La consejera de Empleo defiende una FP para el Empleo ligada al mundo laboral y empresarial

La Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo se constituye como un nuevo órgano de cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, para coordinar y colaborar en aquellas políticas de formación profesional asociadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales; es decir, aquellas que dan lugar a una acreditación oficial o certificado de profesionalidad.

La creación de este nuevo órgano de colaboración entre el Ministerio y las Comunidades responde al nuevo reparto de competencias ministeriales llevado a cabo por el gobierno de España el pasado mes de enero. Mediante esta reestructuración, el Ministerio de Educación y F.P. pasó a asumir la gestión de la formación profesional para el empleo asociada al Sistema Nacional de las Cualificaciones Profesionales, una competencia que históricamente ha estado ligada a los ministerios responsables de las políticas laborales y de empleo.

La unificación en un mismo ministerio del Sistema de Formación Profesional Reglada y el Sistema de Formación Profesional para el Empleo obliga a extremar la colaboración con los gobiernos Autonómicos, responsables del diseño, ejecución y gestión de estas políticas, máxime teniendo en cuenta que en determinadas Comunidades – entre ellas Castilla y León- estas competencias dependen de la Consejería de Empleo e Industria y forman parte de las políticas activas de empleo que se diseñan en el marco del Diálogo Social.

En este sentido, la consejera ha defendido la necesidad de que esta formación se mantenga ligada al mundo de la empresa y de la negociación colectiva. Este nexo constituye una garantía de mejor adaptación a las necesidades reales del tejido productivo. Por eso - ha defendido- debe tener un carácter dinámico y ser capaz de detectar y anticiparse a las necesidades del mercado laboral, sin olvidar a los colectivos con especiales dificultades de empleabilidad

Así mismo, Amigo considera que el traspaso de competencias y medios entre el Ministerios de Educación y Formación Profesional y el Ministerio de Trabajo y Economía Social debe realizarse de modo que no repercuta negativamente en la programación que ya tienen las Comunidades Autónomas, garantizándose los recursos económicos necesarios para su desarrollo. Especialmente, teniendo en cuenta el complicado momento en el que nos encontramos, y que exige un esfuerzo adicional de trabajadores y empresas para adaptarse a un mercado laboral cambiante, como consecuencia de la crisis, por un lado, y de los procesos de digitalización, por otro.