El estado de alarma también reduce la contaminación por ozono en CyL

Ecologistas en Acción ha analizado los datos oficiales de ozono recogidos en las 36 estaciones que miden este contaminante en Castilla y León, durante los meses de abril y mayo de 2020 y de los siete años anteriores (2013-2019), tomando como referencia la concentración octohoraria máxima de ozono en cada día, cuyo valor objetivo legal para la protección de la salud es de 120 microgramos por metro cúbico (ug/m3), límite que la Organización Mundial de la Salud (OMS) propone rebajar a 100 ug/m3.

El resultado es que el número de superaciones de la recomendación de la OMS ha caído en el periodo citado un 66%, de 488 en el promedio de 2013-2019 a 168 superaciones en 2020, la cantidad más baja en todos los años considerados (en 2016, el siguiente año con menos superaciones, se produjeron 240). Si se considera el límite legal, la caída de la contaminación sería del 93%, desde las 44 superaciones de promedio en 2013-2019 a sólo 3 superaciones en 2020, todas a finales del mes de mayo.

La mejora de la calidad del aire ha sido general, tanto en las ciudades como en las zonas rurales, al igual que han sido generales las medidas de limitación de la circulación y la actividad industrial adoptadas. Las precipitaciones y la inestabilidad atmosférica predominantes durante la primavera también han contribuido de manera importante a reducir los niveles de ozono, de forma que las puntas de este contaminante han coincidido en general con los periodos de mayor insolación y estabilidad.

Si se considera la media de las concentraciones máximas octohorarias de cada día, la reducción de los niveles de ozono durante los meses de abril y mayo de 2020 habría sido de tan sólo un 10%, como media en las 36 estaciones de Castilla y León, oscilando entre el 14% en abril y el 6% en mayo, con mayores tráfico y actividad industrial en este último mes por la desescalada del estado de alarma. No obstante, la rebaja ha sido suficiente para el desplome citado de las puntas diarias de contaminación.

Esta caída de la contaminación por ozono se suma a la ya observada para el dióxido de nitrógeno en ciudades como Burgos y Valladolid durante los dos primeros meses del estado de alarma, reducción analizada por Ecologistas en Acción en un informe publicado el mes pasado. Dada la estrecha relación entre ambos contaminantes, al ser el dióxido de nitrógeno el principal precursor del ozono, se deduce que la drástica reducción del primero ha influido de forma decisiva en la caída del segundo.

En definitiva, la dramática situación creada por la COVID-19 viene a corroborar algo en lo que viene insistiendo Ecologistas en Acción y la comunidad científica: que la reducción del tráfico motorizado y de la producción de electricidad en centrales térmicas, entre otras fuentes, tiene claros efectos en la disminución de la contaminación atmosférica, también la ocasionada por el ozono, contra lo declarado en fechas recientes por el Consejero de Fomento y Medio Ambiente en las Cortes de Castilla y León.

Hay que recordar que por sentencia de 19 de octubre de 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declaró la obligación de la Administración Autonómica de elaborar y aprobar "a la mayor brevedad" los preceptivos Planes de Mejora de la Calidad del Aire para las zonas Salamanca, Duero Norte, Duero Sur, Montaña Sur, Valle del Tiétar y Alberche y Sur y Este de Castilla y León, por superar los valores objetivo para la protección de la salud y/o para la protección de la vegetación, establecidos por la normativa europea y española de calidad del aire, para el contaminante ozono.

El próximo martes 16 de junio el Tribunal Supremo se va a pronunciar sobre el recurso interpuesto por la Junta de Castilla y León para retrasar la adopción de estos planes para rebajar el ozono en las zonas citadas y también en la aglomeración de Valladolid, que superó el límite legal para la protección de la salud en el periodo 2015-2017. Una vez que el Tribunal Supremo ha confirmado la validez del Plan Nacional elaborado por el Gobierno central, la Junta no tiene excusa para seguir omitiendo los suyos.

En este contexto, la Estrategia para la Mejora de la Calidad del Aire que aprobará hoy el Consejo de Gobierno es un documento vacío de contenido, que intenta aparentar ante la población y ante los tribunales que la Junta está haciendo algo frente al grave problema sanitario y ambiental de la contaminación atmosférica, cuando lo cierto es que el Gobierno regional lo tiene abandonado desde que hace dos décadas aprobará su anterior Estrategia, expirada sin evaluación alguna en 2010.

Así, la Junta de Castilla y León ha elaborado una Estrategia vacua para intentar "cubrir el expediente", sin un diagnóstico de las causas del problema y con un catálogo de medidas genéricas sin concretar, programar ni presupuestar, que sirven igual para Castilla y León, Andalucía o Cataluña. Es decir, una mera declaración de intenciones sin el contenido mínimo establecido por la legislación para los planes de mejora de calidad del aire, que tras aprobarse será guardada en un cajón al igual que su antecesora.

De hecho, el propio Consejo Económico y Social ha puesto de manifiesto en su informe previo del pasado 5 de febrero que la Estrategia para la Mejora de la Calidad del Aire sólo "constituye un marco general para los futuros planes de calidad del aire", por lo que "la promulgación de esta Estrategia no sustituye el plan o planes de calidad del aire que la Comunidad deba aprobar".

Aún así, con ánimo constructivo Ecologistas en Acción presentó hace más de un año una veintena de sugerencias a la Estrategia de la Junta, proponiendo objetivos concretos y cuantificables como el cumplimiento de los límites legales de contaminación en 2020 y de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en 2029, y la reducción para ese año a la mitad del consumo de combustibles fósiles. Hasta la fecha la organización ambiental no ha recibido ninguna respuesta.

Por todo ello, Ecologistas en Acción considera que los dos años de elaboración de esta "Estrategia del despiste" sólo han servido para perder tiempo y dinero público, demorando aún más la respuesta a un problema grave y urgente de salud pública que el Instituto de Salud Carlos III ha estimado causa en Castilla y León cerca de mil muertes cada año, un centenar de ellas ocasionadas por el ozono. Muertes de las que el Consejero de Fomento y Medio Ambiente es responsable indirecto por su negligencia.