La diligencia para la obtención de muestras fue exhortada hace 15 meses.
La Asociación Recuerdo y Dignidad ha recibido la documentación del Juzgado Decano de Instrucción de Lleida de haber cumplido con el exhorto que envió en su día el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº1 de Almazán solicitando la toma de muestras genéticas de un familiar de la última víctima que quedaba por obtener para su identificación.
Quince meses ha tardado en llevarse a cabo la toma de dichas muestra de la hija de Alberto Rodrigo León, uno de los cuatro desaparecidos asesinados en La Riba de Escalote el 15 de septiembre de 1936. Desde el Juzgado de Lleida se había solicitado hace más de un año que el Juzgado de Almazán indicara el destino de las muestras genéticas para poder dar cumplimiento a la solicitud de cooperación judicial. Esta solicitud de información se recordó en varias ocasiones al Juzgado por parte de la Asociación Recuerdo y Dignidad y, tras dar contestación al tribunal catalán a finales de noviembre de 2020, las muestras genéticas se tomaron a mediados de diciembre. En la providencia emitida por el Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Almazán donde se indicaba que las muestras debían remitirse al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid también se oficiaba a la Sociedad de Ciencias Aranzadi (que custodia los cuerpos de las cuatro personas exhumadas en La Riba de Escalote en septiembre de 2019) para que remitiera al citado INTCF de Madrid más material óseo de las víctimas para completar las labores de identificación.
Cumplidos estos dos oficios solicitados por el juzgado adnamantino, el INTCF ya tiene en su poder el material necesario para concluir la identificación de las cuatro personas asesinadas halladas en la localidad soriana de La Riba de Escalote.
La causa judicial por los asesinatos de cuatro civiles en La Riba de Escalote comienza en el mismo momento de la prospección arqueológica donde la Policía Judicial recogió los restos mortales aparecidos al encontrar la pala una fosa común que albergaba, al menos, a dos personas. La presencia de autoridad judicial se extendió a la exhumación, donde la Guardia Civil presenció el levantamiento y emitió un informe sobre la exhumación y la custodia de los restos.
En una providencia emitida por el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Almazán se ordenaba librar un oficio a la Sociedad de Ciencias Aranzadi con el fin de que se remitieran al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid los restos óseos adecuados para el estudio genético de las personas halladas en una segunda fosa aparecida en la exhumación de La Riba de Escalote.
En dicha providencia se ordenaba también librar oficio al INTCF de Madrid a fin de que procediera a citar a uno de los familiares de Silverio Lumbreras. Con esta citación se convocaba a las familias de los cuatro desaparecidos en La Riba para tomarles muestras biológicas para el estudio genético.
Ambos oficios se presentaron en su día en función de otra comparecencia forense del IML y de un escrito presentado por la ASRD. En la primera se señalaba que el INTCF disponía de los primeros restos óseos a parecidos en la prospección de la Riba pertenecientes a la primera fosa. Y que la Sociedad de Ciencias Aranzadi custodiaba los restos mortales de las otras dos personas aparecidas en la segunda fosa, a escasos metros. En la comparecencia se indicaba la necesidad de solicitar a la Sociedad de Ciencias Aranzadi restos óseos representativos y adecuados, asegurando la cadena de custodia, para que sean remitidos al INTCF.
A finales de 2019 con la llegada al Juzgado de Almazán del juez titular se archivó la causa siendo posteriormente estimado el recurso interpuesto por Recuerdo y Dignidad. Contra esta decisión (y el criterio del propio juez) el fiscal interpuso un nuevo recurso que finalmente fue rechazado por la Audiencia Provincial de Soria.
Con estos pasos la ASRD ha conseguido que tenga presencia en el juzgado de lo penal, no solo la exhumación de los restos mortales de las cuatro personas localizadas en dos fosas comunes clandestinas en La Riba ante la presencia de autoridades judiciales, sino que se procure su identificación dentro de un proceso judicial y que, tras su cierre, se decrete la reapertura de la causa.
Desde la Asociación soriana Recuerdo y Dignidad se valora muy positivamente que los desaparecidos-asesinados por la represión connatural al levantamiento militar de 1936 y sus familiares puedan tener acceso a la Justicia. Ya que la legislación actual sobre exhumaciones, y sobre víctimas del franquismo en general, se limita a trámites administrativos sin garantía judiciales en contra de lo que establecen las autoridades de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos. Siendo tratados las decenas de miles de civiles hechos desaparecer bajo custodia como meros restos arqueológicos en lugar de cómo víctimas. La implicación de la Justicia supone que estas personas son tratados como víctimas, algo inusual en el Estado Español. La práctica totalidad de las exhumaciones que se practican en España no tienen repercusión judicial pese a que cada una de ellas se comunica el Juzgado correspondiente.
A las 8:30 de la mañana del viernes 27 de septiembre comenzaban las tareas de limpieza y acondicionamiento de la zona de trabajo en torno a la fosa comúnencontrada en julio en La Riba de Escalote. Simultáneamente se inspeccionaba el terreno cercano en búsqueda de más fosas comunes que pudieran aparecer.
En torno a las 12:56 horas aparecía una fosa común a escasos 6 metros de la primera. En la fosa descubierta el 24 de julio había dos personas, en la nueva fosa había otras dos. Los huesos estaban bien conservados y aparecieron varios objetos asociados a los mismos como hebillas, botones de nácar, unos gemelos, unas gafas, y restos de ropa y calzado. Todo indicaría, según la investigación llevada a cabo por Recuerdo y Dignidad, que las cuatro personas serían los sorianos Adolfo Morales y Silverio Lumbreras y los berlangueses Gregorio Valdenebro y Alberto Rodrigo. La segunda fosa encontrada albergaba los cuerpos de 2 personas más jóvenes que los que se hallaban en la primera fosa. Esto podría llevar a pensar en la primera fosa se encontraba de los vecinos de Berlanga y en la segunda los sorianos. Aunque no se puede afirmar nada seguro hasta que no salgan los resultados de las pruebas genéticas.
A las 16 horas del sábado 28 comenzó el levantamiento de los cadáveres ante una patrulla de la Guardia Civil enviada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Almazán en la que está abierta la causa por el asesinato de estas cuatro personas. El encargado la custodia de los restos antropólogo forense Francisco Etxeberría. La Sociedad de ciencias Aranzadi procedió al levantamiento y el traslado de los restos a su laboratorio en el país Vasco dónde se procederá la limpieza y el análisis antropológico forense.
La asociación soriana considera importantísima esta presencia y la apertura de esta causa. Actualmente los procesos que se abren en España se cierran al considerar los asesinatos connaturales alzamiento militar de 1936, asesinatos aislados en lugar de contemplarlos, como historiograficamente ya se ha demostrado, dentro de un plan de exterminio de civiles.
Desde las principales organizaciones de derechos humanos y las principales autoridades de Naciones Unidas en la materia, se ha llamado la atención sobre este aspecto señalando que hasta que no se realiza la prueba de ADN estas personas continúan desaparecidas, por lo que no cabe la aplicación de la prescripción, que tampoco se pueden contemplar como crímenes aislados y que se debe modificar la ley de amnistía o su aplicación.
Aun así la ASRD subraya la importancia de esta su tercera ya causa abierta por crímenes contra civiles en la represión dentro de los territorios tomados por los militares rebeldes en 1936, y señala que cada una de las causas ha llegado más lejos que la anterior.
Durante todo el fin de semana familiares de los cuatro desaparecidos asesinados presenciaron el proceso. La familia de Alberto Rodrigo había conocido tan solo tres días antes la noticia de la exhumación y su llegada a la fosa fue especialmente emocionante.
Junto a más de 30 voluntarios de Recuerdo y Dignidad y una decena de miembros de la Sociedad de Ciencias Aranzadi acudieron diversas autoridades como el Subdelegado del Gobierno en Soria o los alcaldes de la Riba de Escalote, Berlanga de Duero o Almazán. También acudieron vecinos de las localidades cercanas, miembros de las Juventudes Socialistas a las que pertenecían Adolfo Morales y Silverio Lumbreras, integrantes de distintas organizaciones sociales y numerosos medios de comunicación.
Desde Recuerdo y Dignidad se señala que estas acciones ayuda a cerrar las heridas que todavía continúan abiertas en las familias de las víctimas y en la propia sociedad.
La búsqueda de estas personas ha sido financiada gracias a la reformulación de la subvención en materia de Memoria Histórica que la Junta de Castilla y León otorgó a la Asociación Recuerdo y Dignidad para tratar de localizar y exhumar la Fosa de los Ilustres.
Los 4 desaparecidos asesinados objeto de esta búsqueda son:
- Adolfo Morales Ruiz. Natural de Gómara y residente en Soria, donde militaba y fue fundador de las Juventudes Socialistas y en UGT. Era comisionista y tenía 26 años cuando fue asesinado.
- Silverio Lumbreras Pérez corrió la misma suerte que Adolfo, junto a quien pasó por las cárceles de Soria y Almazán. Era electricista de 25 años de edad, perteneciente a las Juventudes Socialistas. Ambos fueron asesinados atados uno al otro, y enterrados del mismo modo.
-Gregorio Valdenebro Moreno, era jornalero de 28 años de edad, casado y perteneciente a Unión Republicana.
-Alberto Rodrigo León, sastre de 32 años, casado y con tres hijos, y concejal del Ayuntamiento de Berlanga, además de ser el Tesorero de Unión Republicana.