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La Junta considera que la Ley de Memoria Democrática debiera ser de consenso pero su texto ni siquiera pretende alcanzarlo

La Junta considera que la Ley de Memoria Democrática debiera ser de consenso pero su texto ni siquiera pretende alcanzarlo

CASTILLA Y LEóN
Actualizado 10/12/2020 17:26

Para el vicepresidente de la región se trata de una ley “innecesaria, burocrática, redundante y que no cumple con los objetivos que dice defender”.

El vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, ha remitido esta mañana a la Secretaría de Estado de la Memoria Democrática las aportaciones al texto del Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, que como centro directivo competente en la materia se formulan en nombre de la Junta de Castilla y León.

Entre las cuestiones que se advierten desde Castilla y León se señala que la ley debiera ser de consenso y el texto ni siquiera pretende alcanzarlo. Francisco Igea ha manifestado que se trata de una ley “innecesaria, burocrática, redundante y que no cumple con los objetivos que dice defender”. La ley solamente considera víctimas a las de un bando y no a las del otro pues estima que ya fueron suficientemente reparadas y procura que permanezcan en el olvido y tampoco considera víctimas a los no contendientes.

El Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática solicitó a la Junta de Castilla y León, el pasado 18 de noviembre, sus aportaciones como parte de la tramitación del Anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática. Le corresponde a la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior trasladar esas consideraciones por ser competente en materia de memoria histórica y democrática, en virtud del artículo 5.2.e) del Decreto 20/2019, de 1 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, modificado por Decreto 6/2020 de 16 de julio.

Igea ha compartido hoy en Consejo de Gobierno esta información y en la rueda de prensa celebrada a continuación ha afirmado que, “en el anteproyecto de ley propuesto es importante que estén presentes todas las víctimas del totalitarismo, ejecuciones extrajudiciales, fanatismo y barbarie que fueron víctimas por sus creencias, ideas o convicciones”. Y ha apostillado el vicepresidente: “No creemos en una España de bandos o trincheras”. En el informe de alegaciones remitido este jueves al Gobierno de España se apuntan consideraciones acerca de la necesidad de un nuevo texto, aspectos de técnica normativa, observaciones políticas y unas consideraciones finales.

Una Ley de Memoria que debe servir para denunciar y reparar

En las alegaciones rubricadas por el vicepresidente Francisco Igea se afirma que una ley sobre esta materia “debe sanar las heridas, eliminar las trincheras y diluir los bloques enfrentados”. Si bien el anteproyecto habla de todas las víctimas producidas con motivo del Golpe de Estado, la guerra y el alzamiento, parece hacer una distinción cuando dice que, durante el franquismo, “se establecieron importantes medidas de reconocimiento y reparación moral y económica a las víctimas que habían combatido o posicionado a favor del Golpe de Estado”. Es decir, el anteproyecto parece distinguir dos tipos de víctimas: las que combatieron o se posicionaron a favor del Golpe de Estado –ocasionadas, se supone, por los que combatieron en contra-, y las que produjeron el golpe y la dictadura. Pero eso significa que, según el anteproyecto, todas las víctimas de la violencia de partidos de izquierda en la retaguardia –por ejemplo, las ocasionadas por las milicias en Madrid o los anarquistas en Barcelona- lo fueron por participar en el Golpe de Estado. Y de este modo las víctimas, en vez de ser reparadas, son estigmatizadas.

Asimismo se señala que a tenor del análisis realizado, parece revelarse un planteamiento poco recomendable: “el franquismo –el anteproyecto parece sugerir- ya homenajeó a sus víctimas; es el momento de que la democracia rinda tributo a las suyas”. De este modo, continúa el informe, se traza una línea que une a la izquierda con la República y la Democracia, y otra que vincula a la derecha con el franquismo. No parece, desde luego, lo más recomendable para eliminar las trincheras y sanar las heridas. Es obvio, se recoge en las alegaciones de modo literal, “que la Democracia debe reconocer a todas las víctimas del fanatismo, el sectarismo, el tribalismo y la barbarie, sin establecer la menor diferencia en torno a la adscripción política de los perpetradores, ni si la dictadura franquista previamente las hizo suyas”. Plantea también la Junta de Castilla y León que “sería razonable reconocer a los que se resistieron a dejarse absorber por el torbellino polarizador de odio, ayudaron a los que el vendaval derribaba, tuvieron que huir o fueron destruidos por él”.

Olvido de las víctimas de ETA en Democracia

Entre las alegaciones al anteproyecto de ley propuesto por el Gobierno de España se alude a la propuesta de “reconocer la dignidad de las víctimas de toda forma de violencia intolerante y fanática”, “neutralizar el olvido” y “detectar y desactivar las derivas totalitarias o antidemocráticas” que crecen en el seno de la sociedad. Y que a continuación se establezca un tiempo cerrado de vigencia: desde el Golpe de Estado de 1936 hasta la aprobación de la Constitución. La cuestión, se señala por parte del Gobierno autonómico, es que de este modo quedan fuera de la Memoria Democrática las víctimas ocurridas en democracia por la acción de una banda terrorista, totalitaria y antidemocrática. Es más, se da la circunstancia de que “este anteproyecto parece prestar más atención a las víctimas de ETA producidas en la Dictadura que a las víctimas ocasionadas fruto de sus actos terroristas cometidos en Democracia”.

Debe recordarse, a colación de esta cuestión, que según un informe de Dignidad y Justicia en la actualidad existen 378 crímenes sin resolver, cuyos autores están previsiblemente entre nosotros. Por eso, y así se escribe en el informe, “parece ésta una propuesta de memoria senil, capaz de recordar acontecimientos muy lejanos en el tiempo y con importantes lagunas en los más cercanos”.

No existe justificación para una nueva ley

En opinión de la Junta de Castilla y León, las razones que se aducen para justificar un nuevo texto en esta materia no son suficientes y “no existe justificación para un nuevo texto cabecera de esta política pública”. El texto que se ha analizado, planteado por el Gobierno de España, viene a derogar la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura –conocida de manera resumida como Ley de Memoria Histórica-.

El vicepresidente y consejero traslada en el informe de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior que en el anteproyecto de ley se percibe una razón histórica cortoplacista, como es que durante las dos Legislaturas anteriores no se desarrolló ni se aplicó la Ley de Memoria Histórica, sino que hubo un parón en la ejecución de esta política pública ante el desinterés de unos gobiernos que no destinaron partida presupuestaria alguna a esta política. Así, en consecuencia, no parece que tal razón justifique la necesidad de un nuevo texto normativo, pues bastaría con aplicar el anterior. Y en segundo lugar, tampoco existe un clamor popular en esta materia que justifique la elaboración de una nueva Ley, según se señala como argumento para elaborar y aprobar este nuevo texto.

Al respecto de la técnica normativa, se destaca que este anteproyecto de ley es largo -66 artículos, distribuidos en cinco títulos, ocho disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y ocho disposiciones finales- y excesivamente burocrático y complejo –por ser también excesivamente reglamentario.

Observaciones políticas

Las principales observaciones políticas señaladas en este informe de alegaciones se detiene en el doble objetivo que plantea este anteproyecto de ley de Memoria Democrática; esto es, por un lado, “fomentar el conocimiento de la etapa democrática de nuestra historia y de todas aquellas figuras individuales y movimientos colectivos que con grandes sacrificios, fueran construyendo progresivamente los nexos de cultura democrática que permitieron llegar a los acuerdos de la Constitución de 1978”; y por otro, “perseguir y mantener la memoria de las víctimas de la Guerra y la dictadura franquista a través de la verdad (…) para evitar la repetición de cualquier forma de violencia política o totalitarismo”.

Para la Junta de Castilla y León se obvian otras importantes etapas democráticas de nuestra historia constitucional, ya que concluye refiriéndose a los acuerdos de la Constitución de 1978. Así, en la exposición de motivos del anteproyecto de ley se omite alusión alguna –al hablar de nuestro constitucionalismo- sobre la progresista de 1837, la de la década moderada de 1845 y la que presidió la España de la restauración de 1876.

Sobre el segundo objetivo anunciado es, en opinión del Ejecutivo castellano y leonés, “el auténtico, real y único objetivo de la Ley: perseguir y mantener la memoria de la historia de la Guerra y la dictadura franquista”. Desde la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior se señala que el concepto de “víctima” -aparentemente neutro y objetivo- se ve mediatizado cuando se ejemplifica o particulariza.

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