Judith Villar (PSOE), contraria a la privatización de las PCRs para profesores y alumnos

La procuradora socialista soriana Judith Villar ha denunciado que la "última ocurrencia" de la Consejería de Educación ha sido privatizar las PCRs, a los profesores y alumnos para agilizar el diagnóstico. “Pensábamos que habían aprendido la lección, pero no, a los 10 días de privatizarlas ya están colapsadas las clínicas”, ha señalado.

En este sentido, la aforada olvegueña ha cuestionado la operatividad de esta privatización en el mundo rural: “¿Qué vamos a hacer los maestros y alumnos del mundo rural para hacernos las PCRs? ¿Tendremos que viajar a las capitales para que se nos atienda desde clínicas privadas? Parece mentira que se le haya ocurrido semejante cosa viniendo de Soria”, ha cuestinado, refiriéndose a la titular del ramo, la soriana Rocío Lucas.

Villar preguntaba este martes en el Pleno de las Cortes regionales sobre la valoración hace la Junta sobre el comienzo de curso 2020-2021 en los centros públicos de iInfantil y Primaria de la comunidad. Para la procuradora, si no hubiera sido por el esfuerzo “titánico” de equipos directivos, docentes y el civismo de los alumnos, este complicado curso habría comenzado “de muy mala manera”

Así mismo, ha mencionado que juntas de personal docente de varias provincias de la región han manifestado su preocupación por el “caos” y el "desastre" que ha sido este comienzo de curso. Muchos centros escolares comenzaron el 9 de septiembre "con falta de maestros", situación que se sigue dando más en Secundaria, según sus palabras. "Y a día de hoy, comienza a haber dimisiones de equipos directivos a causa de este problema, por ejemplo en Burgos".

Villar también ha denunciado que la ratio en muchas aulas con carácter general no se ha bajado y en tan solo dos semanas del comienzo del curso "tenemos en Soria siete aulas cerrada y en Castilla y León, más de 60". Unos cierres Estos cierres solo afectan a los llamados “grupos estables” ya que no tienen la obligación de usar la mascarilla. El problema, para Villar, reside en que a los profesores que atienden estos grupos se les facilita mascarillas quirúrgicas pese a la petición de muchos docentes de disponer otras de mayor protección.