La Junta traslada a los Ayuntamientos nuevas medidas en materia de conciliación

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha mantenido un encuentro telemático con los representantes de las nueve diputaciones y de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de la Comunidad, para dar a conocer las últimas medidas en materia de conciliación de la vida familiar y laboral aprobadas por la Junta de Castilla y León. Precisamente, y debido a la situación originada por la COVID-19, ha sido necesario reforzar los distintos programas que se venían prestando con el objetivo de facilitar la atención de los menores y mayores dependientes y conjugar dicha atención con el desempeño de la labor profesional. Blanco ha anunciado la implantación de dos medidas novedosas en materia de conciliación para cuidar a los menores de 12 años que tengan que ser confinados a causa del COVID-19, en los casos en los que los progenitores no puedan hacerse cargo de ellos por motivos laborales, ni cuenten con nadie que les pueda ayudar. Unas medidas a las que la Junta de Castilla y León va a destinar 3 millones de euros, que serán tramitadas por los CEAS y que permitirán a las familias contar con una persona de apoyo en el cuidado de menores o personas dependientes.

La primera de estas ayudas se basa en un cheque servicio que permite a través de una cuantía económica de pago único, la contratación de un cuidador cuando el menor de 12 años deba permanecer confinado en casa por COVID-19 o contacto directo y sus progenitores por motivos laborales no puedan permanecer en el domicilio para cuidarle. La segunda medida contempla una ayuda a domicilio para asumir situaciones puntuales en los que es necesario dispensar un apoyo concreto a los menores. La solicitud también se realizará a través del CEAS y se tendrá que aportar la documentación acreditativa de que se reúnen los mismos requisitos que se exigen en las prestaciones económicas a familias para la contratación de cuidadores. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha anunciado a los representantes de las entidades locales que, en los próximos días, se tramitará un Decreto Ley para regular en el ámbito de los servicios sociales, estas medidas de carácter urgente para responder a dificultades económicas de las familias que precisen contratar cuidadores informales para atender a sus hijos menores de 12 años afectados por confinamientos escolares y otra para personas dependientes.

Durante el encuentro celebrado esta mañana se ha analizado el destino de los 20 millones de euros del Fondo Extraordinario COVID-19 que permitirán potenciar los servicios de proximidad como la teleasistencia y la ayuda a domicilio, financiar los gastos generados con motivo de la crisis sanitaria entre ellos los que se han registrado en los centros residenciales de la Comunidad, las ayudas destinadas a las familias, a los menores, a las víctimas de violencia de género y los gastos originados para garantizar la alimentación infantil y para que las personas sin hogar puedan cubrir sus necesidades más básicas. Asimismo, se abrió la posibilidad de flexibilizar el uso de estas partidas en función de las necesidades concretas de cada una de las entidades locales.

Además, en dicha reunión se ha presentado el “Marco Común para la aplicación del Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-10 en el ámbito de los servicios sociales no residenciales” del Gobierno Central y la gestión de los expedientes de situación de dependencia.

Finalmente, Isabel Blanco ha recordado también a las entidades locales que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) del Gobierno Central, no reduce beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) de Castilla y León y ha reiterado que, en algunos casos la ayuda estatal es hasta 700 euros inferior a la autonómica. Por este motivo, y para que los beneficiarios no resulten perjudicados, la Junta de Castilla y León ha iniciado los trámites para modificar la Ley que regula la RGC y como paso previo aprobó la semana pasada la concesión directa de subvenciones por importe de 211.000 euros para 267 perceptores de dicha renta con la prestación suspendida al tener reconocido el IMV. Una cifra que se irá actualizando conforme se vaya incrementando el número de casos.