CISF denuncia que las autonomías han destruido en septiembre 2.000 empleos sanitarios y de servicios sociales
CSIF exige una reordenación urgente de los recursos humanos en todo el país: Es hora de dejar a un lado la política partidista por respeto a la salud de los ciudadanos. El sector sanitario y de servicios sociales destruyó cerca de 2.000 empleos (-1.979) durante el mes de septiembre, según los datos de afiliación dados hoy a conocer.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, considera que este dato es una vergüenza y pone en la picota a los gestores de la sanidad de nuestro país, más preocupados por intereses políticos que en velar de manera efectiva por la salud de los ciudadanos.
Estas cifras no se entienden teniendo en cuenta el incremento de la incidencia del virus durante el mes de septiembre, tanto en número de infectados, como en ingresos hospitalarios o en ocupación de las UCIs. Además, explican muy bien la situación de abandono en la que se encuentra nuestra Atención Primaria.
Es hora de dejar a un lado la política partidista, por respeto a la salud de los ciudadanos. Asistimos perplejos a las luchas partidarias –el mayor ejemplo es la pugna entre Gobierno central y de la Comunidad de Madrid—mientras nuestra sanidad pública se desangra.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes un decreto para la contratación de hasta 10.000 facultativos que lamentablemente llega con seis meses de retraso y presenta serias lagunas desde el punto de vista profesional, laboral y de la calidad asistencial.
El pasado mes de mayo, CSIF advirtió de que la Sanidad estaba afrontando la pandemia con un déficit de más de 50.000 efectivos, dados los puestos de trabajo destruidos a principios de año y la lentitud en las comunidades autónomas a la hora de suplir las carencias.
Para CSIF, urge una reordenación de los recursos humanos en el conjunto del Estado y exigimos un ejercicio de transparencia a las comunidades autónomas para identificar las necesidades, no solo de personal facultativo (los profesionales a los que afectará en mayor medida el decreto aprobado por el Consejo de Ministros), sino también de Enfermería, TCAEs o personal de gestión y servicios.