La Junta aprueba su adhesión al fondo de facilidad financiera por valor de 291M€

El Consejo de Gobierno ha acordado la adhesión de la Comunidad al Fondo de Facilidad Financiera que ha asignado a Castilla y León 291,38 millones de euros para cubrir las necesidades de endeudamiento correspondientes al segundo trimestre de 2020, tras considerar los potenciales beneficios que se pueden obtener en ahorro de intereses y al no ser necesaria la elaboración de un plan de ajuste.

Las condiciones financieras del préstamo se concretan en un plazo de 12 años (incluyendo cuatro años de carencia) y un tipo de interés equivalente al coste medio de la Deuda del Estado a un plazo equivalente.

Esta adhesión tiene como objetivo habilitar recursos financieros para atender las necesidades de liquidez del segundo trimestre de este ejercicio, en un contexto en que los mercados de deuda están fuertemente condicionados por la pandemia provocada por el COVID-19.

En julio de 2019, la Consejería de Economía y Hacienda solicitó la adhesión de Castilla y León al Fondo de Facilidad Financiera para cubrir las necesidades de endeudamiento para 2020, al cumplir la Comunidad los requisitos previstos en el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, por el que se regulan las medidas de sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas, esto es, respeto a las reglas fiscales y cumplimiento de los límites del periodo medio de pago a proveedores.

El 31 de enero de 2020, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos acordó la distribución de los recursos del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas para el primer trimestre del año, asignando a Castilla y León 224,46 millones de euros con cargo al Fondo de Facilidad Financiera. Por otra parte, el 20 de marzo de 2020, la Comisión asignó a la Comunidad 291,38 millones de euros correspondientes a las necesidades de endeudamiento del segundo trimestre del año, por lo que se suma un importe acumulado de 515,84 millones de euros.

Castilla y León cierra 2019 con un endeudamiento 3 puntos inferior a la media

Castilla y León ha reducido su nivel de endeudamiento al cierre de 2019 hasta el 20,8 % sobre el PIB, medio punto porcentual menos que en 2018 y casi 3 puntos inferior a la media autonómica. Este dato mantiene a la Comunidad como la octava autonomía más saneada del país, según los últimos datos publicados por el Banco de España el pasado 31 de marzo.

La aportación de Castilla y León al endeudamiento global de las autonomías españolas es limitada, de acuerdo con los datos facilitados por el organismo regulador. En concreto, al término de 2019 se cifraba en el 4,2 % del total de las comunidades autónomas.

11M€ para las entidades locales

Una de las líneas de ayuda contempla una partida de 1.768.250 euros, que irán destinados a garantizar el derecho básico de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad que se encuentran afectados por el cierre de centros educativos debido a la pandemia del coronavirus y que además, se ha repartido entre las Corporaciones Locales con competencia en servicios sociales. Su distribución se ha realizado en función del número de niños con domicilio en el ámbito de actuación de cada una de dichas entidades locales y que estaban accediendo al comedor escolar de manera gratuita por causas económicas.

Por otro lado un total de nueve millones de euros, del Fondo Social Extraordinario destinado exclusivamente a las consecuencias sociales del COVID-19, servirán para reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario para garantizar los cuidados, el apoyo, la vinculación al entorno, la seguridad y la alimentación, especialmente los dirigidos a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, compensando así el cierre de comedores, centros de día, centros ocupacionales y otros servicios similares.

Estos fondos también se podrán destinar a incrementar y reforzar el funcionamiento de los dispositivos de teleasistencia domiciliaria; trasladar al ámbito domiciliario los servicios de rehabilitación, terapia ocupacional, higiene, y otros similares; reforzar los dispositivos de atención a personas sin hogar, las plantillas de centros de Servicios Sociales y centros residenciales en caso de que sea necesario realizar sustituciones; adquisición de medios de prevención (EPI); ampliar la dotación de las partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a las familias, para asegurar la cobertura de sus necesidades básicas.

En cuanto a este Fondo Social Extraordinario, siete millones se han repartido entre las 24 corporaciones locales de manera proporcional a lo recibido para este año 2020 en el Acuerdo Marco, y los otros dos millones restantes servirán para financiar el esfuerzo económico que tienen que realizar las corporaciones locales que disponen de centros residenciales de personas mayores y de personas con discapacidad, distribuyéndose la cuantía de manera proporcional a las plazas financiadas este año en el Acuerdo Marco.

El Acuerdo Marco de Cofinanciación de Servicios Sociales es el instrumento de colaboración y coordinación entre la Junta y las Corporaciones locales, para la financiación de las prestaciones sociales que han de llevarse a cabo por las mencionadas Entidades Locales. Es un instrumento que, además de dotarlas de financiación, garantiza la estabilidad, continuidad y homogeneidad en la atención a las personas más vulnerables de Castilla y León, aprovechando la proximidad de los profesionales a los usuarios, evitando de esta forma, duplicidades. En él participan los nueve ayuntamientos capital de provincia, las nueve diputaciones provinciales y los ayuntamientos de Aranda de Duero, Miranda de Ebro, San Andrés del Rabanedo, Ponferrada, Medina del Campo y Laguna de Duero, que tienen más de 20.000 habitantes.