Miguel Latorre pide a la ciudadanía que siga manteniendo el “comportamiento ejemplar” para que no haya retrocesos. Habrá controles para evitar incumplimientos.
En la Subdelegación del Gobierno y en el Ayuntamiento de Soria preocupa que pueda haber desplazamientos masivos a Valonsadero en fechas que otros años hubieran sido festivas (Desencajonamiento, Lavalenguas, La Compra…). El subdelegado del Gobierno recuerda que sigue habiendo restricciones a la movilidad puesto que “la provincia está en fase 1, en el segundo escalón de la desescalada, y la ciudadanía tiene que seguir comportándose con prudencia y civismo. Tiene que cumplir las normas”.
“No podemos permitir que haya ningún rebrote, ningún retroceso. Tenemos que seguir avanzando con firmeza hacia la nueva normalidad que marca el Plan de Transición del Gobierno”, ha dicho.
El próximo sábado, 30 de mayo, se hubiera celebrado el tradicional “Desencajonamiento” que en cualquier año normal reúne en Valonsadero a miles de personas. Miguel Latorre ha señalado que “el hecho de encontrarnos en la fase 1 no quiere decir que puedan celebrarse encuentros masivos en el monte”.
De hecho, en una reunión de coordinación celebrada ayer entre representantes municipales de la capital y la Subdelegación en presencia de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local se decidió establecer controles preventivos el sábado para evitar desplazamientos al monte Valonsadero no contemplados en la normativa actualmente vigente contra la pandemia y que limita la libre circulación de personas.
Latorre ha destacado que “durante esta crisis sanitaria el comportamiento de la sociedad soriana ha sido ejemplar, con las excepciones que hay en todas partes. Por eso hay que hacer un llamamiento para que siga imperando el buen sentido y se eviten desplazamientos masivos”.
“Las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen la misión de velar por el cumplimiento de las normas”, ha concluido el subdelegado. “En el momento en el que nos encontramos sabemos que hay que realizar, y así se hace, mucha labor pedagógica, asesorar, informar… pero, en algunos casos, es inevitable denunciar. Hay que evitar a toda costa un rebrote. Sería terrible principalmente en el plano sanitario, pero también en el económico”.
La Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana contempla que este tipo de infracciones podrían llevar aparejada una multa de a partir de 601 euros.