CyL repartirá 4 M€ para proyectos y microacciones en el exterior entre 2021 y 2022
La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior celebra una reunión técnica con más de un centenar de profesionales de la Cooperación para el Desarrollo, en la que se ha difundido esta convocatoria abierta de ayudas.
Este lunes, la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior ha celebrado de manera telemática una reunión técnica con más de un centenar de profesionales de la Cooperación para el Desarrollo, en la que se ha difundido esta convocatoria abierta. El vicepresidente y consejero Francisco Igea ha iniciado la sesión de trabajo en la que ha destacado el compromiso de la Junta de Castilla y León con estas políticas públicas y que los efectos globales de la COVID-19 hacen necesario considerar cómo la crisis sanitaria y socioeconómica ha deteriorado aún más las condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones a las que se dirigen estas intervenciones.
Esta convocatoria de subvenciones se enmarca dentro de las prioridades estratégicas del III Plan Director de Cooperación para el Desarrollo 2017-2020, que seguirá vigente durante todo el año 2021. Y se dirige a organizaciones no gubernamentales de desarrollo -inscritas en el Registro de Agentes de Cooperación al Desarrollo de la Junta de Castilla y León- para colaborar en la financiación de proyectos de desarrollo y microacciones en el exterior que mejoren las condiciones de vida y el desarrollo sostenible de la población de los países empobrecidos, garantizando la sostenibilidad económica, social e institucional de las intervenciones.
El crédito global de la convocatoria que gestiona la Dirección General de Acción Exterior se aproxima a los cuatro millones de euros, divididos en cuantías de 1.929.038 euros para 2021 y 1.990.000 euros para 2022. Con ello, esta línea de subvenciones muestra un incremento próximo a los 300.000 euros en relación con la convocatoria anterior.
En la presentación de la sesión de trabajo, el vicepresidente y consejero Francisco Igea ha afirmado que “la crisis de la COVID-19 nos está exigiendo repensar nuestras formas de trabajo y también los instrumentos que utilizamos, por ello debemos elaborar el futuro Plan Director con una visión innovadora aunque sin romper con los procesos iniciados de protección y promoción de los Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales priorizados en nuestro Plan previo”. A este respecto, Igea también ha apuntado que las intervenciones que se financien mediante esta convocatoria estarán alineadas con la Agenda 2030 de Desarrollo Mundial y también contribuirán a la consecución de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los países en los que se actúa. La aplicación del enfoque de género, la sostenibilidad medioambiental y la apropiación del Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) son las tres prioridades que todas las intervenciones deben incorporar de manera transversal.
Intervenciones orientadas a derechos humanos prioritarios
Esta convocatoria se dirige a apoyar intervenciones de cooperación económica no reembolsable, es decir que no son financiables en esta línea los proyectos de acción humanitaria ni los proyectos de cooperación técnica. Asimismo, solo serán subvencionables aquellas intervenciones que estén vinculadas a la contribución a una dimensión de los derechos humanos priorizados: salud; alimentación, agua potable y saneamiento, educación, vivienda digna, medios de vida y subsistencia.
Las intervenciones deberán desarrollarse preferentemente en los países con menor Índice de Desarrollo Humano, con especial atención a África subsahariana. En la valoración de las solicitudes de estas subvenciones serán prioritarios aquellos que se destinen a cuatro áreas geográficas concretas: África -Senegal, Tanzania, Mozambique y Burkina Faso; Centroamérica -Guatemala y Nicaragua-; Sudamérica -Bolivia y Perú-; y Asia –India-.
Los proyectos que se presenten para optar a esta convocatoria de subvenciones deben llevarse a cabo a través de un socio local con personalidad jurídica propia e independiente de la entidad solicitante. Además, todas las intervenciones se dirigirán a los colectivos más vulnerables de estos territorios, con una atención especial a las mujeres, niños, los pequeños productores y recolectores de alimentos, la población indígena y las personas enfermas o dependientes.