El consejero, Ángel Ibáñez anuncia algunas novedades, entre las que destaca el compromiso de la Administración con la implantación de un programa de Compliance en el ámbito del sector público que, impulsado a través de la Dirección de los Servicios Jurídicos, servirá para evitar comportamientos delictivos
Esta tarde, el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, ha presentado ante la comisión en las Cortes la partida del presupuesto que corresponde a la Consejería. A lo largo de su intervención ha desgranado las cuantías que suman al presupuesto total de más de 141 millones de euros, lo cual supone un 1,15% del total del presupuesto de la Junta, siendo una de las consejerías que menos gasto supone a la Administración, y estando este dedicado en su mayor parte a ayudar a las entidades locales en lo que es una apuesta decidida por el mundo local sin reparo, como se viene haciendo desde el inicio de la legislatura y con especial incidencia en la lucha contra la COVID.
En referencia al compromiso de la Junta con el desarrollo económico, social y medio ambiental del territorio, el consejero ha recordado que Castilla y León ha sido la comunidad donde se han habilitado más ayudas a las entidades locales mediante los Fondos Extraordinarios, indicando que estos nuevos presupuestos incluyen nuevamente esa previsión. En este sentido, Ibáñez ha expuesto que el presupuesto de la Consejería para 2021 se vuelca con las entidades locales mostrando un esfuerzo extraordinario, ya que se dedicarán a ellas 104 millones de euros de los 141 del total, arrojando un dato significativo y es que 3 de cada 4 euros de la Consejería irán directamente destinados a financiar a ayuntamientos, diputaciones y la Comarca de El Bierzo.
Esta partida para la cooperación con las entidades locales suma a un esfuerzo global de la Junta que asciende en los presupuestos a 346 millones de euros, de los cuales casi 84 están dirigidos a la cooperación económica local y gestionados íntegramente por la Consejería de la Presidencia, y más de 262 millones a la cooperación sectorial gestionados por otros departamentos de la Junta, lo que en la práctica supone un aumento total de más del 20% con respecto a las cuentas de 2018.
En el ámbito de la Administración Local, Ibáñez ha hecho hincapié en la importante labor que la Consejería ha acometido con los instrumentos de financiación local, con el objeto de contribuir de forma efectiva a la recuperación económica y social de la crisis, para ello se ha agilizado la percepción de los fondos de las ayudas y subvenciones por parte de las entidades locales y se han adaptado las líneas de subvenciones para conseguir mayor efectividad en la reactivación económica. Esta adecuación se ha hecho conforme a los compromisos adquiridos por todas las administraciones públicas con un futuro mejor para las personas, asegurando la prosperidad y el crecimiento sostenible de la sociedad, todo ello plasmado en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la Agenda 2030 por parte de las entidades locales. Una oportunidad, según ha explicado el consejero, de seguir avanzando en la realización de inversiones que sean compatibles con una agenda global y común que permita que Castilla y León esté en línea con la sostenibilidad en nuestro territorio.
Compromiso con la estabilización de la Función Pública
Uno de los pilares fundamentales que gestiona la Consejería de la Presidencia está en la gestión de la Función Pública de la Comunidad, y tal como comprometió el consejero al inicio de la legislatura, la apuesta firme de la Junta es su estabilización, para ello el presupuesto de la consejería destina casi 10 millones de euros. De esta forma el consejero ha recordado que desde que se iniciase la legislatura se han convocado más de 30 procesos selectivos que promueven más de 1200 plazas, y que hay por delante un reto clave como es el de establecer y aprobar unas nuevas Relaciones de Puestos de Trabajo que respondan a las exigencias de las funciones a desarrollar desde la Junta de cara al futuro de la Administración Pública.
De la cuantía para la Función Pública, se desprende la especial apuesta por la formación y perfeccionamiento que posibiliten la mejor prestación de unos servicios públicos reconocidos por su calidad, de esta forma se destinan más de 2,5 millones de euros a acciones formativas del personal de la Administración de la Comunidad, así como de las entidades locales y del Personal de Administración y Servicios de las universidades públicas. El consejero ha destacado como novedad que esa cifra se ve adicionalmente incrementada en 50.000 euros para, en colaboración las Cortes e Instituciones Propias de la Comunidad, complementar la formación de su personal a través de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León.
Agenda 2030, eje transversal del compromiso de la Junta con la sostenibilidad
Dado el carácter transversal de la Consejería de la Presidencia, está en su haber promover todo lo relacionado con la Agenda 2030 y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcado por la ONU en 2015, centrando por tanto sus esfuerzos en impregnar la acción política de la Junta. El consejero ha recordado que el Gobierno de Castilla y León está comprometido con esta línea de trabajo por lo que el presupuesto de 2021 impulsará el cumplimento tanto de la Agenda como de los ODS consolidando la participación de los castellanos y leoneses con la sostenibilidad a través de entidades como las Universidades Públicas u otras instituciones como CAVECAL o el Consejo Regional de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León. En este sentido Ibáñez ha anunciado que, como cristalización a la labor de análisis de la Agenda 2030 en la Comunidad, la aprobación de los presupuestos de 2021 coincidirá con la primera evaluación de las Directrices de Implementación de la Agenda 2030 en Castilla y León.
Asimismo, recordó en este punto que la Agenda es objetivo nuclear de las inversiones que se promueven en las entidades locales y con ellas se actúa en un grupo de trabajo constituido en el seno de la Conferencia de Titulares de Alcaldías y Presidencias de Diputación, colaborando activamente y de forma particular en este sentido con la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León
Novedades de la Consejería de la Presidencia en el nuevo ejercicio
A lo largo de la comparecencia Ibáñez ha desgranado algunos asuntos que tomarán especial relevancia a lo largo del nuevo ejercicio y que tienen su previsión en el nuevo presupuesto, tales como la labor para la protección, reconocimiento y sostenimiento de las víctimas del terrorismo en la Comunidad, para lo cual se mantiene el trabajo desarrollado hasta ahora con la actividad “Testimonio de las víctimas del terrorismo en las aulas”, que ha permitido hasta el momento participar a 2.690 alumnos y, de forma adicional y como novedad, la institucionalización de un acto público que, con carácter anual y cuando las circunstancias lo permitan, contribuirá al reconocimiento y homenaje a la memoria de las víctimas en Castilla y León. En este sentido, el consejero dedicó un sincero recuerdo a la memoria del comandante Juan José Aliste, tristemente fallecido en junio de este año y que representaba al colectivo de las víctimas en Castilla y León.
Por otro lado, desde la perspectiva de las Relaciones Institucionales, Ibáñez anunció importantes avances en la colaboración efectiva con otras entidades, dando un salto cualitativo en su relación con las Cortes a través de la consolidación de la relación telemática entre ambas instituciones lo cual que favorecerá el intercambio de información, así como otros avances para agilizar trámites que afecten a asociaciones y fundaciones.
En otros temas que atañen a la dirección de Relaciones Institucionales, destacó la importante labor de la Mesa del Juego Responsable, que seguirá trabajando para recoger el sentir de todos los actores implicados en el sector y favorecer la adaptación de la normativa de juego y apuestas a la realidad social existente, fruto del consenso y con la mirada puesta en la protección de los colectivos más vulnerables.
Uno de los anuncios más relevantes de la comparecencia en relación con el nuevo ejercicio, es el que atañe al compromiso pronunciado por el presidente de la Junta de Castilla y León en julio de este año y que ya se prevé en el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas de acompañamiento al Presupuesto, en relación con el control público preventivo de los entes del sector público de Castilla y León a través del denominado “compliance”.
Tal y como ha explicado el consejero, esto se llevará a cabo por la Consejería de la Presidencia, a través de la Dirección de los Servicios Jurídicos, y que previa modificación de la Ley Reguladora de la Asistencia Jurídica de la Comunidad, permitirá a la dirección el asesoramiento jurídico preventivo mediante la adopción de medidas de cumplimiento normativo y de control en el sector público de la Comunidad de Castilla y León, de forma especial en sus empresas públicas. De esta forma la Junta pretende elevar a los más altos estándares de integridad las actuaciones de la Administración Pública priorizando el interés público sobre intereses particulares. Además, y tal como ha indicado Ibáñez, la implantación de este programa de Compliance penal en aquellas entidades jurídico-privadas financiadas públicamente, constituye una medida adicional y eficaz para evitar comportamientos delictivos y garantizar el cumplimiento de la legalidad, evitando posibles actuaciones individuales y personales inadecuadas de sus directivos.
El compromiso de la Consejería a este respecto es total, entendiendo que para su correcto desarrollo es necesario adaptarse a los cambios normativos y proporcionar una rápida y eficaz contestación para lo que resultan esenciales las actuaciones formativas para los Letrados de los Servicios Jurídicos de la Comunidad. El presupuesto 2021 prevé la formación conjunta con los colectivos de Jueces y Fiscales para lo que se va a seguir apostando por la organización de congresos, cursos y seminarios que garanticen la máxima profesionalidad del personal, a la vez que se ofrece a los jueces y fiscales un acercamiento a la problemática y materias propias de la actuación de la Administración autonómica colaborando así con una mejor y más profesional administración de la Justicia al ciudadano.