Piden a la Junta que implante el teletrabajo permanente en el 10% de sus puestos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) pide a la Junta de Castilla y León que aproveche el próximo Plan de Desescalada, que devolverá la normalidad social y económica tras la emergencia del coronavirus, para reforzar la implantación del teletrabajo de forma permanente en la administración autonómica, concretamente en el 10% de los puestos. Entretanto, considera que la Junta debe aprovechar esta herramienta para que la desescalada y la incorporación al trabajo presencial se haga en las mejores condiciones posibles, sin riesgo de contagios. Por ello, propone que la actual situación de teletrabajo de los empleados públicos se mantenga un año, condicionada lógicamente a las necesidades de los servicios.

Es lo que solicita el sindicato a la Consejería de Presidencia y a la Dirección General de Función Pública en dos escritos remitidos ayer lunes 27, en los que propone “una apuesta fuerte por la modalidad de teletrabajo”, y que “deje de poner trabas a los trabajadores para realizarlo, con excusas que se han demostrado falsas”. El sindicato independiente estima que un 10% de los puestos se adaptan perfectamente al teletrabajo, “que se está demostrando útil y eficaz con la situación de pandemia del coronavirus”. Una modalidad que está plenamente implantada en Europa y que, lamentablemente, “aquí se identifica con no trabajar, cuando en realidad se ejerce más control sobre el cumplimiento de objetivos”.

Ya en la auditoría e informe que realizó la Inspección General de Servicios de la Junta de Castilla y León en 2016 sobre el teletrabajo, y que dio lugar a la actual normativa vigente del Decreto 16/2018, de 7 de junio, se reflejaba que el 70% de los responsables jerárquicos de los trabajadores valoraban ese sistema de trabajo favorablemente, un 16% no tenía un posicionamiento ni positivo ni negativo, y el 14% restante estimaba que no era adecuado para las exigencias del trabajo

Así, solo 276 empleados de la Junta accedieron pudieron trabajar en la modalidad de teletrabajo, un porcentaje muy inferior al 1% del personal total, “lo que demuestra que no se dieron facilidades”, según CSIF.

Las razones que motivan la petición del teletrabajo son, entre otras, la conciliación de la vida familiar y personal con la laboral, de salud, por discapacidad, por el tiempo y distancia de desplazamiento del domicilio al lugar de trabajo. “A lo que hay que sumar, ahora, otra razón de mucho peso, la situación de pandemia por el coronavirus”, han explicado en el sindicato, donde hacen énfasis en que no todos los puestos son susceptibles de teletrabajo, y que este no significa que el empleado teletrabaje desde casa todos los días de la semana, sino que lo hace de uno a tres días, según la legislación actual.

Dado que las administraciones han enviado al teletrabajo a la mayoría de sus empleados, obligadas por las circunstancias sanitarias del COVID-19, CSIF anima a que se aproveche esta circunstancia “para evaluar el trabajo que se está realizando por los empleados públicos, y así dar un impulso real al teletrabajo. Se da la circunstancia de que hay trabajadores a los que se les denegó la solicitud de teletrabajo, en su momento, y ahora están cumpliendo con sobresaliente sus obligaciones laborales”.

De este modo, propone a Función Pública que mantenga un año la actual situación de teletrabajo, como permite el Decreto 16/2018, de 7 de junio, por el que se regula la modalidad de prestación de servicios en régimen de teletrabajo en la Administración de Castilla y León.

CSIF plantea esta medida preventiva como una más para tener en cuenta, en la aplicación progresiva del Plan de Desescalada que establezca la Junta. “No se entendería una vuelta multitudinaria a los centros de trabajo de la administración autonómica, con plantillas de un millar de empleados, y distribuidos en estancias que no reúnen las mínimas condiciones de distancia social. La utilización del teletrabajo evitará el riesgo de contagios, en la reincorporación progresiva del trabajo presencial de los empleados públicos”, concluye.

Fases de desescalada

En el sindicato abogan por cinco fases para la reincorporación de los empleados públicos y la normalización de la actividad administrativa de la Junta. Un primer paso debe ser la incorporación presencial de los altos cargos, máximos responsables del personal y de la gestión. El segundo es la elaboración de planes de reincorporación presencial de empleados, con especial atención en las unidades de impulso a la actividad económica.

El tercer paso de la desescalada es la potenciación y sistematización del teletrabajo, ampliando su utilización a un mayor número de empleados. El cuarto es el impulso de la administración electrónica, avanzando en las herramientas de relación con el ciudadano y en las propias relaciones interadministrativas; y el quinto la Implantación de la cita previa en los registros y puestos de atención directa al ciudadano.

Además, considera otras cuestiones, como que hay que recuperar y rejuvenecer la plantilla de empleados públicos con la convocatoria de todos los procesos selectivos pendientes de convocatoria derivados de la oferta de empleo público de 2017 y 2018, y convocar la de 2019 para el próximo año, sin olvidar que también que habrá que publicar la oferta de 2020.

El sindicato se ha mostrado favorable a la redacción de un plan director que mejore y renueve un modelo de prestación de servicios socio sanitarios para los mayores -residencias- que pongan en valor a las personas y no la reducción de los costes. Por ello, hay que aumentar las ratios de número de trabajadores por residentes, teniendo en cuenta la tipología de residentes actuales que existen en las residencias que son dependientes o grandes dependientes.