Alertan que solo el 2,5% de los contagios de sanidad se contabilizan como accidente laboral

El próximo 8 de noviembre se cumplirán 25 años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, una norma que por mandato constitucional, desarrolla el marco normativo de garantías y responsabilidades para un adecuado nivel de protección de la salud de las personas trabajadoras, frente a los riesgos derivados de sus condiciones laborales.

Pese al amplio marco legislativo que establece la ley ‘en el papel’, en la práctica su implementación no se ha realizado de manera efectiva en los centros de trabajo, donde se incumplen de manera sistemática sus principios preventivos: evaluación de riesgos, combatir los riesgos en su origen, adaptar el puesto de trabajo, planificación de la prevención y dar las instrucciones precisas a los empleados, entre otros.

Si algo ha visibilizado esta pandemia de Covid-19 es que la prevención de riesgos laborales sigue siendo una asignatura pendiente para las diferentes administraciones, dejando de manifiesto las deficiencias que existen en los centros de trabajo como la falta de equipos de protección individual, falta de previsión y planificación, insuficiente dotación de recursos humanos que derivan en accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y desgraciadamente, en fallecimientos.

Este grado de incumplimiento y la situación caótica en la gestión de la crisis se manifiesta, de entrada, a la hora de contabilizar y acreditar los casos. Según los últimos datos de accidentes de trabajo, correspondientes al mes de agosto, hasta la fecha solo se han contabilizado 1.346 accidentes de trabajo relacionados con el Covid-19, un 2,4 por ciento de los 55.824 casos de profesionales de la sanidad que había registrados hasta esa fecha y únicamente 15 muertes.

Estas cifras carecen de credibilidad y están relacionadas por un desfase de datos o errores en la tramitación como accidente de trabajo de los contagios por profesionales en el ámbito sanitario, donde España se sitúa desgraciadamente a la cabeza.

Esta circunstancia, derivada del caos en la gestión de las bajas laborales (se contabilizan como bajas por enfermedad común en vez de accidente de trabajo) genera una pérdida económica: se dejan de percibir las guardias y la productividad, entre otros conceptos y se pierde la indemnización por secuelas.

De hecho, el colectivo de la Sanidad estuvo en desamparo hasta que el Gobierno reconoció el contagio como accidente laboral, después de las presiones de CSIF. Hoy ya se considera como tal hasta que se dé por concluida la pandemia. Nuestro sindicato, además reclama que el Gobierno califique el contagio como enfermedad profesional, a todos los efectos de pensión.

La falta de previsión del Gobierno y de las diferentes administraciones también llevó a nuestro sindicato a presentar una querella al Tribunal Supremo ya que, pese a los reiterados avisos de la Organización Mundial de la Salud, las autoridades no hicieron acopio de material de prevención al inicio de la pandemia.

ANÁLISIS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

CSIF ha realizado un análisis del grado de implantación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en las administraciones públicas y hemos comprobado que en algunos ámbitos no se llega siquiera al cumplimiento mínimo. La inversión en prevención suele ser escasa, los servicios de prevención están sobrecargados y se restringe el derecho a la consulta y participación dado que los delegados de prevención en muchos casos o bien ni están nombrados, ni se les facilita la información suficiente para llevar a cabo su labor.

En concreto, el 20 por ciento de los comités de seguridad y salud de las administraciones públicas aún no están creados, lo que muestra el desinterés en la materia, y de los que se han creado solo funcionan de manera activa el 65 por ciento. Muchos de ellos llevan meses sin convocarse a pesar de la difícil situación que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia y estando en juego la seguridad y salud de los/las profesionales. En la misma línea, hemos comprobado como el 66 por ciento de los centros de trabajo no cuentan con evaluación de riesgos.

Por todo ello CSIF ha elaborado una serie de propuestas de mejora:

• Ampliar el número de servicios de prevención.
• Adaptar la ley a las nuevas modalidades de teletrabajo.
• Potenciar la negociación colectiva. Establecer una mínima estructura en prevención, en materia de negociación, con mesas técnicas en cada ámbito.
• Actualizar el cuadro de enfermedades profesionales y mejorar la identificación y diagnóstico para que no quede todo el peso del reconocimiento de la enfermedad como profesional en las mutas.
• Garantizar la obligatoriedad de realizar evaluación completa de riesgos laborales, incluida la higiénica, ergonómica y psicosocial.
• Aplicar la prevención de riesgos con perspectiva de género e inversión en salud mental de las personas trabajadoras.
• Aumentar la actividad sanitaria de los servicios de prevención, potenciando la vigilancia de la salud colectiva.
• Incremento de la dotación de recursos humanos en Inspección de Trabajo y Seguridad Social para aumentar las inspecciones de oficio y dar mayor agilidad a los trámites.