Se reunirán con el subdirector de Planificación Hidrológica para abordar el futuro de esta actuación a la vez que instarán al estudio de todas las posibilidades de solución y qu el inicio de un nuevo proceso de contratación sea la última opción que se contemple.
Los parlamentarios sorianos Tomás Cabezón, María José Heredia y Gerardo Martínez se reunirán este jueves, 30 de julio, en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico con el subdirector General de Planificación Hidrológic, Víctor Arqued, para trasladar la preocupación de los vecinos de las Tierras Altas por el futuro de las obras de la Presa del Río Mayor, que llevan paralizadas más de dos años y para conocer las actuaciones que se están llevando a cabo desde el Ministerio para garantizar la continuidad de la obra. Una obra "imprescindible" para el abastecimiento de agua potable cuya interrupción "compromete seriamente el desarrollo de esta zona de la provincia", según han señalado en el PP.
Estas mismas fuentes han señalado que adjudicación de las obras recayó en la empresa Sarrión en UTE con Aglomerados Numancia. La actuación fue licitada en 6.132.000 euros, siendo adjudicada en 3.701.128, con una baja de casi el 40%. La ejecución de la obra a fecha de hoy está valorada en un millón de euros.
Modificado de obra
Según los aforados populares, la parte adjudicataria ha planteado la necesidad de un modificado por problemas aparecidos en el proyecto. La falta de acuerdo sobre este modificado de obra es lo que ha conducido a la paralización de la obra.
"Uno de los fallos más graves del proyecto, que alega la empresa, es no haber detectado la importante presencia de pirita en la composición del suelo, lo que obliga a utilizar materiales específicos como el cemento sulforresistente. Solo hay una empresa en España que lo fabrica y esto encarece la obra", han explicado en el Partido Popular.
Además, los precios que marca la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para este tipo de compuesto se sitúan en 12 euros por metro cúbico, y la única empresa que hay en España que lo suministra pone un precio 20 euros por la misma unidad de volumen. "Ocho euros de diferencia por más de 15.000 metros cúbicos. Este incremento de gasto es fundamental para acordar el modificado", han observado los parlamentarios.
Aumento del 25% del coste
Con la propuesta de la empresa, el coste de la obra se incrementaría en un 25% del total adjudicado. Aún así quedaría un 15% por debajo del presupuesto de licitación.
En el PP han indicado que la adjudicataria considera que aproximadamente por 4.626.000 euros se podría concluir la presa "con todas las unidades nuevas no previstas en proyecto", y con los cambios que la dirección de obra ha ido indicando al contratista. "Esa cantidad es aproximadamente 900.000 euros más de lo adjudicado y 1.500.000 euros menos de lo licitado", han calculado.
Con estos datos, los parlamentarios trasladarán la necesidad de llegar a un acuerdo entre la Administración y la empresa. Consideran que los costes de suspender, liquidar y volver a adjudicar el proyecto son "incalculables", no solo en el plano económico ya que es necesario valorar el coste temporal. "Es un proyecto que lleva casi veinte años en trámite", han recordado.
Si ese acuerdo no fuera posible, pedirán que sean analizadas todas las posibilidades que ofrece la Ley de Contratos del Estado, como una cesión del contrato a otra empresa, o la participación de TRAGSA. "Cualquier solución antes de proceder a la resolución del contrato e iniciar un nuevo proceso de licitación que retrasaría la obra sine die", han manifestado.
"A este Gobierno le gusta mucho hablar de lucha contra la despoblación con palabras altisonantes y muchas veces vacías. Aquí hay un ejemplo concreto en el que deben demostrar la implicación del Gobierno en la defensa de un territorio despoblado y rico en oportunidades de desarrollo", han concluido los parlamentarios.