Mañueco anuncia la creación de un Fondo Económico para Ayuntamientos y Diputaciones

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha presidido hoy la reunión de la Conferencia de Titulares de Alcaldías y Presidencias de Diputación de la Comunidad, durante la cual ha agradecido el esfuerzo de las entidades locales, de ayuntamientos, diputaciones, Consejo Comarcal del Bierzo y de la FRMP en la lucha contra la Covid-19, así como la colaboración constante con la Administración autonómica.

Tras recordar que la Junta de Castilla y León ha apostado por el camino de la prudencia y la sensatez para iniciar la desescalada, ya que sólo desde la seguridad sanitaria se podrá reactivar la economía, el presidente del Ejecutivo autonómico ha explicado que se están dando pasos con los distintos partidos políticos para lograr un Pacto por la Recuperación que girará en torno a cinco ejes fijados con el grupo parlamentario socialista. Este mismo viernes se celebrará una reunión con los responsables de todas las formaciones políticas con representación en el Parlamento para avanzar en la negociación de este pacto, ha explicado el presidente, quien ha también ha solicitado la implicación y compromiso a las entidades locales a través de las aportaciones que consideren oportuno realizar.

Fernández Mañueco también ha subrayado que desde la Junta de Castilla y León se está apoyando las demandas de las entidades locales ante el Gobierno de España, a través de los distintos órganos de coordinación, así como sus necesidades financieras. En este punto, el presidente ha anunciado que la Junta está trabajando en la creación de un Fondo Económico para Ayuntamientos y Diputaciones, así como en el establecimiento de nuevos sistemas de coordinación y colaboración, con el objetivo de poder hacer frente a las dificultades sociales provocadas por la pandemia, dando soluciones a las emergencias sociales y a las necesidades económicas y de alimentación de las familias.

Balance de medidas económicas

En lo que va de 2020, la Junta de Castilla y León ha ingresado, concedido o convocado a todas las entidades locales de la Comunidad más de 86 millones de euros. El Ejecutivo autonómico ha apostado por garantizar la liquidez a las entidades locales y por garantizar las transferencias previstas para 2020, a través de la Consejería de Presidencia, con fondos incondicionados por más de 50 millones de euros para Ayuntamientos y Diputaciones. Esto sitúa a las entidades locales de la región entre las que más reciben de este tipo de fondos incondicionados autonómicos de toda España.

Además, también habrá anticipos, del 50%, en los 11 millones que recibirán las provincias y los municipios de más de 20.000 habitantes, para fomentar la contratación de personal por parte de las entidades locales.

Asimismo, se continuará con el calendario de pagos del Acuerdo Marco de Servicios Sociales, que se ha mejorado este año. Así, en marzo se ha pagado el primer anticipo del 26% (29,2 millones de euros), y el objetivo es pagar en mayo otro 25% de anticipo, y en julio, en cuanto se compruebe que la justificación es correcta, la liquidación del anterior acuerdo marco, cuya justificación se ha presentado en febrero.

Por último, también se ha impulsado una financiación adicional extraordinaria para servicios sociales de 10,8 millones de euros, y se adelantará el 100% de esta financiación adicional en las próximas semanas, a medida que las entidades locales vayan firmado la adenda del Acuerdo Marco.

En el orden del día de la reunión también se han abordado varios puntos para incrementar la cooperación, entre ellos el Reglamento de organización y funcionamiento interno de la Conferencia y la creación de los grupos de trabajo de Desarrollo Rural y de la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible.

En la Conferencia de Alcaldes y Presidentes de Diputación también se ha suscrito el acuerdo para la búsqueda conjunta de soluciones al problema de la cobertura de los puestos reservados a los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. Esta situación, que deriva de la escasez de ofertas de empleo público procedente de la Administración del Estado, supone un problema en la gestión y funcionamiento ordinario de la administración local con especial incidencia en el medio rural.