El PSOE califica como insuficiente el informe de residencias de la Junta

Representantes del Partido Socialista de Soria se ha reunido con los medios esta mañana para hablar del informe de residencias de ancianos, presentado la semana pasada por la Junta de Castila y León. Un estudio que la coalición socialista ha calificado como escaso “no aporta mucho más de lo que ya sabíamos”, ha puntualizado el procurador socialista por Soria, Ángel Hernández.

Las residencias de la provincia de Soria fueron de las más afectadas durante la primera ola de la pandemia. Este estudio esclarece que el 69% de los centros de la provincia de Soria estuvieron afectados por la covid-19, y que 7 de cada 10 ancianos, residentes en estos centros, estuvieron en contacto con el virus. Sin embargo, según el grupo socialista, el estudio no pone sobre la mesa qué es lo que se hizo. Hernández ha comentado que “hubo centros donde la Junta no hizo ninguna inspección”. De los 35 centros residenciales que hay en la provincia se supervisaron 32 y se ha emitido un informe sobre 33.

Otra información que revela este informe es el personal que componía el equipo covid- residencias en la provincia de Soria: dos enfermeras, un médico de familia y dos médicos residentes de atención familiar y comunitaria, derivados de atención primaria. “Lo que hicieron es quitar médicos de la atención primaria para crear este equipo que atendía a las residencias. Lo que estamos viviendo con la atención primaria también es una consecuencia de esto”, ha matizado el edil. “Creemos que se podría haber hecho más y se podrían haber hecho muchas cosas mejor.”

Por su parte, la portavoz socialista de Familia en las Cortes, Isabel Gonzalo ha hablado sobre la parte legal del informe. El 18 de junio se hizo un decreto nuevo para regular el tema de las residencias, el que ahora está vigente. De cara a elaborar esta normativa, el PSOECYL hizo una serie de aportaciones que no se tuvieron en cuenta cuando se llevó a las cortes. “No hacía referencia a las ratios de personal, que ha sido uno de los grandes problemas; no incluía nada sobre la coordinación con sanidad y no hablaba de las inspecciones, que son importantísimas para saber si se está cumpliendo la normativa”, puntualizaba la portavoz. “No tenemos inspectores en Castilla y León. Para más de mil centros, tanto públicos como privados, hay cuatro”. También ha hecho hincapié en que, desde la JCYL, no se facilitan los datos de las residencias privadas, lo que está suponiendo, “una pequeña lucha interna dentro del gobierno de la Junta”.

Por otro lado, Nuria Rubio, coordinadora del a?rea de Familia del Grupo Socialista en las Cortes ha subrayado que las cifras no son concretas, “en el informe entregan un número global de inspecciones y visitas, y contabilizan también las visitas que hicieron la UME, el SAMUR, Médicos Sin Fronteras, etcétera”. En este documento se habla también de la situación de los sanitarios, aunque “lo único que resaltan en este informe es que le dieron una paga extraordinaria”, ha afirmado Rubio.