Refuerzo al compromiso regional con la defensa de los Derechos Humanos para reducir la pobreza y las desigualdades

Este año no es posible hablar de derechos sin tener en cuenta la pandemia provocada por la COVID-19 y el agravamiento que ha supuesto en las condiciones de vida de millones de personas que se encuentran en lugares con un acceso limitado al agua, a sistemas de saneamiento e instalaciones de salud, exponiéndoles a la indefensión ante esta emergencia sanitaria. Avanzar hacia la construcción de objetivos comunes implica tomar los derechos humanos como base para hacer frente a las desigualdades, la exclusión, la discriminación y la pobreza en el mundo.

Del mismo modo, los derechos humanos son esenciales para el logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de la Agenda 2030 adoptada por 193 países, que representa el compromiso internacional para hacer frente a los retos sociales, económicos y medioambientales de la globalización situando en el centro a las personas, el planeta, la prosperidad y la paz.

Para la Junta de Castilla y León, la protección, la defensa y la promoción de los derechos humanos es una prioridad, siendo un objetivo fundamental de todas sus políticas públicas, en concordancia con el artículo 14 de la Constitución Española, así como el artículo 8 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y la Ley 9/2006 de 10 de octubre de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad.

Una de las formas en las que la Junta de Castilla y León incide en los derechos humanos es a través de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, financiando intervenciones en países empobrecidos que produzcan una mejora en los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como el derecho humano a la alimentación, al agua potable y saneamiento, a la educación, a la salud, a la vivienda adecuada y digna y a un nivel de vida adecuada y medios de subsistencia.

Así, en este año 2020 se han apoyado un total de 27 intervenciones de las que siete han estado enfocadas a garantizar el derecho al agua potable y saneamiento, seis relacionadas con el derecho a la alimentación, diez en educación, tres en salud y un proyecto en materia de vivienda adecuada, en países de áfrica Subsahariana, América central y Caribe, América del Sur y Asia, concretamente en India.

Estos proyectos han beneficiado directamente a cerca de 120.000 personas -de las cuales 65.000 son mujeres- que acceden de forma igualitaria a los recursos educativos, sanitarios y económicos, con el objetivo de fomentar su papel activo en la sociedad, incidiendo de una manera expresa en el empoderamiento de las mismas, así como en la lucha contra todas las formas de violencia y discriminación.

La implicación de la ciudadanía castellana y leonesa en la defensa de los derechos humanos es imprescindible para conseguir avances en esta materia. Por ello, desde la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global, una de las modalidades de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, se trabaja por el compromiso activo de nuestra Comunidad de manera que sea consciente de que vivimos en un mundo interconectado dónde nuestras acciones provocan cambios a nivel local, en nuestro entorno, pero con implicaciones globales.

Conocer en qué consisten los Derechos Humanos y cuál es la situación de los colectivos que no pueden verlos cumplidos es una forma eficaz de ponernos en el lugar del otro y apoyarlos de manera decidida. A través de proyectos de voluntariado, formaciones y del trabajo en los centros educativos, se promueve una ciudadanía crítica con actitudes y valores capaces de generar cambios en sus vidas y en la de la comunidad.

El 10 de diciembre es para el Gobierno autonómico una oportunidad de reafirmar la importancia de los derechos humanos para construir de nuevo el mundo que queremos, la necesidad de solidaridad mundial y la interconexión que compartimos como seres humanos sin dejar a nadie atrás, por ello colabora, junto con todas las comunidades autónomas, en acciones de difusión de este compromiso común.