En pocas semanas, el sistema sanitario castellano y leonés se ha reorganizado atendiendo a la complejidad de una emergencia de Salud Pública de semejante calado e intensidad. Con el fin de mejorar la situación de los pacientes, los hospitales de la Comunidad han avanzado en la puesta en marcha de sus planes de humanización.
Castilla y León acumula, según los últimos datos facilitados al Ministerio de Sanidad en el marco de la coordinación informativa entre las autoridades sanitarias nacionales y autonómicas, 19.028 casos confirmados de COVID-19, 344 nuevos desde la última comunicación pública.
Epidemiológicamente, en la Comunidad castellana y leonesa, el SARS-CoV-2 ha afectado en mayor medida a la población mayor de 65 años (52,1%), mientras que el tramo de edad entre 45 y 65 años es el 31,9%; entre los quince y los 44 años, los casos suponen el 15,7% y una parte muy pequeña, el 0,3%, son menores de quince años.
En cuanto a sexos, el virus ha afectado más a las mujeres, sin embargo, pese a que las mujeres se ven más afectadas, los fallecidos son mayoría hombres siendo su tasa de letalidad de 15,01 frente al 8,46 de las mujeres.
La consejera de Sanidad, Verónica Casado Vicente, ha informado de estos datos durante su comparecencia hoy, a petición propia, ante la Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León.
Verónica Casado ha iniciado su intervención manifestando su agradecimiento y el de la institución a la que representa a la ciudadanía, a los empleados públicos y, especialmente, a los a los profesionales sanitarios, asistenciales y no asistenciales, su dedicación y esfuerzo en condiciones realmente complicadas por la estallido de la pandemia de la COVID-19 y la gravísima situación de emergencia sanitaria y social desencadenada.
La aparición y extensión de esta nueva enfermedad supone, según la responsable de la sanidad autonómica “un reto de gran magnitud, un cambio de paradigma, a nivel social, económico y sanitario que tardaremos tiempo en superar de forma definitiva”, provocando una situación inimaginable hace unos meses y generando una enorme incertidumbre sobre hacia qué deparará la situación, no sólo sanitariamente, sino en todos los órdenes de la sociedad.
Aunque los primeros casos confirmados de infección por el nuevo coronavirus se declarando en la Comunidad a finales febrero, la planificación de la Junta de Castilla y León había comenzado casi un mes antes, tratando de adelantarse a unas previsiones negativas que, lamentablemente se han confirmado y que han obligado a nuestro sistema sanitario a reorganizarse y adaptarse a la evolución pandémica, en todos los ámbitos: recursos disponibles, equipamiento clínico, personal, salud laboral, estructuras administrativas, nuevas dinámicas de trabajo,…, todo con el fin de dar la respuesta más eficaz, rápida y coordinada posible ante la crisis que se ha ido presentando.
En el contexto pandémico, los objetivos básicos del sistema de salud castellano y leonés se han basado en disminuir la incidencia de nuevos casos, de la prevalencia de la enfermedad, de su letalidad y su mortalidad y de las consecuencias para la salud de la COVID-19.
De las posible tasas de ataque del virus a la población con las que la Consejería de Sanidad ha trabajado -35%, 20% y 15%- y de cada una de ellas, tres escenarios -máximo, medio y mínimo-, pronto se alcanzaba la peor previsión: una tasa de ataque del 35% y el escenario máximo.
Aun así, el resultado según los datos observados a posteriori ha sido que, en lo relativo a la tasa de hospitalización, si bien en el inicio de la pandemia la tasa de ingreso era superior a esa tasa de ataque del 35%, a la octava semana la situación se estabilizó en la zona ataque mínimo (15%). En lo relativo a los ingresos en UCI las primeras semanas registraron una tasa de ataque entre las previsiones del 20 y el 35%, para, finalmente, situarse en ingresos correspondientes a las previsiones del 15 y el 25% de ataque. El sistema sanitario, gracias al gran esfuerzo de reorganización acometido, ha sido capaz de asumir, con la absolutamente necesaria dedicación de sus profesionales, soportar esas altas tasas iniciales de ataque del virus entre la población castellana y leonesa.
En pocas semanas, el sistema sanitario de Castilla y León se ha reorganizado atendiendo a la complejidad de una emergencia de Salud Pública de semejante calado e intensidad. Ejemplos que pueden ilustrar esta situación y que expresan la importancia de la Atención Primaria en el cuidado de la salud de los ciudadanos, que ha mantenido el contacto con sus pacientes, fortaleciéndose la asistencia telemática, ya fuese para la atención de la COVID-19 como de cualquier otra patología. Así, a través de Medora, se monitoriza la enfermedad por nuevo coronavirus y, actualmente, los registros indican que 39.672 casos los activos y 54.038 los totales declarados
Para su cuidado, los profesionales de Atención Primaria han atendido consultas presenciales en los centros de salud, telefónicas o presenciales, con una estadística que sitúa en dieciocho pacientes los asistidos por cada médico de familia en los momentos de mayor presión. La telemedicina ha recibido un importante impulso en ámbitos fundamentales, entre ellos la prestación farmacéutica.
Otras nuevas estructuras asistenciales que ejemplarizan la adaptación de la Atención Primaria son los Equipos COVID-AP; Equipos COVID-residencias: o los COVID-car.
El ámbito hospitalario ha sido quizá la parte más visible de toda esta reorganización y, por ejemplo, en urgencias se han puesto en marcha triajes para separar pacientes COVID de los no COVID. Al aumento sustancial de camas destinadas a la atención de pacientes afectados por el SARS_CoV-2, merece una mención aparte el tremendo esfuerzo para aumentar la capacidad de nuestras UCI hasta cuadriplicar su capacidad inicial. Las UCI extendidas, que tanto hemos mencionado en estas semanas, son una extensión de los servicios habituales de cuidados intensivos que todos conocemos, pero se han ido ocupando otros espacios que inicialmente estaban destinados a otras funciones, para poder aumentar el número de plazas totales para atender pacientes graves y críticos. Tal ha sido el esfuerzo que de 166 camas iniciales en unidades de cuidados intensivos se ha pasado a 536 camas en el conjunto de la Comunidad, un 322% más, para lo que se han usado espacios de REA, URPA, quirófanos,…, y cuya ocupación máxima ha llegado a 398 pacientes en el momento de mayor presión.
Emergencias Sanitarias también ha vivido una adaptación efectiva, reinventándose para aumentar su capacidad de atención ciudadana. Además de traslado y manejo de pacientes que padecían emergencias no relacionadas con el COVID que han seguido dándose, ha gestionado acertadamente la toma de muestras y el transporte separado de los pacientes con COVID o sospecha de éste. También ha sido responsable de la puesta en marcha y gestión del teléfono 900 222 000, un sistema que ha servido para pulsar la realidad en cuanto al aumento de demanda asistencial; o facilitar el traslado intrahospitalario necesario al funcionar la red asistencial especializada de la Comunidad bajo el concepto de “hospital en red”.
El anteriormente mencionado teléfono ciudadano de atención al coronavirus, el 900 222 000 ha sido una de las muestras de la estructura informativa y de apoyo que la Junta ha puesto en marcha para atender las demandas de ciudadanos y profesionales en relación con la pandemia por el nuevo coronavirus. Así, hasta el pasado viernes 24 de abril el 900 222 000 había superado las 48.000 llamadas, con picos de 3.000 llamadas a la hora al principio de abril.
También Sacyl ha dispuesto de un auto test de evaluación sobre la posibilidad de padecer infección por SARS-CoV-2 a través de la web de Salud Castilla y León, con más de 365.000 interacciones.
Con el fin de mejorar la situación de los pacientes, los hospitales de la Comunidad han avanzado en la puesta en marcha de sus planes de humanización que, en relación con esta situación, han posibilitado el acompañamiento de pacientes en situación terminal por alguno de sus familiares; mejorar la orientación personal de los ingresados mediante la disponibilidad de objetos que les fueran familiares; TV en abierto; ejercicio físico pasivo a través de fisioterapia; entretenimiento para pacientes en aislamiento; apoyo psicológico y anímico; y solidaridad ciudadana.
También los profesionales reciben ayuda a través de un programa de apoyo psicológico para la intervención en la pandemia por nuevo coronavirus en Castilla y León, al que ya han acudido más de 500 trabajadores y se ha puesto a disposición de la población general un teléfono gratuito de atención psicológica, el 900 40 50 30, para primeras intervenciones y posibles derivaciones por la situación pandémica.
Todo esto unido a la gran cantidad de creación de materiales informativos, documentos de todo tipo, protocolos, infografías, vídeos, etc., creados y puestos a disposición de los castellanos y leoneses a través de la web de la Consejería de Sanidad y de las redes sociales tanto de la propia Junta de Castilla y León como de la Administración sanitaria autonómica. Materiales que han contado con la colaboración y el consenso de organizaciones profesionales, sociedades científicas, entidades de diversos ámbitos y profesionales de la Salud, todos ellos aportando para el bien común.
La Gerencia Regional de Salud, utilizando las distintas vías legales, ha realizado 4.221 contrataciones de profesionales sanitarios, habiéndose contratado eventualmente a 191 médicos, 1.172 enfermeras, 966 T.C.A.E., 297 celadores, 78 técnicos y 91 trabajadores de otro tipo; asimismo se han producido 417 prórrogas de médico adjunto o enfermero de último año (MIR, EIR)
La adquisición de equipamiento para la protección efectiva de los profesionales sanitarios ha sido prioritaria para la Junta de Castilla y León, en un situación internacional de una enrome presión y de ruptura de los mercados y empresas habitualmente abastecedores.
A fecha de hoy la inversión para este fin asciende 33,7 millones de euros en la compra y transporte de estos equipos de protección individual, lo que ha permitido repartir 31,35 millones de unidades de equipos de protección, tanto al ámbito sanitario como al socio sanitario e, incluso, a farmacias e industria esencial durante las semanas de mayor confinamiento. En total se han repartido 13.853.220 mascarillas quirúrgicas, 2.601.287 FFP2, 477.408 FFP3, 11.380.355 guantes, 767.299 batas, 360.511 monos, 273.983 gafas, 341.434 pantallas de protección facial, 459.570 calzas o 75.965 botes de gel hidroalcohólico, entre otros.
La previsión presupuestaria hasta diciembre de 2020 para la adquisición de estos materiales de protección individual que asciende a 56,3 millones de euros con lo que el gasto total en EPI para este año se elevaría a 90 millones de euros.
La dotación de recursos, equipamiento clínico y material sanitario necesario, a pesar de las grandes dificultades que ha presentado el mercado internacional, también ha sido prioritario y así se han realizado, entre otras, las compras de equipamiento clínico con una inversión superior a los 4,5 millones de euros, distribuido entre los distintos hospitales de nuestra comunidad, en función de las necesidades manifestadas por cada uno de ellos. En total hemos comprado el siguiente material médico: 100 equipos respiradores; 30 mesas de anestesia; quince equipos portátiles de radiodiagnóstico; 36 ecógrafos portátiles; un TAC; 200 pulsioxímetros y 100 aspiradores; 250 electrocardiógrafos móviles, adquiridos a través de Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León, con fondos recibidos de donaciones;
A ello hay que añadir 78 respiradores de transporte y 24 respiradores invasivos proporcionados por INGESA.
Otra necesidad que en estas semanas ha cobrado una cada vez mayor relevancia han sido los test de diagnóstico. Por ello, la Consejería de Sanidad ha aumentado progresivamente su capacidad para realizar estas pruebas, dada su importancia epidemiológica y asistencial. De esta manera, todos los centros hospitalarios de Sacyl disponen ahora de la capacidad para realizarlos y también se ha incorporado a esta red las universidades públicas de Castilla y León y el Laboratorio Regional de Sanidad Animal.
Desde que el 17 de marzo se volviese a autorizar a las comunidades autónomas para adquirir el material sanitario necesario, la Junta ha invertido cerca de 3,4 millones de euros en la compra de test de diagnóstico. En total, se han comprado 453.582 unidades de test de diagnóstico, de los cuales 45.432 son de tipo PCR y 408.150 son de detección de anticuerpos IgG/IgM. Por su parte, el Ministerio de Sanidad ha realizado un envío de 124.000 test de anticuerpos totales que también están siendo utilizados en estos días y justifican en buena parte el aumento de casos detectados en la última semana.
Estas compras, unidas al aumento de capacidad para realizar pruebas de detección molecular han permitido realizar más de 120.000 pruebas, de las cuales más de 71.000 han sido PCR y casi 50.000, test rápidos, permitiéndonos evaluar a 11.228 profesionales sanitarios, al 71% de residencias de nuestra comunidad y al 69% de sus residentes hasta el momento.
Aún sin fecha aún cerrada pero inicialmente esta semana, Castilla y León participará, junto con las demás comunidades autónomas, en el estudio nacional sobre seroprevalecia de la COVID-19 en España, dependiente del Ministerio de Sanidad y que tiene como finalidad establecer una fotografía de la situación inmunológica del conjunto nacional. cerrar los detalles del mismo. Para ellos se encuestara epidemiológicamente y mediante test a más de 60.000 personas, de las que 10.140 lo serán en la Comunidad, distribuidas de la siguiente forma: Ávila, 1.020; Burgos, 1.200; León, 1.320; Palencia, 1.020; Salamanca, 1.200; Segovia, 1.020; Soria, 960; Valladolid, 1.380; y Zamora, 1.020.
El muestreo es aleatorio, usándose como referente unidades familiares y en el diseño de la encuesta, la recogida de muestras recae en la Atención Primaria, un elemento que lo complica en la Comunidad castellana y leonesa, ya que, a la carga asistencial ahora elevada, hay que añadir el tamaño y la dispersión geográfica en Castilla y León.
La toma de decisiones basada en datos y en la evidencia científica disponible es premisa para el sistema de salud de Castilla y León, no sólo en la actual contingencia sino por definición. Esa información permite anticiparnos a problemas futuros y así, por ejemplo, ha permitido monitorizar el inicio de la pandemia y la necesidad sentida de atención sanitaria con las llamadas diarias al número 900; valorar la cantidad de casos que declaraban nuestros médicos de familia en Atención Primaria como enfermedad de declaración obligatoria, pudiendo ver así cuánta gente fuera del circuito hospitalario y con síntomas leves, podíamos tener aislada en sus domicilios; comprobar la presión asistencial de los servicios de urgencia, de diferentes servicios y, especialmente, monitorizar la ocupación de las unidades de cuidados intensivos desde su inicio, hasta su capacidad extendida.
Esto ha servido a la reorganización asistencial para poder dar una cobertura adecuada a las necesidades que se han ido planteando en una Comunidad que ha sido una única área sanitaria durante todas estas semanas.
Durante esta pandemia era preciso tener una herramienta que cumpliera varias funciones en una: poder ordenar la información para la toma de decisiones y evaluación de la situación en diferentes áreas; y garantizar la información de la forma más directa a la ciudadanía y la sociedad, cumpliendo así con el principio de transparencia.
La Junta de Castilla y León, a través de su Portal de Datos Abiertos, ofrece la información actualizada diariamente en formato reutilizable, de manera que son accesibles una amplísima información estadística asistencial y epidemiológica que ha sido valorada muy positivamente. Por su parte, la web de Salud Castilla y León también se ha habilitado para la difusión de información de interés ciudadano y servicio público en relación con la COVID-19 y el Gobierno autonómico asimismo facilita información relativa a otras áreas administrativas como Familia, Economía o Empleo en el Portal de Comunicación de la Junta de Castilla y León
La accesibilidad informativa ha tenido manifestación en las numerosas ruedas de prensa ofrecidas diariamente, unas cuarenta ruedas de prensa, con el fin de trasladar a la ciudadanía, a través de una opinión pública informada y responsable, datos actualizados y decisiones, respondiendo a más de un millar de preguntas planteadas por periodistas.
En el marco del funcionamiento excepcional de la Administración castellana y leonesa por la pandemia de la COVID-19, la Consejería de Sanidad forma parte de órganos decisorios novedosos, como el Comité de Gobierno de crisis, Comité Interdepartamental, o el recientemente creado Grupo de Trabajo Autonómico para la Desescalada.
Por su parte, la Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de Salud han modificado sus funciones y dinámicas de trabajo, de acuerdo a las necesidades que han ido surgiendo, aumentando sus responsabilidades previas pero también adquiriendo nuevas funciones cuando ha sido preciso y se han creado estructuras nuevas.
Los diferentes órganos directivos han mantenido funciones, adaptado mecanismos de trabajo y procedimientos y asumido nuevas competencias y labores tal y como han sido necesarios o se han planificado en esta situación de crisis sanitaria.
Asimismo se mantiene la coordinación continua tanto con la red periférica de Sacyl, en sus distintos ámbitos de actuación, como con los servicios territoriales de Sanidad de la Junta, en las nueve provincias castellanas y leonesas.
La Consejería de Sanidad, como representante de la Comunidad de Castilla y León en el Sistema Nacional de Salud, participa de forma diaria en los distintos órganos decisorios del Consejo Interterritorial, ya sea a su nivel más alto como a través de las Ponencias de Alertas y Emergencias Sanitarias y de Vigilancia Epidemiológica, labor a la que se ha sumado el llamado Comité de Expertos para la Desescalada.
Pero, con el fin de disponer de expertos y sus aportaciones respecto a aspectos concretos en la atención a la infección por SARS-CoV-2, la sanidad castellana y leonesa ha habilitado diferentes órganos asesores especializados: el Comité de Expertos para el Asesoramiento Frente al Coronavirus en Castilla y León; y el Comité de Expertos Clínicos; el Comité Técnico de Prevención de Riesgos. Asimismo se han designado a dos coordinadores autonómicos en los campos Microbiología y de Unidades de Críticos.
La consejera de Sanidad ha finalizado su exposición haciendo varias reflexiones sobre las medidas y retos a los que enfrentarse una vez superada la actual situación pandémica por la COVID-19. Estas líneas de futuro se expresan en el debate sobre la necesidad de disponer de centros hibernados para la atención sanitaria en caso de rebrote; la persistencia en la investigación clínica y epidemiológica; el desarrollo de fármacos y vacunas; la creación de almacenes de EPI y otros equipamiento médico con capacidad para afrontar rebrotes; y la potenciación de la Atención Primaria como eje primordial para actuación y detección rápida.
Estos meses iniciales de 2020 han visto cómo los profesionales y sistemas sanitarios han sido capaces de implantar modelos de actuación y atención que, unas semanas antes de esta epidemia podían considerarse como poco probables: la telemedicina y las consultas telefónicas han pasado a ser lo normal; se han mejorado los sistemas de información de manera significativa; y las sesiones clínicas y colaboración entre centros vía telemática se han puesto a la orden del día.