La Junta traslada a CCOO y UGT y a CECALE su propuesta de colaboración económica para extender SERLA
El acuerdo permitiría a sindicatos y patronal extender su propio órgano de mediación y conciliación de conflictos individuales, que asumiría el servicio que actualmente presta la Administración en las Oficinas Territoriales de Trabajo.
La consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, ha trasladado esta mañana a los agentes sociales y económicos la propuesta de colaboración para extender la implantación del SERLA a todas las provincias de la Comunidad Autónoma. La propuesta, que se ha planteado durante la reunión de la Comisión Permanente del Diálogo Social, garantiza la colaboración y el apoyo económico de la Junta de Castilla y León para que sindicatos y patronal puedan desarrollar e implantar su propio sistema de mediación y conciliación en la resolución de los conflictos individuales.
En su propuesta, la Consejería de Empleo e Industria ha tenido en cuenta tres aspectos fundamentales: En primer lugar, el hecho de que existe, en todas las provincias de Castilla y León, un servicio público dependiente de la Junta de Castilla y León (el SMAC) que realiza las funciones de mediación y conciliación en los conflictos individuales que se suscitan entre trabajadores y empresarios. Un servicio gratuito, atendido por trabajadores públicos que cuentan con la formación y objetividad necesarias y que seguirá prestándose hasta que sindicatos y patronal extiendan su propio órgano de mediación a las distintas provincias, de modo que la prestación del servicio a los ciudadanos esté garantizada por la Administración Autonómica en todo momento.
En segundo lugar, la difícil situación económica provocada por la COVID-19 que exige concentrar todos los recursos de la Consejería en ayudar al mantenimiento del empleo y de las empresas. En este sentido, hay que recordar que la Junta de Castilla y León ya financia íntegramente los costes del actual sistema de mediación y conciliación que han puesto en marcha sindicatos y patronal para la resolución de conflictos colectivos, destinando más de 700 mil euros anuales al sostenimiento del SERLA, incluyendo el mantenimiento de la sede, los servicios administrativos, los costes materiales, las inversiones necesarias y los honorarios de los 36 mediadores de los que dispone actualmente el SERLA.
Por último, la Consejería respeta y apoya la autonomía de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en los procesos de negociación colectiva. En el marco de esa autonomía, CCOO, UGT y CECALE suscribieron el III Acuerdo para la Solución Autónoma de Conflictos Laborales en Castilla y León (ASACL). En ese acuerdo las partes decidieron que el SERLA -que hasta ese momento se ocupaba solo de la resolución de conflictos colectivos- extendiese sus funciones a la resolución de los conflictos individuales, sustituyendo así al servicio que presta la Junta de Castilla y León, a través del SMAC, en las Oficinas Territoriales de Trabajo. En su artículo 7, la ASACL señala que "las partes firmantes, a través del Convenio firmado con la Junta de Castilla y León, establecerán las ayudas financieras para el sostenimiento de los servicios de conciliación, mediación y arbitraje y cualquier otro aspecto organizativo del SERLA”.
Teniendo en cuenta estas circunstancias, y finalizada la vigencia de acuerdos anteriores, la Consejería de Empleo e Industria plantea un nuevo acuerdo de colaboración para apoyar a las organizaciones sindicales y empresariales en el desarrollo e implantación de su propio sistema de mediación y conciliación de conflictos individuales. Una propuesta .razonable, adecuada a la actual situación de crisis sanitaria y económica, basada en la colaboración y el respeto a la autonomía de las partes.
La oferta de la Junta de Castilla y León pasa por cofinanciar los costes del SERLA con contribuciones iguales de todas las partes que lo integran (Administración Autonómica, CCOO, UGT y CECALE). Esta aportación cubriría tanto los gastos actuales como los necesarios para extender el SERLA a todas las provincias, incluyendo el sostenimiento de las sedes, los servicios administrativos, los gastos de equipamiento y material y el abono de los honorarios de la red de mediadores.
Paralelamente, como consecuencia de la aportación económica de la Junta de Castilla y León, se hace necesaria la aplicación de los criterios de transparencia y rendición de cuentas, además de un sistema objetivo y transparente para la designación de los mediadores que garantice los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Cumplimiento de la Sentencia de 30 Julio del T.S.
La Consejería de Empleo e Industria está cumpliendo escrupulosamente con la sentencia de 30 de julio del Tribunal Supremo. Esta sentencia se limita a reconocer la legitimidad y capacidad de sindicatos y patronal para establecer un sistema de mediación y conciliación propio y exclusivo, sin que eso conlleve ningún tipo de responsabilidad económica o de gestión por parte de la Administración Autonómica.
Así mismo, en cumplimiento de la Sentencia, el SMAC ha dejado de mediar en los conflictos individuales surgidos en los ámbitos territoriales donde está implantando el SERLA, pero sigue prestando el servicio allí donde no está implantando este órgano paritario, de modo que los ciudadanos tengan garantizada la conciliación previa que exige la legislación laboral para determinadas reclamaciones ante los juzgados de lo social.
Acuerdos anteriores
El Diálogo Social ha firmado desde el año 2016 distintos acuerdos para atender el proceso de extensión del SERLA. Entre ellos cabe destacar el acuerdo del 26 de enero del 2016 que llevó a la Junta de Castilla y León a incrementar su aportación económica para iniciar la extensión con la implantación de la sede de Valladolid, emplazándose las partes a una nueva negociación sobre "los costes de implantación bajo los principios de austeridad y de corresponsabilidad del Estado". La corresponsabilidad del Estado, a la que se hace referencia es este acuerdo, contó con el respaldo de las Cortes de Castilla y León, que aprobó, con los votos de PP, PSOE, Ciudadanos y Grupo Mixto una PNL reclamando al Ministerio de Justicia la financiación de este sistema de resoluciones de conflictos individuales a través del SERLA.
Finalizada la vigencia de los distintos acuerdos y atendiendo a la nueva situación de necesidades y prioridades generadas por la COVID-19, la Consejería de Empleo e Industria estima necesario un nuevo convenio de colaboración, viable, razonable y coherente con la actual situación económica.