El TS admite a trámite el recurso de la Junta contra el Estado en reclamación de los 182 M€ de deuda por el IVA de 2017

La Dirección de los Servicios Jurídicos de la Junta ha interpuesto, a instancias de la Consejería de Economía y Hancienda, un recurso contencioso-administrativo después de que el Consejo de Ministros haya desestimado de forma presunta, por falta de respuesta, la reclamación del pago de las cantidades debidas a la Comunidad Autónoma de Castilla y León por las repercusiones en la liquidación del Sistema de Financiación del ejercicio 2017 correspondientes al IVA, que suman 182 millones de euros.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, remitió en febrero al Consejo de Ministros la reclamación de cantidad, cuya solicitud fue aprobada el 20 de febrero por el Consejo de Gobierno de la Junta, sin obtener respuesta alguna. Por ello, de nuevo en julio, el titular de Economía y Hacienda presentó el requerimiento dirigido al Consejo de Ministros por las repercusiones en la liquidación del sistema de financiación del ejercicio 2017, al amparo del art. 44 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa, y con carácter previo a la interposición de un recurso contencioso-administrativo, que tampoco ha tenido constestación expresa del referido órgano de gobierno estatal.

Tras la interposición del recurso contencioso-administrativo por parte de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Junta, el Tribunal Supremo lo ha admitido a trámite, juicio que se sustanciará los próximos meses, lo que constituye un paso importante para hacer efectiva la reclamación de la Comunidad Autónoma y cobrar la cantidad a la que Castilla y León tiene derecho.

Pérdida de ingresos

La Junta de Castilla y León solicita al Gobierno que se paguen a la Comunidad las cantidades debidas como consecuencia de la pérdida de ingresos en la liquidación del año correspondiente al IVA, que ascienden a 120,49 millones de euros. Asimismo, se reclama el abono de las cantidades correspondientes al nuevo cálculo de la variación de los Ingresos Tributarios del Estado y la repercusión en los fondos del sistema de Financiación Autonómica, que asciende a otros 61,51 millones de euros. Esta cantidad corresponde a 30,98 millones de euros del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, 21,21 millones de euros del fondo de Suficiencia Global y 9,32 millones de euros del Fondo de Cooperación.

Además, la Junta también pide que se paguen a Castilla y León los intereses correspondientes a las cantidades reclamadas.

La pérdida de ingresos, debida a la implantación del Suministro de Información Inmediata (SII) por el Real Decreto 596/2016, correspondiente al IVA del mes de diciembre de 2017, ha supuesto para la Comunidad Autónoma de Castilla y León una perdida efectiva de cantidades necesarias para su adecuada y correcta financiación.

Una larga reclamación

La Junta, en todo momento ha intentado llegar a una solución, y ha realizado en los últimos dos años numerosos intentos en el marco de la lealtad institucional para la reclamación del pago de las cantidades que se adeudan a Castilla y León por las repercusiones en la liquidación del Sistema de Financiación del ejercicio 2017 correspondientes al IVA:

La Comunidad advirtió el 19 de julio del 2018 en el Consejo de Política fiscal y Financiera, y el 31 de julio al Ministerio de Hacienda, del efecto negativo que la implantación del Suministro de Información Inmediata del IVA tendría sobre la liquidación de este impuesto en las comunidades autónomas, así como la necesidad de adoptar las medidas oportunas para paliar dicho efecto en la recaudación.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el 26 de agosto de 2019 remitió una carta al presidente del Gobierno mostrando su preocupación por no haberse hecho efectivos en la liquidación definitiva de 2017 los recursos compensatorios tras el cambio de normativa, indicando que esta situación estaba causando dificultades en la sostenibilidad de los servicios públicos de la Comunidad y en el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

El 29 de agosto de 2019, el consejero de Economía y Hacienda se dirigió a la ministra de Hacienda manifestando su preocupación por no haber recibido la actualización de las entregas a cuenta de 2019 y por no haberse hecho efectivos los recursos compensatorios por la implantación del Suministro de Información Inmediata del IVA, solicitando además la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Las Cortes de Castilla y León aprobaron el 5 de febrero de 2020 una proposición no de ley solicitando al Gobierno de España el abono de estas cantidades.

En el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el 7 de febrero de 2020 se reiteró de nuevo la petición.