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Condenan a la empresa que gestiona 'El Parque' a abonar el 100% de los salarios de 22 trabajadoras contagiadas por el virus

Condenan a la empresa que gestiona 'El Parque' a abonar el 100% de los salarios de 22 trabajadoras contagiadas por el virus

CAPITAL
Actualizado 17/12/2020 13:00

FesP-UGT logra ante el Juzgado de lo Social de Soria que salga adelante la denuncia de las empleadas que contrajeron la enfermedad durante el estado de alarma.

La Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT) en Soria ha obtenido una sentencia favorable en una denuncia de 22 trabajadoras de la residencia 'El Parque', en la capital, por la que exigían el pago íntegro de los salarios tras haber contraído La COVID-19 y haber causado baja laboral.

De este modo, según ha explicado Alberto Lozano, responsable de FeSP-UGT, la empresa que gestiona el centro residencial, perteneciente al grupo Clece, deberá abonar los sueldos en su totalidad, ya que en principio, el convenio colectivo contempla estos pagos, y a mayores, también dos decretos que publicó el Gobierno en el periodo de alarma exponen que el contraer la enfermedad en el ámbito sanitario o sociosanitario se considerará como accidentes de trabajo o enfermedad profesional. "Evidentemente, durante los ventiún días de baja estas trabajadoras deberían haber cobrado el cien por cien de su salario", ha recalcado el dirigente sindical, y no el 60% de 18 jornadas, ya que la legislación contempla que las bajas tienen carencia en los emolumentos salariales en los tres primeros días.

Lozano ha expuesto que la empresa no abonó este porcentaje que había que complemetar a lo que recibían las empleadas de la Seguridad Social. "Durante el periodo de baja, en los tres primeros días no cobraron nada, y del cuarto al 21 lo que han cobrado es el 60%". Se trata de una "penalización" a trabajadoras que "han estado dejándose la piel y con el riesgo de llevar el covid a sus casas". Así las cosas, la cuantía total que las afectadas deberán percibir es de 11.000 euros, aunque el sindicato no descarta pedir indemnizaciones compensatorias.

De igual modo, ha significado que los empleados del Sacyl han percibido una "paga covid", la cual es "merecidísima", pero también debería ser aplicada a las plantillas de residencias y las que cubren el servicio de asistencia a domicilio. También ha denunciado que la empresa "ha hecho negocio" con el salario de las trabajadoras.

La sentencia es pionera en Castilla y León y posiblemente en España, según ha mencionado Lozano. "Es un tema sumamente importante", ha añadido, a la vez que ha afirmado que la empresa, con la excusa "del mal pagador", consideró que las empleadas habían contraído la enfermedad fuera de su centro de trabajo, si bien el propio decreto del Gobierno, en concreto el 19-2020 reconoce que cualquier trabajador de los servicios sanitarios y sociosanitarios, "solo por el desarrollo de sus funciones," resulta contagiado se considera que ha adquirido la infección en el desempeño de sus funciones. "Por tanto, se trata de accidente de trabajo o enfermedad profesional", ha remarcado.

Así mismo, ha abundado diciendo que la parte condenada negó que se hallaba en el ámbito sociosanitario, sino "de servicio social únicamente", algo que para Lozano no es razonable, ya que en los geriátricos están empleados médicos, enfermeras, fisioterapeutas. "Las dos excusas son peregrinas y caen por su propio peso", ha sentenciado.

Valentía

A la rueda informativa acudía el secretario de la federación del sindicato en Castilla y León, Tomás Pérez, quien ha puesto el foco en que la sentencia que ha devenido por la "valentía" de las trabajadoras en su denuncia y en el apoyo recibido por parte de FeSP-UGT.

También ha mencionado que en Castilla y León solo hay cuatro inspectores para vigilar el buen funcionamiento de las residencias, 1.214 en toda la Comunidad (18 de titularidad pública), y tras las denuncias efectuadas por el sindicato, la Junta ha anunciado la contratación de nueve. Sin embargo ha asegurado que en los centros asistenciales privados "ni Junta ni empresas lo ven como un derecho, sino como un negocio", con el "regateo de derechos y exprimiendo a las trabajadoras".

Para Pérez, la sentencia, de "importancia capital" puede ser extrapolada a todo el Estado, siendo que en Castilla y León hay 20.000 personas empleadas en el ámbito sociosanitario.

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