El TSJCyL urge al Ministerio de Justicia a que ponga vigilantes de seguridad en todos los Juzgados Único

La Sala de Gobierno del TSJCyL, en su última reunión celebrada esta semana, ha tomado conocimiento de los informes recibidos respecto a la situación de inseguridad de los Juzgados Únicos -especialmente del documento elaborado por el presidente de la Audiencia Provincial de Segovia- y ha acordado en consecuencia solicitar una vez más al Ministerio

de Justicia que adopte las medidas para garantizar la seguridad de los edificios judiciales, de las personas que trabajan en los mismos y de los ciudadanos que a ellos acuden.

El alto tribunal de Castilla y León ha recordado al Ministerio de Justicia que tiene encomendada la custodia de las sedes judiciales y de las personas, y le ha requerido para que contrate a los vigilantes de seguridad necesarios

para cumplir con su obligación.

Los escritos analizados por la Sala han coincidido en que se establezca un servicio de vigilancia en las sedes de aquellos partidos judiciales que cuentan con un único Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. De manera significativa, se ha tenido en cuenta el informe remitido sobre el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Santa María la Real de Nieva (Segovia), tras el atentado sufrido el pasado 1 de diciembre por la titular del mismo, la magistrada Sonsoles Sanchidrián Velayos.

Advertencias del peligro

La Sala ha resaltado que en los últimos años ha elaborado expedientes gubernativos por alteraciones del orden público en sedes judiciales y ha dictado acuerdos en los que solicitaba proteger dichos edificios. En concreto, había advertido del peligro que suponía que Juzgados situados en núcleos rurales y ajenos a cualquier tipo de medida de protección no

tuviesen el auxilio de vigilantes de seguridad.

Es el caso por ejemplo de los expedientes sobre carencias de protección e incidentes graves ocurridos en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puebla de Sanabria (Zamora, febrero de 2013 y de 2020); en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca (Burgos, octubre de 2015 y de 2019); y en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villablino (León, febrero de 2018).

En todos ellos, se instaba al Ministerio de Justicia, a través de su Gerencia Territorial, a que “tomase conocimiento del evidente riesgo que se le mostraba y a que adoptase las medidas oportunas para evitar que se produjesen hechos de trágicas consecuencias”.

Agresión reciente grave

La situación más hiriente se produjo hace tan sólo unos días en la sede judicial de Santa María la Real de Nieva. Al concluir su jornada, la juez titular fue objeto de una agresión por parte de un litigante al que había sido notificada el día anterior una resolución dictada por ella.

El atentado se produjo en las inmediaciones de la sede y continuó en el interior de la misma, en la que la juez trató de refugiarse. Las heridas por arma blanca de carácter grave determinaron su ingreso en un centro hospitalario durante once días, un hecho que según el Tribunal “pudo haberse evitado de existir la reclamada medida”.

Como consecuencia de estos lamentables hechos, la Gerencia Territorial adscribió al día siguiente del suceso a un vigilante privado para dar cobertura a la necesidad de seguridad por un periodo de veinte días. Sin

embargo, justo un día después recibió la orden expresa, por parte del Ministerio de Justicia, para que anulase dicha medida.

Desgraciadamente, este caso no ha sido el primero. Como antes se indicaba, en los últimos años han acaecido situaciones similares en distintos partidos judiciales de la Comunidad (Sepúlveda, Vitigudino, Villablino, Puebla de Sanabria, Almazán o Briviesca), que “hacían presagiar un hecho de las dimensiones sufridas en Santa María la Real de Nieva”.