Cámara y empresas demandan un 'gran plan de recuperación' para salir de la crisis del COVID-19

Las empresas sorianas demandan ayudas directas y liquidez a las administraciones para poder hacer frente a los gastos. Esta es la principal conclusión de la encuesta que la Cámara de Comercio de Soria realizó la semana pasada vía telefónica a una amplia representación de las empresas de la provincia, 201 concretamente, pertenecientes a sectores diversos, como el comercio, la industria, los servicios o la hostelería y el turismo, entre otros, para analizar la situación provocada por la crisis del COVID-19.

La preocupación del empresariado con el que ha hablado la institución cameral apunta a que cualquier medida que se adopte por parte del Gobierno central o autonómico debe ser de carácter inmediato, sobre todo de carácter financiero, sin aplazamientos que supongan nuevas cargas en el futuro. También queda patente el temor a cómo se va a lograr la recuperación cuando la crisis haya terminado y con qué ayudas se contará para lograrlo. Las empresas reclaman, así mismo, un ambicioso plan con medidas de todo tipo para reactivar la economía a medio plazo. Su mayor preocupación es que la situación de parálisis se extienda en el tiempo y no puedan facturar, con lo que no podrían afrontar sus pagos.

Por otra parte, piden mayor implicación de la Unión Europea para la apertura de nuevas líneas de ayuda y flexibilidad laboral al Gobierno para afrontar de la mejor manera posible una crisis sin precedentes y lograr así cuanto antes la recuperación para poder seguir creando riqueza y empleo.

En este sentido, el presidente de la Cámara de Comercio de Soria, Alberto Santamaría, ha señalado que “es importante que se prevean desde ya proyectos y medidas que se puedan poner en marcha cuando acabe la crisis del COVID-19 y que las empresas puedan afrontar sus gastos corrientes y aplazados en función de su facturación”.

Impuestos y Seguridad Social

Las necesidades más reclamadas por las empresas de Soria a corto plazo, según los resultados de esta encuesta, serían las de lograr ayudas directas y el aplazamiento del pago de impuestos (señalada por el 42,7% de los encuestados), la exoneración del pago de las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores y/o las cuotas de autónomos (41,5%) o disponer de liquidez para afrontar los pagos de la empresa (36,3%). Otras necesidades urgentes serían las de que no se tuvieran que afrontar los gastos por alquileres de locales o los gastos corrientes, de luz, agua, calefacción, etc.; la renegociación de la deuda bancaria, la flexibilidad para amoldar temporalmente la plantilla o garantizar la movilidad de las materias primas.

La gran mayoría de las empresas encuestadas ha tenido que medidas para ajustar su situación a las graves circunstancias económicas derivadas de la crisis sanitaria para afrontar el COVID-19. Así, el 38% de los encuestados ha tenido que solicitar un ERTE por fuerza mayor y el 29,6% ha pedido la prestación extraordinaria por el cese temporal de la actividad empresarial. Otras medidas aplicadas han sido las de flexibilidad horaria, disfrute de vacaciones pactadas y creación de bolsas de horas o el teletrabajo.

Preocupación por los objetivos a futuro

Incertidumbre, inseguridad y preocupación han sido las palabras más utilizadas por las empresas entrevistadas, con un panorama cambiante por las constantes medidas económicas y laborales que toman las distintas administraciones y que repercuten de manera directa en la actividad empresarial, lo que podría redefinir sus objetivos y su situación en el futuro en cuanto a facturación y mantenimiento del empleo.

Por el momento, las medidas de apoyo a las empresas adoptadas por las distintas administraciones son valoradas en la encuesta en positivo (49,7%), en negativo lo hace un 28,7% y no las conoce al detalle un 21,6%.

En cuanto a las medidas de contención decretadas por el Gobierno tras la declaración del estado de alarma para frenar el coronavirus, el 57,9% las ve positivas, un 39,8% cree que deberían haber sido más restrictivas y solo un 2,3% de los encuestados creen que deberían haber sido menos restrictivas.