CyL accederá a a 231 M€ para endeudamiento por la crisis del Covid-19

El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha acordado acceder a 231 millones de euros para hacer frente a operaciones de endeudamiento a largo plazo que la Consejería de Economía y Hacienda podrá formalizar durante el año 2020. Esta cuantía determina que el nuevo límite de las operaciones de este tipo queda fijado en 1.381.981.238 euros.

Fondo de Facilidad Financiera

El Consejo de Gobierno ha acordado, asimismo, adherirse al Fondo de Facilidad Financiera por valor de estos 231 millones de euros para financiar el incremento del endeudamiento, que se suman a los 515,84 millones ya firmados con Administración General del Estado para cubrir las necesidades de endeudamiento, que incluye amortizaciones y anualidad de liquidaciones negativas.

Las condiciones financieras de esta adenda son idénticas a las inicialmente suscritas: operación a un plazo de 12 años (cuatro años de carencia y 8 de amortización), si bien 163 millones de euros devengarán un tipo de interés del 0% y 68 millones al tipo establecido para las disposiciones del segundo trimestre.

El Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales establece que pueden adherirse al compartimento Facilidad Financiera del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, las Comunidades Autónomas que cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, respeto a las reglas fiscales y cumplimiento de los límites del periodo medio de pago a proveedores.

Endeudamiento 3 puntos inferior a la media en 2019

Castilla y León ha reducido su nivel de endeudamiento al cierre de 2019 hasta el 20,8 % sobre el PIB, medio punto porcentual menos que en 2018 y casi 3 puntos inferior a la media autonómica. Este dato mantiene a la Comunidad como la octava autonomía más saneada del país, según los datos publicados por el Banco de España el pasado 31 de marzo.

La aportación de Castilla y León al endeudamiento global de las autonomías españolas es limitada, de acuerdo con los datos facilitados por el organismo regulador. En concreto, al término de 2019 se cifraba en el 4,2 % del total de las comunidades autónomas.