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ANPE Soria denuncia la falta de diálogo, negociación y consenso en la 'Ley Celaá'

ANPE Soria denuncia la falta de diálogo, negociación y consenso en la 'Ley Celaá'

CAPITAL
Actualizado 25/11/2020 20:50

El sindicato de docentes avanza que el nuevo reglamento nace "bajo la premisa que será una ley derogada o modificada cuando se produzca un cambio de gobierno como ha sucedido con otras leyes educativas".

El sindicato ANPE en Soria ha querido mostrar su desacuerdo con la nueva Ley de Educación, la Lomloe o también llamada Ley Celaá, en alusión a la ministra responsable del ramo. En un comunicado, vaticinan que el texto legislativo quedará derogado en al producirse un cambio en el gobierno, al igual que ha sucedido en otras ocasiones,y a la vez ha lamentado la falta de "diálogo, negociación y consenso" para elaborar esta normativa.

El comunicado es como sigue:

"Ante la aprobación de la LOMLOE en el Congreso, ANPE Soria denuncia la falta de diálogo, negociación y consenso.

Un proyecto apresurado, cuyo objetivo inicial era derogar la LOMCE y volver a los postulados de

la LOE-LOMCE. Pero, tras la intervención de los grupos parlamentarios, que sustentan al

gobierno, y la asunción de algunas enmiendas, han convertido aquella propuesta inicial en un

texto todavía más ideologizado, mediante la incorporación de medidas muy polémicas y

controvertidas que polarizan y fraccionan cada vez más las posiciones políticas, sociales y

territoriales en el ámbito educativo.

La enmienda pactada en donde el castellano deja de ser lengua vehicular significa que deja

de ser oficial y atenta contra el derecho de una parte significativa del alumnado en

determinadas zonas de España al no recibirlas enseñanzas obligatorias en su lengua

materna. El Gobierno debe proteger los derechos lingüísticos de todos sus ciudadanos. La

desaparición del castellano como lengua vehicular afectará también al carácter estatal de

los cuerpos docentes. Confiamos en que los partidos que tengan grupo parlamentario con

capacidad de recurrir lo hagan ante el Tribunal Constitucional.

La búsqueda de promocionar y titular de manera semiautomática al alumnado quiebra los

valores de esfuerzo y mérito, y no es la solución contra el fracaso escolar. El alumnado de la

enseñanza pública será el más perjudicado por esta medida, fundamentalmente el de las clases

sociales más desfavorecidas, pues este alumnado no podrá compensar los déficits de aprendizaje

por otro medio distinto.

La pérdida de los contenidos comunes que adelgazan el currículo básico y común que corresponde

al estado ahonda más en la desvertebración educativa. En algunas enmiendas se plantea rebajar al

50% la competencia del estado al fijar el currículo básico y el otro 50% a las autonomías, por

no hablar de la pérdida cada vez más evidente de las humanidades en el currículo.

No menos sorprendente resultan las propuestas sobre el desarrollo de la profesión docente que

deja en manos de las Comunidades Autónomas la normativa que regula la formación inicial y

permanente, el acceso y el desarrollo profesional docente.

Desde ANPE Soria exigimos que sea el Ministerio el que elabore una propuesta, una vez

oídas las CCAA, para ser negociada con los legítimos representantes del profesorado.

Proponemos que se articule, en el marco de un Estatuto de la Función Pública Docente, el

ingreso y acceso a los cuerpos docentes, el establecimiento de la carrera profesional docente desde

el ingreso hasta la jubilación, regulando y consolidando un sistema de jubilación anticipada.

Además de establecer, en dicha futura norma, el derecho de movilidad del profesorado por

todo el Estado, manteniendo para ello el carácter estatal de los cuerpos docentes. Si no se

observan estas previsiones nos veremos abocados a la configuración de hecho y de derecho a 17

sistemas educativos distintos y diferentes en nuestro Estado.

Será la enésima ley educativa de nuestro país, muy alejada del” Acuerdo Básico

o Pacto de Estado”, que hubiera permitido sentar las bases de la reforma

profunda y global que necesita la educación en España y que hasta ahora ha

tenido como guía el artículo 27 de la Constitución y la interpretación que de ello

ha hecho la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

“ Una ley que responde más a ser una moneda de cambio para otros asuntos de la

gobernabilidad de España, y que nos aleja de la verdadera prioridad política y

social que es y debería ser la Educación en nuestro país”.

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