La Junta incorpora la consulta de inexistencia de antecedentes penales como procedimiento administrativo simplificado

Las consejerías de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior y de Fomento y Medio Ambiente han trabajado conjuntamente para ofrecer como nuevo servicio, en colaboración con el Ministerio del Interior, el acceso a las certificaciones de inexistencia de antecedentes penales en aquellos procedimientos administrativos que requieran dicha documentación. Con ello, cualquier persona salvo oposición expresa no tiene la necesidad ni el deber de aportarlo.

La Junta de Castilla y León implantó hace doce años la plataforma de intermediación de documentos con otras Administraciones Públicas y hasta este 31 de agosto el volumen de su actividad fue de 12.179.202 documentos intermediados, de un total de 523 procedimientos, lo que ha supuesto en este tiempo un ahorro estimado total para la sociedad de 73.075.212 euros.

El Gobierno autonómico desarrolla una política activa en la simplificación de los procedimientos, que se refleja en numerosas iniciativas que afectan directamente a las personas y a las empresas, con el objetivo de mejorar y ser más eficaz en la prestación de los servicios públicos. Una de las líneas de trabajo permanente en la Junta de Castilla y León, en relación con la documentación que ciudadanos y empresas tienen que presentar cuando tramitan procedimientos administrativos, es facilitar las relaciones con la Administración autonómica y cumplir con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que proclama el derecho del ciudadano a no aportar los datos y documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas.

La implantación en el uso de las tecnologías de la información a partir del sistema de transmisión electrónica de información que la Administración autonómica tiene con otras administraciones ha permitido intercambiar datos, certificados y documentos por medios electrónicos, reduciendo costes de tramitación, a la vez que también los plazos en la resolución de los procedimientos.

La Administración de la Comunidad de Castilla y León lleva utilizando desde el año 2008 una plataforma de intermediación (denominado SUFO) que permite a los empleados públicos encargados de la tramitación de algunos procedimientos, con autorización del interesado o sin oposición de este, buscar electrónicamente aquellos datos que requiere el procedimiento y que se hallan en poder de otras Administraciones Públicas para evitar causar molestias al ciudadano y suprimir la obligación de presentar la documentación oportuna.