Según Asden, el procedimento se lleva a cabo por suponer un riesgo para la salud de las personas y del medioambiente.
Según ha reseñado el colectivo ecologista Asden, la Unidad Técnica de la Fiscalía de Medioambiente viene llevando a cabo hace tres años una serie de estudios y análisis del suelo y aguas que se encuentran bajo la superficie de la empresa Distiller SA, en Ólvega, "para conocer el alcance y origen de la contaminación por hidrocarburos tóxicos y metales pesados presentes en la zona. Todo ello dentro de unas diligencias de investigación que forman parte de un proceso judicial penal en fase de instrucción en la Audiencia Provincial de Soria".
Según afirman en el colectivo, la Asociación Soriana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza ha tenido acceso a un documento reciente que bajo el epígrafe 'Informe de valoración económica generada por los vertidos de la empresa Distiller situada en el término Municipal de Ólvega (Soria)', donde se contemplan varias apreciaciones:
- El 11 de octubre 2017 la Unidad Técnica concluyó que la empresa Distiller SA realizaba “vertidos con elevada concentración de metales pesados y compuestos orgánicos derivados del petróleo, es decir, vertidos de residuos peligrosos con toxicidad que han afectado notablemente al lecho del arroyo” de Los Caños.
También concluyó que existía “un proceso de fuerte contaminación de aguas subterráneas procedente de esta instalación, lo que suponía un riesgo significativo para la salud de las personas (volatilización de gases o afección a otros aprovechamientos de agua subterránea) y los elementos del medioambiente (contaminación del arroyo de los Caños, afección potencial a los suelos y a los ecosistemas asociados a ambos matrices)”
- El 28 de agosto de 2018 esta Unidad Técnica emitió otro informe complementario sobre la situación del suelo de la empresa Distiller en el que se concluye que “dada la carencia de resultados analíticos del suelo al inicio de la actividad y en el momento de su elaboración, no es posible determinar si se encuentra contaminado a partir de los resultados analíticos directos. Si bien se ratifica las conclusiones del informe de 2017 sobre las afecciones al lecho del arroyo”.
La dificultad de la Fiscalía para determinar si el suelo estaba contaminado, se debe a que la empresa no había realizado los correspondientes análisis según le obligaba la Autorización Ambiental aprobada por Orden FYM/632/2014. "Requisito que debió ser controlado exigido por por la Consejería de Fomento y Medioambiente de la Junta de CyL", apostillan los ecologistas.
Para los ecologistas, "la falta de diligencia de la Junta como se ha demostrado en otras ocasiones con esta empresa, facilita Distiller evada sus responsabilidades por de la contaminación edáfica. Ahora su costosa descontaminación es posible que sea pagada con dinero de todos los castellanos y leoneses, contradiciendo así el principio El que contamina paga.
Finalmente la Unidad Técnica emite la conclusión objeto de este informe de junio de 2020: “La valoración de daños generados por el vertido contaminante desde la mercantil Distiller, teniendo en cuenta las consideraciones y limitaciones expresadas en este informe, y aplicando la metodología referida, asciende a la cantidad expresada de cuatrocientos cinco mil euros (405.000,90 € )”.
Según Asden, los hechos constatados por la Fiscalía demuestran que "presuntamente la empresa Distiller ha estado contaminado el suelo y el agua. Ese agua alimenta el acuífero del río Val que abastece parcialmente a los vecinos de Ágreda y a sus huertos. Además contribuye al mal estado de la calidad de las aguas del acuífero (con altos niveles de nitratos) y al del embalse de El Val, que es el más contaminado de la Cuenca del Ebro".
Los ecologistas han mencionado que Distiller realizó en 2012 un vertido ilegal al arroyo de Los Caños, con la destrucción de 4 kilómetros de este cauce. A ello han añadido que "en 2018 fue sancionada por la Junta de CyL por irregularidades en el manejo de los residuos que conllevaba la emisión a la atmósfera de benceno, tolueno y xileno. Este expediente sancionador tuvo su origen en en las irritaciones de las vías respiratorias y cefaleas que venían siendo comunicadas por los vecinos de Ólvega a su alcalde".
"El informe de la Fiscalía de Medioambiente tiene relevancia porque demuestra las graves afecciones para la salud y el medioambiente de esta empresa que ahora quiere instalar una incineradora de disolventes tóxicos, y frente a la que los vecinos de Ólvega se están movilizando", han significado en Asden.
Para los ecologistas, los hechos investigados, los antecedentes y la puesta en evidencia de la falta de control de las administraciones con competencias en la materia "son suficientes razones para que los vecinos se opongan a una incineradora de residuos que emitirá sustancias aún más tóxicas y cancerígenas, como son dioxinas y hidrocarburos aromáticos policíclicos".