El PP habla de "chantaje", "expolio" y "atraco" la entrega de los remanentes municipales al Gobierno

Toda vez que ayer medio centenar de alcaldes del PP soriano mantuviesen una reunión por vídeo conferencia para abordar la solicitud el Gobierno en la disposición de los remanentes económicos de los municipios, hoy un grupo de regidores y concejales del partido en la provincia han comparecido ante la prensa para explicar su postura contraria a tal petición, que cuenta con el beneplácito de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias).

Jesús Peregrina alcalde de Arcos de Jalón, también en calidad de secretario de la formación en la provincia, ha incidido en que se hace preciso no entregar dichos caudales porque servirán para que el Gobierno "haga su agenda política" y que dichos fondos "deben quedarse en cada uno de sus pueblos". Una aseveración que hacía remarcando que los remanentes "son fruto del esfuerzo, del trabajo y de la gestión" de cada municipio y sus vecinos.

Benito Serrano, alcalde de Golmayo y también presidente de la Diputación, ha observado que dicha "incautación" deriva de un decreto que fue cambiado en lo que es la devolución estas cantidades, cuyo plazo en principio estaba establecido en 10 años y ahora ha pasado a 15. Además, ha lamentado que con el voto de calidad de la FEMP se haya roto "un consenso que se ha mantenido durante 40 años".

Necesidades municipales

El dirigente provincial ha significado también que se trata de un intento de "expolio" a las arcas municipales donde solo está a favor el Partido Socialista. Además, también "va en contra de la autonomía municipal" ya que los fondos están concebidos para las necesidades de cada Ayuntamiento. "Se olvidan del mundo rural" ha añadido, citando las intenciones del Ejecutivo de dotar con más fondos para asuntos de movilidad urbana o igualmente "energías verdes" entre otros, sin tener en cuenta las principales necesidades de pequeños municipios como los sorianos que precisan inversiones para servicios básicos como pueden ser abastecimiento hidráulico, asfaltado u otros saneamientos públicos.

Junto a ello, Serrano se ha referido a que se trata de un "sinsentido", y ha aludido al "chantaje" que supone la contraprestación de partidas estatales para aquellos consistorios que decidan aportar caudales municipales ante esta petición. Por ello ha avanzado que en todos los ayuntamientos sorianos serán presentadas mociones para declarar el "no" al requerimiento, que supone, por otro lado, un "chantaje" a las arcas municipales. De hecho, igualmente, ha destacado que en el Palacio Provincial una moción de este tipo fue respaldada por el PSOE.

El así mismo regidor también ha puesto de manifiesto que estos fondos pueden estar disponibles por decreto de alcaldía, lo cual deja aparte las competencias decisorias de los plenos.

"No así como así"

Con el regidor de Golmayo han estado igualmente la alcaldesa de Ólvega, Elia Jiménez quien ha puesto el foco en que los remanentes municipales "son, lógicamente, para las necesidades de los vecinos y no se pueden ceder así como así", mientras que Luis Antón, de Alcubilla de las Peñas se ha referido a que el decreto supone una "intrusión" en la autonomía de las entidades locales ya que son los propios ayuntamientos quienes deben decidir en el destino de dichos dineros. En parecidos términos se manifestaba su homólogo de Hinojosa del Campo, Raúl Lozano, explicando que en el caso de entregar los remanentes sería en su totalidad pero y en el caso de existir una avería en lo público "el Ayuntamiento tendría que endeudarse" por no disponer de este "colchón" económico, lo cual es "un atropello".

También asistía a la comparecencia Paulino Herrero, concejal de Navaleno, quien ha lamentado la "tutela" que impone la FEMP, tal y como hizo la "Ley Montoro" la cual "impulsó la economía" de los municipios cuyas economías hasta entonces hacían librar débitos "a 90 ó 200 días" en perjuicio de muchos autónomos.

Para concluir, también intervenía Carlos González, alcalde de Monteagudo de las Vicarias para decir que "no se puede puede permitir" la entrega de los fondos, ya que su municipio no cuenta con ingresos como pueden suponer instalaciones o industrias que dejen impuestos. Por su parte, Pedro Ernesto Pascual, concejal en Almaluez ha indicado que "nunca ha hecho falta la tutela" a los ayuntamientos mientras que Enrique Rubio, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Berlanga de Duero concluía remarcando las dificultades que entraña ahorrar en los ayuntamientos, unos fondos que sirven también para "posibles oportunidades de desarrollo para nuestros pueblos", siendo que además, el periodo de devolución, 15 años "quizá sea demasiado tiempo y no nos lo podemos permitir".