Soria, a la cola de las prestaciones de la Renta Garantizada de Ciudadananía
Amilivia, a la derecha, con los miembros del Consejo. /GCCyL
El Consejo de la Cuetas de Castilla y León hace público su informe donde refleja que las solicitudes solo suponen un 2% de las contabilizadas en toda la Comunidad.
Este jueves, el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, ha presentado en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento autonómico los informes de fiscalización de la Renta Garantizada de Ciudadanía y de la gestión de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, ejercicios 2016 y 2017.
Un informe en el que se detalla la auditoría operativa, para valorar el cumplimiento de la finalidad de las prestaciones otorgadas y el seguimiento efectuado para evaluar el nivel de eficacia y eficiencia alcanzado en la utilización de los recursos disponibles. Referido al ejercicio 2015, el trabajo de campo finalizó en diciembre de 2017, examinándose la documentación completa de una muestra de 50 expedientes, 15.000 contestaciones a cuestionarios y más de 6.000 ficheros con unos 40 millones de datos.
El informe refleja 40 conclusiones. El gasto total en la prestación ascendió en 2015 a 73 millones de euros, el 9% del total del presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales. Más de la mitad del gasto se realizó en las provincias de León y Valladolid, el 25% en cada una, seguida de Salamanca con el 13%, mientras que en Burgos solamente supone el 7%. Los menores porcentajes recaen en Segovia y Soria con el 4% y 2%, respectivamente. Así, el gasto en la Renta Garantizada de Ciudadanía ha experimentado un crecimiento del 163% desde su entrada en vigor en 2011, cuando el gasto representó 28 millones de euros.
En 2016 el gasto se elevó en 3 millones, hasta un total de 76; en 2017, un millón más, hasta los 77, la mayor cuantía alcanzada; y en 2018 se reduce a 72.
Se estima que un 14% de los 11.830 titulares en nómina a 31 de diciembre de 2015 estuvo percibiendo la prestación a lo largo de los 5 años de vigencia de esta renta y un 8% procede de los antiguos Ingresos Mínimos de Inserción. El tiempo medio que perdura un expediente vivo de esta renta en nómina se sitúa en torno a 3 años dentro del periodo analizado. En 2015, ya hablando también en términos regionales, los titulares en nómina a final de ejercicio ascienden a más del doble que los existentes en 2011 y la cuantía promedio pagada es de 522 euros por expediente.Tras su entrada en vigor hasta 2015 se produjo un descenso global de las solicitudes presentadas de alrededor del 40%, con un repunte en 2013, pasando de 14.719 en 2011 a 8.636 en 2015.
La gestión de esta Renta se desarrolla con carácter general a través de los servicios periféricos de la Gerencia de Servicios Sociales (95 efectivos en 2015 dedicados a esta tarea) y la participación de los centros de acción social de las entidades locales es esencial (en 2015 contaban con 336 efectivos destinados a información, diagnóstico, valoración o seguimiento). El número de resoluciones estimatorias de reconocimiento de esta prestación del ejercicio 2015 fueron 4.253, el 44% del total de las solicitudes, liderando las provincias de León y Valladolid el número de resoluciones concedidas con 1.113 y 1.029, respectivamente. Por el contrario, Soria y Segovia son las que menor volumen de solicitudes reconocieron con 107 y 177, respectivamente.
El tiempo medio que se tarda en resolver un expediente es de 5 meses. Las resoluciones denegatorias emitidas durante 2015 en toda la Comunidad ascendieron a 3.929 y constituyen el 41% de las solicitudes resueltas, si bien disminuyen un 16% desde 2011. Las Gerencias Territoriales resuelven las denegaciones mayoritariamente en un plazo igual o inferior a los 3 meses.
El Consejo estima que aproximadamente el 12% de los titulares de la Renta que figuraban en la nómina de diciembre de 2015 se habían incorporado al mercado laboral en septiembre de 2017, mientras que cerca del 60% de ellos continuaban percibiendo la prestación.