Una menor, con positivo en alcoholemia, investigada después de colisionar con otro turismo en Pinares

La Subdelegación del Gobierno ha informado este miércoles que durante este fin de semana, la Guardia Civil procedía a la investigación a una menor de edad que, al parecer, estaba al volante de un turismo cuando colisionó con otro estacionado en la calle San Blas, en la localidad pinariega San Leonardo de Yagüe.

La menor, de 16 años, además de no tener la autorización administrativa para conducir, al realizarle las pruebas de alcoholemia legalmente establecidas, en presencia de su madre, arrojó tasas de 0,61 y 0,56 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

En este siniestro no hubo personas heridas, únicamente daños materiales. La Guardia Civil de Soria instruye las diligencias para su remisión a la Fiscalía de Menores de Soria.

Tasas de alcohol

La Guardia Civil ha señalado que el ejercicio de la actividad de conducción sin permiso atenta contra la seguridad vial y está penada por la ley con penas de prisión, multa o trabajos en beneficio de la comunidad.

Además, recuerda que la ingesta de bebidas alcohólicas, así como la de drogas y sustancias tóxicas, influye en el conductor de un vehículo ya que disminuye su capacidad sensorial, de reflejos y de atención en la conducción. También desvirtua la percepción de la realidad y causa una conducción inapropiada. Por todo ello, supone un evidente peligro para la vida propia y del resto de los usuarios de la vía puesto que aumenta exponencialmente la posibilidad de sufrir un siniestro vial.

La tasa máxima de alcohol permitida en España para conducir se sitúa, con carácter general, en 0,25 miligramos de alcohol por litro (mg/l) de aire espirado. Si se trata de profesionales y de conductores noveles, esta tasa máxima se reduce a 0,15 mg/l. Con todo, la Dirección General de Tráfico insiste en que el riesgo de accidente puede verse incrementado con cualquier cantidad de alcohol y que la única tasa realmente segura es 0,0 mg/l.

Estas conductas al volante podrían conllevar administrativamente hasta 1.000 euros de sanción y penalmente podrían ser castigadas con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.