Según la Junta, ninguna familia perceptora de la Renta Garantizada de CiudadanÃa den CyL percibe una cuantÃa inferior con el Ingreso MÃnimo Vital
El Consejo de Gobierno regional aprueba la concesión directa de subvenciones a beneficiarios de Renta Garantizada de Ciudadanía con la prestación suspendida por habérseles reconocido el Ingreso Mínimo Vital, pero por un importe inferior al que recibían en concepto de RGC.
El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha aprobado este jueves la concesión directa de subvenciones a beneficiarios de Renta Garantizada de Ciudadanía con la prestación suspendida por habérseles reconocido el Ingreso Mínimo Vital, pero por un importe inferior al que recibían en concepto de RGC.
La cuantía total de las subvenciones supera los 211.000 euros y el número de unidades familiares beneficiarias es de 267, aunque se irán actualizando conforme se vaya incrementando el número de casos. Con el fin de que ningún perceptor de Renta Garantizada de Ciudadanía reciba un ingreso menor con el IMV, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha iniciado los trámites para modificar la Ley que regula la RGC.
El objetivo de esta subvención de 211.371,37 euros es compensar o indemnizar económicamente a 267 unidades familiares beneficiarios de renta garantizada por las pérdidas sufridas como consecuencia del reconocimiento de la prestación estatal del Ingreso Mínimo Vital por un importe inferior al que les correspondía de renta garantizada de ciudadanía, careciendo de recursos para cubrir las necesidades básicas de subsistencia.
La cuantía que corresponde a cada persona beneficiaria de esta subvención resulta del cálculo de la diferencia entre el importe que tenía reconocido con anterioridad a la suspensión de la Renta Garantizada y el importe de la prestación estatal de Ingreso Mínimo Vital que le ha sido reconocido según datos facilitados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. A su vez, como el perjuicio económico que se pretende reparar mediante esta subvención, consistente en que los beneficiarios no alcancen el nivel de ingresos que en la normativa autonómica se considera como suficiente para atender sus necesidades básicas de subsistencia, se va a repetir mensualmente este trámite durante el periodo de tiempo en el que se tramite y finalmente se apruebe la modificación de ley que habilite la citada compatibilidad, que se estima que dure cuatro meses (de agosto a noviembre de 2020).
El importe total para cada beneficiario es el resultado de multiplicar el importe de la diferencia entre prestación estatal y autonómica por el número de meses que haya estado suspendida la renta garantizada de ciudadanía por esta causa, realizándose dicho abono en cuatro pagos, uno al mes, siempre que no haya otras alteraciones en las circunstancias socio económicas de los beneficiarios que dieran lugar a la variación del importe a recibir por renta garantizada de acuerdo con la normativa autonómica aplicable.
Con fecha 1 de junio de 2020 tuvo lugar la publicación en el BOE del Real Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital, que se configura como una prestación económica en su modalidad no contributiva, destinada, al igual que la RGC, a aquellas personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas.
Teniendo en cuenta que la Renta Garantizada de Ciudadanía tiene carácter subsidiario y que además es incompatible con la percepción del IMV, se ha iniciado la tramitación de una Ley con carácter de urgencia que modifique la normativa actual, con el fin de permitir que aquellos beneficiarios de renta garantizada de ciudadanía a quienes se les reconozca el ingreso mínimo vital por un importe inferior a lo que percibían de renta garantizada de ciudadanía puedan compatibilizar ambas prestaciones siempre que cumplan con el resto de los requisitos exigidos en la normativa reguladora de esta prestación.
El borrador del anteproyecto se colgó en Gobierno Abierto el pasado 9 de agosto, pero hasta que se apruebe por las Cortes de Castilla y León la ley y permita compatibilizar la percepción de ambas prestaciones, la estatal y la autonómica, se ha tenido que suspender, de acuerdo a la normativa actual, el pago de esta prestación a esas unidades familiares a las que se las ha reconocido el ingreso mínimo vital, por lo que se hace necesario compensar económicamente a estas personas por las pérdidas producidas como consecuencia del reconocimiento de la prestación estatal del Ingreso Mínimo Vital a través de la concesión directa de estas subvenciones.
La RGC es un derecho subjetivo implantado hace 10 años en Castilla y León y garantizado por Ley, de la que se han beneficiado una media de 15.000 familias cada año, destinándose aproximadamente 60 millones de euros al año. En la nómina del mes de julio recibieron la Renta Garantizada de Ciudadanía 9.184 familias.