La consejera de Educación se ha reunido esta mañana con representantes de Comisiones Obreras, UGT y CECALE. La equidad, la calidad de los servicios y la empleabilidad serán algunas de las líneas por las que discurrirá la nueva estrategia. El análisis del anterior Plan General de Formación Profesional 2016-2020 confirma el despegue de la FP en Castilla y León durante este tiempo.
La Junta de Castilla y León y los agentes económicos y sociales han constituido esta mañana la Mesa del Plan General de Formación Profesional 2021-2025. El Diálogo Social empieza así el inicio de los trabajos para trazar la nueva hoja de ruta de la Formación Profesional de la Comunidad. Una labor que desarrollarán de forma conjunta, la Consejería de Educación, Comisiones Obreras, UGT y CECALE.
El futuro plan se enmarca en la III Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo. La equidad, la calidad de los servicios y la empleabilidad para jóvenes y adultos serán los principios que marquen el futuro de la Formación Profesional.
Para elaborar el plan será necesario analizar previamente la situación actual, las recomendaciones europeas y los planes en vigor a nivel nacional y regional. Así, las políticas estarán alineadas con el resto de ámbitos territoriales y podrán servir para cumplir los objetivos marcados por la Junta de Castilla y León, tanto en formación y empleo, como en políticas de cohesión y de crecimiento.
El nuevo Plan de Formación Profesional deberá orientar las enseñanzas al cumplimiento de objetivos en varias direcciones: el desarrollo personal del alumno, el ejercicio del derecho al trabajo, el acceso en igualdad a las diferentes modalidades de la formación profesional o la satisfacción de las necesidades del sistema productivo.
Asimismo, el Plan tendrá que afrontar los principales retos con los que se encuentra el sistema de Formación Profesional, a nivel regional. El reto demográfico, las tendencias del sistema productivo, el impacto de la tecnología 4.0, las necesidades de nuevos perfiles profesionales, y, por supuesto, la recuperación de la actividad y el crecimiento económico tras la crisis de la COVID-19.
Para diseñar el nuevo Plan, será muy útil analizar lo conseguido con el anterior, el Plan General de Formación Profesional 2016-2020. En este sentido, el Plan que ahora concluye ha permitido impulsar la Formación Profesional en Castilla y León de una forma importante: en este tiempo, los estudios han ganado prestigio y alumnos -en este curso los matriculados superan los 42.000-.
La inserción laboral supera el 83 % de media y se han creado más de mil puestos de aprendizaje dual con empresas de todos los sectores productivos. También se ha puesto en marcha un sistema de movilidades Erasmus para que el alumnado de FP pueda formarse en empresas de otros países europeos, siendo una de las Comunidades que más movilidades gestiona.
En estos años, se ha potenciado y aumentado casi un 40 % el número de centros integrados de Formación Profesional hasta llegar a los 32 actuales. También se ha incrementado significativamente el catálogo de titulaciones ofertadas, alcanzando 123 títulos diferentes en régimen presencial y 20 en educación a distancia.
La Formación en Centros de Trabajo se ha desarrollado de forma satisfactoria, más de 50.000 alumnos han realizado prácticas en empresas durante el desarrollo del Plan -alrededor de 11.000 cada año-, realizando más de 20 millones de horas de formación -una media de 4.125.000 horas al año-.
Por último, la Formación Profesional Dual ha despegado en Castilla y León gracias al trabajo de los últimos años, pasando de 167 a 460 empresas colaboradoras con proyectos autorizados. En estos momentos se ofertan más de mil puestos de aprendiz para un total de 20 familias profesionales, lo que supone un incremento del 253 %.
Cabe resaltar que, en cuanto al porcentaje de matrícula en estudios de FP sobre el total de estudiantes de entre 16 y 34 años, Castilla y León se situó en 2019 a la cabeza de las comunidades autónomas, alcanzando el 40 % (Galicia 34 %, País Vasco 32 %, Andalucía 26 % y la Comunidad de Madrid 19 %, por citar algunas comunidades relevantes).