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El Ingreso Mínimo Vital llega a 325 personas en Soria

El Ingreso Mínimo Vital llega a 325 personas en Soria

PROVINCIA
Actualizado 28/12/2020 17:55

Miguel Latorre destaca el “esfuerzo y la profesionalidad” demostrada por los empleados públicos para tramitar en este periodo de pandemia las prestaciones a las que tenían derecho los trabajadores.

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ha tenido palabras de reconocimiento y agradecimiento para los trabajadores de los servicios periféricos de la Administración General del Estado en la provincia del ámbito del Empleo y de la Seguridad Social por la “profesionalidad y el esfuerzo realizado durante estos meses de pandemia para conseguir tramitar lo mejor y más deprisa posible las prestaciones a las que los trabajadores tenían derecho en virtud de la legislación para paliar los efectos de la pandemia en la economía de los hogares”.

Así lo manifestaba en la reunión por videoconferencia de la Comisión de Asistencia del Subdelegado que se celebró justo antes del comienzo de las fiestas navideñas en la que Latorre destacó que “el objetivo prioritario de este Gobierno de España ha sido y será que nadie se quede atrás”.

En esta reunión se analizó lo que había sido este atípico 2020 y las principales actuaciones que hay que acometer de cara a 2021. Cuando se establecieron los objetivos para el año en curso era difícil imaginar una situación como la que se ha producido a consecuencia de la incidencia de la covid-19 y el “enorme impacto que está teniendo en nuestra salud, nuestra economía, nuestra sociedad, las plantillas de los distintos servicios de la Administración y en nuestra necesidad de protección social”.

SEPE

Por lo que respecta al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), su responsable en Soria, Araceli Conde, destacó que la declaración del estado de alarma y la aprobación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, que estableció la prórroga de estas medidas hasta el 31 de enero de 2021, supusieron que hubiera que atender a la protección de las situaciones de necesidad creadas por la suspensión de contratos y reducción de jornada ocasionadas, es decir, medidas en prestaciones derivadas de ERTE, en distintas modalidades, fuerza mayor o ETOP (causas técnicas, económicas, organizativas y de producción). La normativa se ha ido adaptando a las necesidades que la pandemia marcaba en cada momento.

Al margen de los ERTE, al mismo tiempo, se han ido estableciendo medidas de protección al desempleo, en lo relativo tanto a las prestaciones de carácter contributivo como a los subsidios y prestaciones de carácter asistencial, con prórrogas automáticas de algunos de ellos y flexibilización de algunos de los requisitos de acceso, como el caso de las extinciones de la relación laboral producidas durante el período de prueba a partir del día 9 de marzo, constituyendo por sí mismas situación legal de desempleo o el caso de los trabajadores que hubieran cesado voluntariamente para colocarse en otra empresa y por las circunstancias sobrevenidas hayan visto frustrada esa colocación.

También se ha procedido a la creación de nuevos subsidios como el subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal, el subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial para Empleados de hogar, algunos dirigidos al ámbito de la cultura, o, entre otros, el subsidio denominado SACO (Subsidio agotamiento COVID) que comenzará a tramitarse en breve.

Hasta mediados de diciembre de 2020, el SEPE ha tramitado en Soria 35.500 expedientes, de los cuales más de 27.000 corresponden a expedientes de ERTE, que han dado lugar a un importe de nómina, que a finales de noviembre ascendía a 43 millones de euros. Supone un incremento muy importante puesto que la nómina de todo 2019 alcanzó los 25 millones de euros. Cuando concluya el año, SEPE habrá abonado del orden de 50 millones de euros.

Dependencias de Trabajo e Inmigración

El jefe de la Dependencia de Trabajo e Inmigración de la Subdelegación del Gobierno, Pedro Ortega, destacó que por lo que respecta a Extranjería y ,a pesar de la pandemia, el número de expedientes tramitados se mantiene en cifras similares al año pasado, unos 840. Además, se observa una estabilización frente a los aumentos experimentados en 2018 y 2019.

Desgranó las cifras de cuatro tipos de autorizaciones. Por lo que respecta a reagrupaciones familiares se ha notado una reducción considerable con respecto al año pasado, algo achacable a la covid-19. En cuanto a las autorizaciones de trabajo por cuenta ajena se han incrementado al doble respecto a 2019. Así mismo, las autorizaciones de trabajo de temporada o campaña se han incrementado manifiestamente por la contratación de alguna empresa para trabajos agrícolas. Igualmente destacó el incremento de 2,5 veces respecto al año anterior de las autorizaciones por circunstancias excepcionales como el arraigo social.

El sistema de cita previa que hubo que implantar para frenar la expansión del coronavirus obligó a “una alta capacidad de adaptación por parte de los funcionarios y funcionarias puesto que fue un cambio drástico en los modelos y procedimientos anteriores”. Una vez que la situación vuelva a la normalidad anterior a la crisis sanitaria, se valorará el mantenimiento de medidas como el sistema de cita previa y se aumentará la capacidad de atención al ciudadano destinando más efectivos y recuperando la información presencial.

INSS y Tesorería

La directora provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, Raquel de Diego, informó de que el INSS ha reconocido a 133 hogares de Soria el Ingreso Mínimo Vital (IMV). De esta manera, la prestación llega ya en diciembre a 326 personas, de las que el 44%, un total de 142, son menores.

Los hogares beneficiarios reciben en estos días el importe del pago correspondiente a la nómina de diciembre, la séptima que abona la Seguridad Social.

De Diego explicó que el IMV es una norma en continua evaluación. Fruto de los primeros análisis, ya se hicieron algunos ajustes normativos en septiembre, que han permitido facilitar y agilizar notablemente la tramitación de expedientes. No obstante, se van a introducir nuevas mejoras que permitirán adaptar la norma a la pluralidad de situaciones de convivencia que se producen en la vida diaria, fundamentalmente entre las personas en situación de vulnerabilidad económica que, a menudo se ven obligadas a compartir vivienda.

En este sentido, está prevista una próxima modificación normativa para que la acreditación de la unidad de convivencia se pueda realizar mediante un certificado de los Servicios Sociales.

La responsable de la Seguridad Social en la provincia recordó que el Gobierno de España ya se posicionó claramente sobre que Soria sería el lugar en el que se ubicaría el Centro de Proceso de Datos (CPD) del organismo. De hecho, el propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, solicitó al alcalde de la capital la cesión de una parcela en suelo municipal para acometer el traslado de este centro que dará empleo directo hasta a 50 personas.

El solar que se solicita está ubicado en el centro del SUR-D9, ocupa un área de 37.000 metros cuadrados y es idóneo para dar respuesta a todas las necesidades de una instalación de este tipo.

Miguel Latorre destacó que esta cesión supondría un paso importante para avanzar en el Plan de Deslocalización de Infraestructuras Públicas, una de las medidas clave acordadas en la primera Comisión Delegada para el Reto Demográfico, en la que se concretó toda una batería de medidas transversales para luchar contra la despoblación y ofrecer oportunidades de desarrollo en todo el territorio.

El CPD alberga toda la información de la Seguridad Social y desde sus instalaciones se controlan las aplicaciones informáticas que dan soporte a los procesos de gestión. Actualmente, se ubica en Madrid, donde cuenta con una sala de 600 metros cuadrados inaugurada en los años 70, que hubiera precisado obras de actualización. Dispone de 3.000 equipos informáticos y 4 petabytes de datos, que se trasladarán gradualmente a la nueva ubicación.

Inspección de Trabajo

La jefa de la Inspección de Trabajo, Paloma Ibáñez, destacó también las actuaciones derivadas de la crisis sanitaria, tales como la emisión de informes correspondientes a los ERTE presentados por las empresas y al control posterior del posible fraude en su utilización. También, las actuaciones tendentes a garantizar los derechos de los trabajadores en materia sanitaria.

Se continuó con las actuaciones realizadas en el marco del plan director por un trabajo digno como el control del fraude en la contratación temporal, control de la contratación a tiempo parcial, garantizar los derechos salariales, actuaciones en materia de igualdad, o control de los riesgos preventivos con enfoque de género.

Igualmente se realizaron actuaciones en materia de seguridad social y economía irregular tendentes a detectar situaciones irregulares en los diferentes sectores, especialmente en la agricultura teniendo en cuenta la necesidad de mano de obra y el volumen de personas desempleadas que ha generado la pandemia.

En materia preventiva, Ibáñez destacó las actuaciones contra los riesgos biológicos en los sectores en los que la covid-19 tiene carácter profesional, así como las actuaciones para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de carácter sanitario respecto de las que la inspección está habilitada.

También puso de manifestó la colaboración con las diferentes entidades gestoras, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado así como con la Agencia Tributaria con el fin de detectar posibles casos de fraude, especialmente en la situación actual derivada de la crisis sanitaria.

MUFACE

Por lo que respecta a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), que acoge en Soria a unos 4.700 mutualistas, Latorre ha recordado que el Plan Avanza 2021-2023 de MUFACE, aprobado la pasada semana, sigue la senda de modernización y acercamiento al colectivo, para hacer de la Mutualidad “un organismo más ágil, eficaz, eficiente y sobre todo más cercano y sensible a las necesidades del colectivo para el que todos sus empleados y empleadas públicas trabajan diariamente”. En España, el número de mutualistas y beneficiarios supera el millón y medio.

Este Plan Avanza recoge las líneas estratégicas de la mutualidad para el próximo trienio y entre los objetivos prioritarios figuran la cercanía al colectivo, afianzar una cultura centrada en las personas, avanzar en la digitalización de los procesos, impulsar la innovación, la calidad, la transparencia y la rendición de cuentas, así como dar mayor relevancia a la sostenibilidad y responsabilidad social.

La secretaria general del organismo en Soria, Mª Carmen Torrecilla, desgranó la evolución de las prestaciones que realiza la mutualidad en 2020 con respecto a 2019. Los trámites colectivos han disminuido, como consecuencia de la pandemia, un 29 por ciento (6.700 este año) y los expedientes tramitados (1.135) se han reducido un 24 por ciento. También han disminuido en un 24 por ciento (522) las ayudas para prótesis dentarias y en un 23 por ciento (401 en 2020) las ayudas para prótesis oculares.

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