El Consejo publica el informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad 2018

Los resultados del trabajo quedan reflejados en un total de 75 conclusiones. En opinión del Consejo, la Cuenta General se presenta, con carácter general, de acuerdo con los principios y normas contables que le son de aplicación y refleja de forma fiable la actividad económico-financiera de la Comunidad, excepto en aquellos incumplimientos y salvedades que pone de manifiesto el informe de fiscalización.

El informe concluye que la Cuenta General se ha rendido dentro del plazo contemplado normativamente, respetando la estructura prevista por la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad, y recogiendo la información establecida. No obstante, existen carencias en la información suministrada en la Memoria y la Cuenta General de la Comunidad sigue sin incluir todas las entidades, al faltar las cuentas de un consorcio.

Al igual que en ejercicios anteriores, los criterios utilizados para la formación de la Cuenta General no son compatibles con los del Estado. La elaboración de la Cuenta General del Estado establece una cuenta única consolidada de todas las entidades que integran el sector público estatal, ampliando el ámbito subjetivo también a las controladas por la Administración General del Estado. En la Comunidad sigue existiendo la división en tres cuentas generales, la de las entidades del sector público de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública, la del sector público empresarial y la del sector público fundacional. El 30 de abril de 2018 se publicó la orden por la que se aprueba el nuevo Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Castilla y León.

Presupuestos. La suma de los presupuestos definitivos del conjunto de entidades integradas en esta cuenta general sujetas al régimen de contabilidad pública ha sido de 15.349 millones de euros, habiendo experimentado una disminución de 144 millones respecto del ejercicio anterior, lo que supone un 0,9% menos.

El presupuesto inicial consolidado fue de 10.853 millones, habiéndose autorizado modificaciones que suman 197 millones y situaron el definitivo en 11.050 millones. Las obligaciones reconocidas por el conjunto de entidades han sido 10.504 millones de euros, un 1,6% inferiores a las de 2017, y los derechos reconocidos consolidados han sido 10.764 millones, un 2,1% más.

Como consecuencia de la fiscalización, el Consejo propone en el resultado presupuestario consolidado un ajuste negativo de 79 millones de euros, que sitúa la cifra total en un importe negativo de 289 millones.

Endeudamiento. El conjunto del sector público de la Comunidad alcanzó al cierre de 2018 un endeudamiento de 12.360 millones de euros, un 4,1% superior al de 2017. La Comunidad contó con las correspondientes autorizaciones de operaciones de endeudamiento por el Consejo de Ministros y se acogió al Fondo de Facilidad Financiera, a través del cual formalizó préstamos a través del Instituto de Crédito Oficial por importe de 1.649 millones. Asimismo, cumplió el límite de endeudamiento establecido dentro del objetivo de estabilidad presupuestaria, con un déficit del 0,2% del PIB regional, inferior al 0,4% fijado como objetivo. Igualmente cumplió el objetivo de deuda pública, marcado en el 21,1% del PIB, al alcanzar ese porcentaje exactamente. También cumplió el objetivo de la regla de gasto, establecido en el 2,4%, con una variación respecto a 2017 del -1,8%.

Gerencia Regional de Salud. Existen obligaciones pendientes de imputar al presupuesto de 2018 por importe de 184 millones de euros, siendo 6 millones de ejercicios anteriores. Así, experimentó un incremento del 40% respecto al ejercicio anterior, cuando se cuantificó en 132 millones de euros. Por otra parte, existen obligaciones de ejercicios anteriores indebidamente imputadas a 2018 por un importe de 126 millones de euros.

Cuenta 409. Esta cuenta refleja la existencia de obligaciones pendientes de imputar a presupuesto al cierre del ejercicio. En 2018 el saldo total (330 millones de euros) aumenta con respecto al año anterior. Las dos entidades con mayor importe en dicha cuenta son la Junta de Castilla y León y la GRS. Los principales gastos a que se refieren esas obligaciones se corresponden a personal y transferencias corrientes. En el caso de Junta, se circunscriben fundamentalmente a la Consejería de Educación.

Avales. En 2018 la Administración General concedió un aval y no canceló ninguno. La cuantía del riesgo vivo de los 24 avales existentes a fin de ejercicio suma un total de 458 millones, con una reducción anual del 5 %.

Empresas y fundaciones públicas. El número de empresas se mantiene en 1 (Somacyl) y el de entidades integradas en la cuenta general de las fundaciones públicas en 10. La fundación con mayor peso específico en relación a los gastos del ejercicio, es Siglo (42%).

Pago a proveedores. La Comunidad Autónoma tiene establecido un sistema de información pública en su página web sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el pago a proveedores. La Intervención General ha elaborado un informe sobre el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad, donde concluye que la Comunidad ha cumplido los plazos establecidos, obteniendo ratios inferiores a 30 días en todos los meses. La única empresa, Somacyl, ha superado el periodo medio de pago establecido.

Recomendaciones. Los resultados del trabajo, reflejados en 75 conclusiones, dan lugar a 19 recomendaciones, en su mayoría sobre aspectos ya reiterados en informes anteriores. No obstante, desaparecen dos recomendaciones debido a la mejora de la elaboración de los estados agregados de la cuenta y a la escasa relevancia de los avales fallidos. Asimismo, se incorporan tres nuevas, dos de ellas relacionadas con información incompleta en determinados aspectos de las cuentas de la Gerencia Regional de Salud y otra orientada a corregir la situación económico-financiera de la Fundación Patrimonio Natural.