La concejala popular Mónica Machín destaca que el Ayuntamiento puede llevar a cabo un esfuerzo mucho mayor económicamente para intentar paliar las graves consecuencias de la epidemia entre la población.
El Partido Popular de Almazán votará a favor de la modificación de crédito que irá al pleno de esta tarde de jueves, aunque su única concejala, Mónica Machín, ha declarado que el importe previsto de 150.000 euros es "muy escaso", teniendo en cuenta el volumen de presupuesto anual del Ayuntamiento, la cantidad de partidas que no se van a poder ejecutar y sobre todo las necesidades de la población adnamantina que "deben cubrirse a la mayor rapidez posible para evitar situaciones dramáticas".
"La cuantía que el equipo de gobierno socialista lleva a pleno es de solo 150.000 euros y que corresponde con bajas en la aplicación de gasto de feria de caza, de la feria de muestras, así como de actividades culturales, fiestas populares y festejos, aunque se podría haber hecho un esfuerzo mucho mayor y duplicar esta partida económica restringiendo gastos innecesarios", ha denunciado Machín.
Aún así el Partido Popular de Almazán votará a favor porque está de acuerdo con la finalidad de esta modificación en el destino de estos fondos, aunque insisten en que "a todas luces son insuficientes pero que van a ir a la aplicación de familias e instituciones sin ánimo de lucro, para la asistencia social primaria, por un importe de 152.500 euros".
Machín ha recordado que ya dejó claro en la comisión correspondiente que a pesar de su voto favorable “la partida nos parece escasa, que sería importante y así lo creemos que se hubiera modificado de una vez por todas con un importe más acorde a las necesidades actuales, no sólo dando una cobertura a corto plazo, si no realizar una dotación presupuestaria mayor ya que no sabemos la incidencia que va a tener su largo plazo. Que votamos a favor porque el fin es lo que todos buscamos paliar o reducir el impacto de los daños económicos”.
En el PP adnamantino han avanzado que harán un seguimiento a todas las líneas que se aprueben para comprobar que el dinero "llegue directamente a las personas que lo necesitan, a los autónomos, a los empresarios, y que se asienten unas bases" a tal fin, y de este modo asegurar que las cuantías son distribuidas "a todos, sin distinción".
Derogación tasas
Con respecto a la derogación de la ordenanza de tasas por ocupación de terrenos de uso público propuesto por los gobernantes socialistas en el municipio, Machín mantiene la abstención que ya manifestó en comisión, al considerar “que seguimos pensando que la derogación no es la solución, que somos partidarios de la exención, por un período de tiempo, mientras dure esta situación y desde luego cumpliendo la normativa que incluye la perceptiva autorización municipal”.
Con la derogación, según ha indicado la concejala, las terrazas y veladores carecerán de normativa, con lo que "pueden darse situaciones comprometidas". Por ello exigirá en el pleno que sea modificado este punto, ya que la asamblea plenaria es el órgano competente de la exención durante un período de tiempo, "sin tocar la ordenanza".
No utilizar los "poderes excepcionales" del estado de alarma
El Partido Popular de Almazán ha mostrado su confianza en que salga adelante con el respaldo de todos los grupos la moción presentada para instar al gobierno de España "a no utilizar los poderes excepcionales que le confiere el estado de alarma, ni otros subterfugios legales, para apropiarse de los ahorros de las entidades locales vulnerando preceptos constitucionales y leyes en vigor".
Una moción que se basa en que el artículo 29 de la Ley del Gobierno está sujeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico en toda su actuación. "La moción exige respetar y garantizar la autonomía que la Constitución Española y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos, para la gestión del dinero público que es de todos y cada uno de los españoles, no de un gobierno en concreto", ha explicado Machín. A la vez, ha abundado que la legislación contempla "flexibilizar las reglas para que las entidades locales puedan utilizar sus superávits para implementar aquellos servicios y medidas que permitan actuar contra la pandemia, siempre en coordinación con las Comunidades Autónomas y el Estado".