La modificación del Decreto de discapacidad avanza en la igualdad de oportunidades y en la inserción social
El texto, que regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público, la provisión de puestos de trabajo y la formación en la Administración de Castilla y León, busca con esta nueva modificación impulsar la captación y retención del talento reduciendo progresivamente la brecha en el acceso al empleo público, basándose en un principio de proporcionalidad y seguridad jurídica.
Esta mañana de lunes ha sido en Gobierno Abierto del portal de la Junta de Castilla y León para su consulta previa, la propuesta de modificación del Decreto por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la Administración de Castilla y León. En la presentación han intervenido el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, y el presidente de CERMI Castilla y León, Juan Pérez.
El objetivo que se pretenden alcanzar con esta modificación reside en la progresiva reducción de la brecha en el acceso al empleo público entre el turno libre y el de discapacidad. Por ello, la modificación aprovechará para actualizar la normativa que regula los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, en este caso mediante la norma que regula la cobertura de personal temporal en la Administración de la Comunidad de Castilla y León (Decreto 21/2018, de 26 de julio), a la par que actualizar las referencias al Estatuto Básico del Empleado Público y a nuestra Ley de Función Pública. Ello implica una puesta al día de los requisitos complementarios de acreditación que vienen exigiéndose a estas personas a los efectos de la superación de los procesos selectivos, tanto con carácter previo, como con posterioridad incluso a la superación, en su caso, de todo el proceso.
El grado de discapacidad pasará del 65% al 75%
En este sentido, el consejero de la Presidencia ha indicado algunas de las modificaciones que se proponen en el texto, y que suponen una novedad en el mismo, como es el caso del grado reconocido de discapacidad que se verá modificado y pasará a ser del 65 % en vez del 75 % como estaba contemplado hasta el momento; las pruebas selectivas contemplarán adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo; especial atención al desarrollo de la persona en su puesto de trabajo derivando en un plan de incorporación específico para facilitar su ingreso, circunstancia por la que la Junta, a raíz del trabajo de las Consejerías de la Presidencia y de Familia e Igualdad de Oportunidades, ya fue premiada en 2020 con el Premio ‘Plena Inclusión’ en la categoría ‘Apoyo en el Puesto de Trabajo’.
Tal y como ha explicado Ibáñez, esta modificación del decreto pone de manifiesto que para el Gobierno de Castilla y León, la búsqueda de la inclusión y la generación de oportunidades para todos los castellanos y leoneses es un eje prioritario. Un nuevo impulso que suma a la labor de la Junta en la búsqueda de la modernización, estabilización y mejora de la Función Pública, “queremos retener y atraer talento para que esta Administración siga siendo una seña de identidad en la prestación de unos servicios públicos de calidad ampliamente acreditados; por ello no podemos renunciar a dotarnos de ese talento en el colectivo de las personas con discapacidad, que están demostrando ser un auténtico valor añadido para la Junta, con una capacidad de trabajo y resultados más que satisfactorios.”
En la misma línea, Isabel Blanco ha incidido en el reto de continuar avanzando en la igualdad de oportunidades y en la inserción social, a través del empleo, de las personas con discapacidad. Al respecto, ha recordado la exitosa experiencia del primer concurso-oposición en la Administración autonómica, convocado en 2017, que permitió la incorporación y ejemplar integración de cinco personas con discapacidad intelectual –cuatro mujeres y un hombre– a distintos centros de la Gerencia de Servicios Sociales.
Con el proyecto de decreto presentado hoy, se trata de favorecer aún más el acceso laboral de este colectivo al sector público, adaptando las pruebas selectivas a sus necesidades y abriendo estos procesos también a las personas con enfermedad mental y parálisis cerebral. En esta tarea colaborarán las Consejerías de la Presidencia y de Familia e Igualdad de Oportunidades, junto a las entidades del Tercer Sector.