Soria, la provincia de Castilla y León con mayor tasa de denuncias Covid del segundo Estado de Alarma
Para el subdelegado del Gobierno en Soria el motivo por el que en Soria se producen más denuncias que en otras provincias no es la falta de civismo de la ciudadanía, sino el trabajo que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para evitar comportamientos que puedan dañar la salud de infractores, allegados y ciudadanos.
El 14 de marzo, la Covid-19 lo cambió todo: se decretó el estado de alarma y tuvimos que quedarnos en casa. Desde entonces hemos sufrido un giro de 180 grados en nuestros hábitos y también en la forma de ejercer el civismo. Una nueva normativa que nace con el objetivo de frenar la expansión de la covid-19: cumplir la cuarentena, no transgredir el cierre perimetral, ponerse la mascarilla o no celebrar reuniones de más de seis personas son solo algunos ejemplos.
Según los últimos datos que el Ministerio del Interior ha facilitado a este diario, Soria es, de momento, la provincia con mayor tasa de denuncias de Castilla y León durante el segundo estado de alarma. Los datos son claros: en nuestra provincia se han registrado tres denuncias por cada 1.000 habitantes, lo que se traduce en un total de 267 infracciones tramitadas por incumplir las medidas anticovid, desde el pasado 25 de octubre. Burgos, por su parte, es la segunda provincia de la comunidad con una mayor tasa de denuncias: 2,2 por cada 1.000 habitantes (800 propuestas de sanción en total). Por otro lado, Ávila es la tercera provincia con más denuncias con un total de 260 denuncias y una tasa de 1,6 por cada 1.000 habitantes. Para Miguel Latorre, subdelegado del Gobierno en Soria, el quid de la cuestión relacionado con estas cifras no reside en la falta de civismo: "La mayor parte de la ciudadanía soriana ha respondido de forma ejemplar, pero, como en todas partes, hay una minoría que no respeta las normas. El papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado está siendo clave para evitar comportamientos incívicos que perjudican a los infractores, a sus familias y a todos los que aquí vivimos".
PRIMERA OLA
“No pueden estar tantas personas paseando por la calle, como estoy viendo en fotografías que me llegan”, comentaba Verónica Casado el 8 de abril en una de sus comparecencias ante la prensa, refiriéndose a Soria. Según los datos de Interior, durante el primer estado de alarma, nuestra provincia fue la tercera de Castilla y León con mayor tasa de denuncias por infracciones de las medidas anticovid. Exactamente 20 por cada 1.000 habitantes, con un total de 1.756 denuncias desde el 14 de marzo. Zamora, con 23,2 propuestas de sanción por cada 1.000 personas (4.000 denuncias) fue la provincia con mayor tasa de denuncias durante el primer estado de alarma. La siguió Ávila con 3.359 propuestas de sanción en total: una tasa de 21,3 denuncias por cada 1.000 personas.
LA GESTIÓN
La covid-19 ha introducido la palabra "restricción" en nuestras vidas. De esta forma, conceptos como cierre perimetral o toque de queda son, ahora, parte de nuestro día a día. El Real Decreto 463/2020, del 14 de marzo, puso patas arriba el país. Declaraba el estado de alarma y para que se cumpliesen las normas que este decreto traía consigo, se utilizó la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana. Por ello, las denuncias de la Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales llegaban a la Subdelegación del Gobierno durante el primer estado de alarma, donde se tramitaban y resolvían. Hasta el mes de junio, todos los comunidades autónomas estaban bajo el mando único del Gobierno Central, aunque la gestión ordinaria de los servicios públicos y los sistemas de salud y residencias para intentar combatir al virus dentro de sus territorios. Tras el decaimiento del primer estado de alarma, los gobiernos regionales empezaron a tener el control sobre la normativa que debía aplicarse en sus provincias, tal y como solicitaron al Gobierno de España. En octubre, cuando la situación comenzó a ser más inestable de nuevo y de cara a que la fórmula de gestión siguiese siendo responsabilidad de las comunidades autónomas, desde el Gobierno Central ampararon la situación bajo el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre: un nuevo estado de alarma que se mantendrá hasta el 10 de mayo de 2021. De esta forma, la Junta de Castilla y León es ahora el organismo que establece la normativa a seguir. Y así nació el Acuerdo 9/2020, de 25 de octubre, el estado de alarma en Castilla y León con sus correspondientes restricciones: el cierre perimetral, el de los bares, las medidas durante Navidad u otras normas que se han establecido en este tiempo. Por su parte, la Consejería de Sanidad estableció también una serie de sanciones específicas para el incumplimiento de las normas anticovid, que se aplican a través de la Ley de Salud Pública.
LAS MULTAS
La transgresión de esta normativa creada 'ad hoc' para frenar la expansión de la covid-19 conlleva el pago de una serie de multas. Existen tres tipos de infracción: leve. grave o muy grave y esta calificación depende del número de personas que se vean expuestas al riesgo de contraer la covid-19 por un proceder incívico. De esta forma, si el posible contagio afecta a menos de 15 personas, sería una sanción leve. Si afecta a entre 15 y 150, sería una infracción grave. Y si afecta a más de 150, muy grave. En cuanto a su coste, una transgresión leve puede tener un coste de entre 100€ y 3.000€, multa que podría recibir, por ejemplo, un ciudadano o ciudadana al no estar en casa a partir de las 22:00h En una grave, por otro lado, el desembolso económico rondaría entre los 3.001€ y los 60.000€, como en el caso de una fiesta en un domicilio o local a la que asisten entre 15 y 150 personas, y las que son muy graves, que pueden costar de 30.001€ a 600.000€ al infractor o infractora, como sucede con el caso de un pub de Soria que fue sancionado en julio por celebrar una fiesta hasta las 07:45h, en la que las doce personas a las que identificó la Policía iban, además, sin mascarilla.