Histórico Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León

Este miércoles, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, junto al vicepresidente, Francisco Igea, han suscrito un histórico Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en la comunidad con los portavoces parlamentarios del PSOE, Luis Tudanca, del PP, Raúl de la Hoz, de Ciudadanos, David Castaño, de Podemos, Pablo Fernández, y de Por Ávila, Pedro José Pascual.

El acuerdo establece 86 medidas que se centran en cinco grandes ejes: sanidad de calidad y equidad, economía y empleo, protección social, servicios públicos y financiación de la Comunidad tanto a nivel nacional como en la Unión Europea. El objetivo es garantizar la estabilidad política, económica y social para impulsar el futuro de Castilla y León tras la crisis sanitaria provocada por la Covid-19.

Sanidad con criterios de calidad y equidad

En el ámbito sanitario, la Junta y los partidos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León han pactado por unanimidad una veintena de medidas para reforzar el sistema sanitario y garantizar la calidad en la atención. Entre las actuaciones acordadas destaca la creación de un fondo de 250 millones de euros para la recuperación de la sanidad, destinado a paliar los efectos de la pandemia.

Sus objetivos serán reforzar la Atención Primaria para hacer frente a la fase de desescalada, con la contratación de profesionales y suministros sanitarios; reforzar los dispositivos de Salud Pública; mejorar la estructura y la dotación de las Unidades de Cuidados Intensivos; reforzar la asistencia a las emergencias garantizando una dotación suficiente de Unidades Medicalizadas de Emergencias (UME) y de Soporte Vital Básico (SVB); establecer un sistema de compra y aprovisionamiento de equipos de protección que garantice las existencias durante los siguientes meses; potenciar la recuperación de la actividad ordinaria y la reducción de las demoras que se hayan podido producir por la pandemia; y reconocer el esfuerzo de los empleados de SACYL y de los servicios territoriales implicados en la lucha contra el coronavirus y su control mediante una gratificación.

El acuerdo establece también el compromiso de garantizar que Castilla y León figure con carácter estable entre las comunidades autónomas con mayor volumen de recursos autonómicos destinado a gasto sanitario, fijando como referencia la orientación hacia el 7 % de PIB, a la vez que aumentar progresivamente la participación de la atención primaria en el conjunto del gasto sanitario.

Los firmantes se comprometen también a avanzar, desde el diálogo con expertos y agentes implicados, en el nuevo modelo de Atención Primaria para adaptar y asegurar la asistencia sanitaria durante esta nueva etapa, ofreciendo el máximo nivel de calidad en la asistencia sanitaria y garantizando la seguridad de profesionales y pacientes en todo momento tanto en los centros de salud como en los consultorios médicos, que estarán abiertos con triaje telefónico previo.

Recuperación de la economía y el empleo

En cuanto al eje para la recuperación económica y el empleo, el acuerdo fija una veintena de medidas como acciones de choque para favorecer el empleo de las personas y colectivos más afectados por la crisis de la Covid-19, la mejora de la liquidez de autónomos y pymes, la definición de un fondo de recuperación para empresas en la comunidad, un nuevo Plan de Promoción Industrial o el refuerzo del sector agroalimentario mediante un conjunto de medidas adicionales para atender las nuevas situaciones en la cadena alimentaria derivadas de la crisis Covid-19, que superarán en conjunto los 25 millones en este ejercicio.

Prevé también la consolidación en Castilla y León de las iniciativas para fortalecer la actividad de empresas que han orientado su producción hacia el material sanitario y que lo van a poder hacer de forma continuada en el futuro inmediato; profundizar en la simplificación y agilización administrativa, así como en la reducción de plazos y eliminación de trámites e incidir en la necesidad de respuestas a los sectores hostelero, comercial, cultural y turístico, golpeados por la pandemia, así como avanzar, en colaboración con el resto de administraciones, en la extensión universal de la banda ancha y de la telefonía móvil para garantizar la plena conectividad del medio rural.

Los firmantes también han acordado formalizar la ejecución, en su totalidad y conforme a su destino, del presupuesto de gasto en políticas culturales, patrimonio cultural, deportes y promoción turística. Asimismo, se cumplirán con los compromisos adquiridos por convenios, contratos, subvenciones y otros de similar naturaleza, por parte de la Junta de Castilla y León y sus entes dependientes.

Protección social

En el ámbito de la protección social, el acuerdo establece la revisión del modelo de atención residencial, que incorporará el refuerzo de la estructura y el plan de inspecciones anual con la incorporación de las nuevas tecnologías. Del mismo modo, se elaborará una Ley de Atención Residencial, se incrementará en un 25 % las plazas residenciales de responsabilidad pública a lo largo de esta legislatura y se aumentarán en un tercio las plazas de convalecencia socio-sanitaria para garantizar la atención de las personas después de una intervención quirúrgica u otros tratamientos hospitalarios.

Han acordado también demandar al Gobierno de España desbloquear definitivamente el 50 % de los gastos derivados de la Ley de Dependencia y la gestión del Ingreso Mínimo Vital por parte de la Junta de Castilla y León, en los mismos términos, condiciones y con el mismo nivel competencial que el País Vasco y Navarra.

El acuerdo recoge también medidas para seguir luchando contra la violencia de género, como el impulso de un programa dirigido a garantizar la protección, seguridad y apoyo a las mujeres que, teniendo un nivel alto de riesgo, aún no hayan presentado denuncias; o la puesta en marcha de recursos extraordinarios para el incremento de los medios materiales y profesionales destinados a la lucha contra esta lacra social, como el funcionamiento extraordinario de los centros de emergencia y casas de acogida o la asistencia psicológica y jurídica.

Asimismo, han pactado mantener que las ayudas al alquiler lleguen a todas las personas y familias que las soliciten y cumplan y justifiquen los requisitos de las convocatorias, aprobar una reforma de la Ley del Derecho a la Vivienda y profundizar en la ampliación del parque público de alquiler social, permitiendo que haya acceso residencial suficiente para las personas que, por diversas razones económicas y sociales, entren en una situación de vulnerabilidad o riesgo de vulnerabilidad.

Funcionamiento de los Servicios Públicos

En este bloque las medidas del Pacto se encaminan a impulsar de forma general la opción del teletrabajo del personal público de la Junta de Castilla y León, así como la teletramitación documental y de los procedimientos administrativos a disposición de las personas y las empresas de Castilla y León.

Se elaborará un Plan General de Contingencia en el que se establezcan los protocolos en el ámbito de la Administración Pública, ante la probabilidad de un rebrote de COVID-19, basándose en la experiencia, la evaluación, los criterios sanitarios y las indicaciones de los servicios de prevención de riesgos laborales.

En materia educativa, las medidas tienen como objetivo garantizar la equidad educativa, ante la gravedad de la crisis COVID-19, abordando la brecha digital y potenciando programas de ayuda, en colaboración con el Gobierno de España, para que nadie se vea privado de la oportunidad de estudiar a causa de la crisis sanitaria. Así, se establecerán ayudas directas a familias en situación vulnerable, con hijos e hijas en edad escolar, para el acceso a ordenadores y conexión a internet, por un importe de 3 millones de euros.

Igualmente, se prevé reducir las tasas universitarias de primera matrícula de grado, para el curso 2020-2021 y de primera matrícula de Másteres para el curso 2021-2022 en las Universidades Públicas de Castilla y León hasta situarlas, como máximo, en la media de las que se establezcan en las diferentes Comunidades Autónomas de España. Esta reducción irá acompañada del incremento correspondiente en las transferencias corrientes a las Universidades Públicas de Castilla y León para el próximo curso académico en una cantidad similar al impacto económico de la reducción acordada.

También se establecerá una Convocatoria extraordinaria de becas para estudiantes de Bachillerato, Formación Profesional y Universidad durante el curso 2020-2021, para seguir garantizando que Castilla y León continúa por encima de la media de las Comunidades Autónomas, con una cuantía de 8 millones de euros.

El Pacto también prevé adaptar la Formación Profesional a las necesidades del sector productivo y las demandas de esta nueva etapa, fortaleciendo en particular las competencias digitales. En este sentido, se ampliará y adaptará la oferta de ciclos formativos de grado medio y superior en función de la demanda de profesionales cualificados del tejido social y productivo y de los perfiles profesionales que se requieran para afrontar los cambios necesarios en el modelo productivo de Castilla y León. Además, se ampliará el número de puestos escolares ofertados en aquellos ciclos formativos que cuentan con una alta demanda de plazas y responden a las necesidades de personal cualificado del tejido social y productivo.

Otra de las medidas será implantar Centros Integrados de Formación Profesional en poblaciones rurales de tamaño medio, garantizando al alumnado el desarrollo de la formación práctica en centros de trabajo situados en un entorno próximo al centro o a su lugar de residencia.

Por último en materia educativa, el Pacto prevé elaborar una nueva Ley de Ciencia para relanzar políticas eficaces en I+D+I, involucrando directamente a las Universidades Públicas y Centros Públicos en la dirección de la política de investigación, al objeto de converger progresivamente con el nivel medio de inversión presente en otros países europeos.

En el Pacto también se prevé elaborar un Plan de Inversiones Sociales Prioritarias para el periodo 2021-2025, que establezca la planificación de las infraestructuras y equipamientos de carácter sanitario, educativo y social. Los recursos presupuestarios alcanzarán los 728 millones de euros.

Un acuerdo que garantiza el compromiso en Castilla y León por la transparencia, la evaluación de las políticas públicas y la rendición de cuentas, con la publicación con formatos, indicadores y criterios homogéneos de los datos sobre ayudas y subvenciones concedidas y su impacto en la reactivación económica y la creación de empleo. El compromiso afectará a la Administración autonómica, y se propondrá e impulsará a las Diputaciones provinciales y a los municipios de más de 20.000 habitantes.

Financiación autonómica y en la UE

El Pacto pretende asegurar el papel de la Comunidad de Castilla y León en el proceso y medidas de la desescalada, así como en la recuperación social y económica, con los principios de prudencia, seguimiento de los criterios técnicos, flexibilidad, agilidad y anticipación.

Así, se fortalecerá la coordinación con la administración local y el compromiso con las entidades locales a través de los instrumentos de colaboración y participación, con el objetivo de abordar de forma conjunta y eficaz, cada cual en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, las consecuencias de la crisis COVID-19.

Se constituirá un Fondo Extraordinario COVID-19 por importe de 80 millones de euros. La mitad de este Fondo se transferirá a las Corporaciones Locales de Castilla y León para actividades relacionadas con el empleo y la inversión y sus características, destino y distribución se determinarán buscando el consenso con los órganos de representación de las entidades locales y del Diálogo Social. La otra mitad del Fondo se gestionará al 50% directamente por la Junta de Castilla y León y el 50 % restante se transferirá a las entidades locales para la atención de colectivos y personas más afectadas por la crisis.

Otra medida será solicitar al Gobierno de España flexibilizar la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, permitiendo liberar los superávit de las Entidades Locales y flexibilizar la regla de gasto para hacer frente a las políticas derivadas de la crisis COVID-19.

El Pacto también incluye afianzar la posición común de comunidad ante la negociación de la nueva PAC, dado el alineamiento de los postulados de dicha posición con las consecuencias humanas, sociales y económicas de la crisis COVID-19; así como apoyar al Gobierno de España en la negociación de un nuevo marco de fondos de la Unión Europea ante la crisis y pactar una distribución equilibrada de los mismos entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, en función de la finalidad asignada a los correspondientes mecanismos financieros europeos.

Asimismo, se solicitará al Gobierno de España, una vez que se haya aprobado el nuevo escenario de déficit y deuda del conjunto de las Administraciones Públicas, una distribución equilibrada y justa del marco de estabilidad presupuestaria entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, en función de sus respectivas competencias, ante la crisis COVID-19.

También se reitera la demanda de abono de las cantidades pendientes a las Comunidades Autónomas como consecuencia de la no devolución de la liquidación del IVA y destinar, en este caso, los mismos a financiar los mayores gastos derivados de la crisis COVID-19.

Plantear medidas que supongan un tratamiento fiscal favorable para el ámbito rural y solicitar al Gobierno de España idéntico objetivo en el ámbito de sus propias competencias.

Por último, se suspende el trámite parlamentario por el que se debate el Proyecto de Ley para la práctica eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre familiares directos.