Pago Básico correspondientes a 2019 en la que se recogen todos los cambios de titularidad de las 8.969 solicitudes de cesiones de derechos tramitadas (compraventa, arrendamientos, herencias…) y también la información de los derechos asignados por la reserva a los 569 jóvenes y nuevos agricultores que han recibido aproximadamente 33.000 nuevos derechos por un importe cercano a 3,5 millones de euros. Y a partir de los mismos, se ha determinado el complemento del importe en concepto de Pago Verde (51,5 %), la ayuda directa a los jóvenes agricultores (complemento del 50 % del pago básico hasta las primeras 90 hectáreas), las ayudas del régimen simplificado de pequeños agricultores y los pagos asociados a los cultivos de: proteaginosas y leguminosas (52,85 €/Ha), oleaginosas (37,73 €/Ha), legumbres de calidad (55,83 €/Ha), frutos de cáscara (29,98 €/Ha), arroz (118,63 €/Ha) y remolacha (610,52 €/Ha).
Además hay que señalar que resta por efectuar la liquidación del 10 % de las ayudas asociadas a los sectores ganaderos de vaca nodriza, vacuno de leche, vacuno de cebo, y ovino y caprino, ya que no se han fijado los importes unitarios definitivos por parte del FEGA. A este respecto la liquidación se efectuará en cuanto se determinen esos importes y en todo caso antes del 30 de junio de 2020.
Actualmente estamos en plena campaña de presentación de la solicitud única de las ayudas PAC 2020. Inicialmente el plazo previsto finalizaba el 30 de abril de 2020, pudiéndose ampliar, de acuerdo al reglamento de ejecución 809/2014 y a la norma nacional establecida en el Real Decreto 1075/2014, hasta el 15 de mayo. A este respecto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha iniciado la tramitación de una orden ministerial que establecerá el 15 de mayo como fecha de finalización del plazo de presentación de la solicitud única para la campaña 2020 en todo el territorio nacional.
Además, ante la excepcionalidad creada tras la declaración del Estado de Alarma, el MAPA ya ha solicitado a la Comisión Europea la ampliación del periodo de solicitud de las ayudas PAC hasta el 15 de junio para facilitar los trámites a los agricultores y ganaderos, atendiendo a la petición que desde la Junta de Castilla y León se había realizado, en la que también se solicitaba analizar y proponer las medidas de flexibilización máximas en relación con la gestión y control de las solicitudes de ayuda, de forma que no supongan perjuicios a los beneficiarios.