Agentes medioambientales y celadores de Soria continúan con sus tareas de vigilancia durante el estado de alarma

Los agentes medioambientales y celadores de la Junta de Castilla y León en Soria han seguido realizando sus funciones de vigilancia e inspección tras la declaración por el Gobierno de España del estado de alarma, el pasado 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Durante este periodo, y en el marco de la situación de emergencia de salud pública producido por el coronavirus COVID-19, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través de sus planes de contingencia, ha ido adaptando las condiciones de trabajo a la normativa (equipos de protección, utilización de vehículos, etc.), dando prioridad a la vigilancia genérica y a las labores facultativas que puedan realizarse de manera individual, siempre desde el compromiso en defensa de nuestro medio ambiente.

Desde la declaración del estado de alarma, los agentes medioambientales, forestales y celadores del Servicio Territorial de Medio Ambiente han cursado 44 denuncias relacionadas con las siguientes materias: montes y aprovechamientos forestales (21), seguridad ciudadana (3), caza (4), residuos y vertidos (5), incendios (3), patrimonio natural y biodiversidad (1) y otras sobre asuntos como aguas, vías pecuarias, etc. (6).

Hay que tener en cuenta que desde la declaración del estado de alarma, y mientras este se mantenga, todos los plazos para cualquier procedimiento administrativo están suspendidos, incluido el de incoación, así como el de prescripción de las eventuales infracciones.

Entre las denuncias interpuestas se encuentran algunas por recolección micológica ilegal, por quemas no autorizadas o incumplir los condicionantes de las autorizaciones, por roturaciones, laboreos o trabajos ambientales y cortas no autorizadas, tenencia de ejemplares silvestres no autorizadas o desobediencia.

También se han realizado tareas de vigilancia especiales contra el furtivismo, en algunos casos en colaboración con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, como la llevada a cabo en el pasado mes de abril en la Reserva Regional de Caza de Urbión, en la comarca de Tierras Altas, en la que se interceptó a un vehículo. Además de saltarse el confinamiento, los servicios jurídicos estudiarán si procede la incoación de otros procedimientos sancionadores.