Entrevista con Marian Fernández (FOES) sobre las ayudas al funcionamiento de las empresas

P: Las patronales de Soria, Cuenca y Teruel han presentado alegaciones en Bruselas para que permita las ayudas al funcionamiento de las empresas en estos territorios. ¿En qué consiste exactamente ese recurso?

R: El año pasado se publicaron las directrices de ayudas estatales con finalidad regional por parte de la Comisión Europea. Se trata de la base de las ayudas que pueden venir en los próximos años. Nosotros hemos hecho alegaciones comparando a Soria, Cuenca y Teruel con las regiones del norte de Europa que tienen esa discriminación fiscal positiva por su despoblación. No tiene ningún sentido que en estos países exista y nosotros no la tengamos.

En nuestro detallado informe queda certificado que estas ayudas no afectarían a la competencia, que, supuestamente, sería el gran problema. Nuestro peso en el PIB nacional es tan mínimo que no afectamos de ninguna manera a nivel nacional ni mucho menos comunitario. El PIB de Soria supone el 0.197% del nacional y el de las tres provincias juntas es del 0,83%. Además, el 95,7% de su tejido productivo se concentra en microempresas y pequeñas empresas, la mayoría sin trabajadores. Y tampoco afectan al comercio internacional, las exportaciones de las 3 provincias son un insignificante e irrisorio 0,04% del total nacional, 1.143.493,30 €.

Hasta la fecha hay ayudas a la inversión, ahora pedimos compensar los sobrecostes que se generan en zonas despobladas por las economías de escalas. De salir adelante supondría una subvención por un importe que no fuera superior al 20% de los costes anuales de cada empresa.

P: ¿Qué posibilidades hay de que se consiga? ¿Cuáles son los plazos y los procedimientos?

R: Nos costa que la Comisión Europea está estudiando estas alegaciones, junto con otras muchas. Hasta donde sabemos creemos que es algo que se está viendo con buenos ojos. Pensamos que se podría decidir algo en este primer trimestre del año, como muy tarde en abril.

La Comisión Europea tiene que resolver las alegaciones y sacar un nuevo texto definitivo. Si nos la admiten quiere decir que la UE deja que España de ayudas de estado al funcionamiento de las empresas en nuestros territorios y esas ayudas podrían llegar a partir de 2022.

Si lo aprueba la Comisión lo lógico es que el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León empezase a trabajar para que esas ayudas fueran efectivas. Llegaría el momento del trabajo interno del país, de pasar del texto a la práctica. Estas ayudas serían para las provincias con menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, que es donde Bruselas pone el límite de la despoblación. Afectarían únicamente, aunque habría que ver cómo, a las provincias de Soria, Cuenca y Teruel.

P: ¿Cuáles son los sobrecostes que tienen las empresas en un territorio como Soria?

R: Podríamos empezar por el tema del trasporte de mercancías, con desventajas evidentes. Pero si nos vamos al día a día, cuando tienes economías de escala todo resulta más barato. Por ejemplo; si tú tienes un hotel y no hay lavanderías alrededor tiene que lavarte las sábanas mientras que si hay una lavandería que lava para 100 empresas esa actividad te va a resultar mucho más barata.

La economía de escala hace que donde hay menos empresas cualquier servicio sea más caro. Además, hay menos gente que haga más rentable la actividad y los productos que se dirigen al mercado local también lo tienen más complicado. Hay más, a menor competencia, menor productividad, a menor tamaño más caros los costes de financiación.

Únicamente hay 19 grades provincias entre Soria, Cuenca y Teruel, y eso también es un problema de referentes. Las ayudas al funcionamiento han surtido efecto en otros países. La reducción de las cuotas a la Seguridad Social es la más efectiva porque crean un circulo virtuoso incentivando la inversión al aumentar los márgenes empresariales, logrando así impulsar la creación de empleo. Bajar 10 puntos los costes de Seguridad Social a las empresas de estas 3 provincias costaría 270M€ (datos de 2013), pero aumentaría el PIB en 213, crearía más de 3.000 puesto de trabajo y un retorno fiscal directo de 64M€. Generaría un superávit para las cuentas del estado mayor al coste.

P: ¿Qué es el mapa 174 y qué importancia tiene?

R: Su fin es poner negro sobre blanco cómo están los territorios a nivel nacional. Se basa en el artículo 174 del tratado de Lisboa de la UE. Con los parámetros de ese artículo fuimos mapeando todos los municipios de toda España con datos del INE. Tuvimos en cuantas muchas variables; naturales, de accesibilidad, altitud, desventajas naturales, desventajas naturales… desde 1991.

El mapa aporta datos claros. El 91,8% de los municipios de Soria están en una situación grave o muy grave. En España son el 44% de los municipios. Es una diferencia abismal. Solo el 1,6% de los municipios sorianos están en una situación buena. Son datos objetivos y lo hemos ofrecido a las administraciones para que vean las distintas intensidades del problema de la despoblación.

El problema que tenemos actualmente es que la despoblación no está definida por el Gobierno. Hace 6 años nadie hablaba de esto y hoy todos los territorios salen y dicen que están despoblados. Está claro que hay muchos problemas demográficos en España, pero despoblación como tal no existe en muchas partes. Pero ahora todo el mundo se ha subido a este carro porque entiende que va a haber dinero.

Despoblación: Política, lobbies, empresas

P: ¿Cómo se conecta despoblación y empresa?

R: Nosotros siempre hemos apostado por ir al origen de la despoblación; la gente se va de Soria porque no hay oportunidades en el ámbito de los estudios, sobre todo universitarios ni oportunidades laborales para quedarse o volver. La despoblación hay que atacarla creando oportunidades laborales y solo hay trabajo si hay empresas en el territorio.

Soria no tienen ningún elemento diferencial con el resto de provincias de nuestro entorno, como Zaragoza, Guadalajara o Cuenca, que la haga atractiva para las inversiones empresariales. Por eso tenemos que buscar una solución y eso nos lleva a un tratamiento diferenciado desde el punto de vista fiscal. Es algo que ya tienen en Ceuta y Melilla y desde FOES llevamos años trabajando en ello. Por ello lanzamos un concienzudo informe trasladando que era posible la discriminación fiscal positiva en el IRPF, el Impuesto de Sociedades y los costes de la Seguridad Social.

P: ¿Cómo valoráis desde FOES y la Red SSPA la unión de los gobiernos de Castilla y León, Castilla La Mancha y Aragón en este aspecto?

P: Pues muy, muy positivamente. Llevamos en esto desde hace mucho tiempo y nos ha costado mansísimos que los gobiernos regionales entendieran que juntos puedes hacer fuerza. Para nosotros es importantísimo que ellos planten las cuestiones que llevamos planteando nosotros desde hace tiempo. Los Gobiernos tienen mayor capacidad de oírse en Bruselas y la Comisión Europea necesita que la actividad política haga reales los logros que se alcanzan en los acuerdos.

P: La red SSPA se constituyó oficialmente en 2016. ¿Qué valoración hace de estos 5 años lobby en Bruselas?

R: Cuando empezamos sabíamos que había algo por hacer, pero no teníamos muy claro qué. El mundo de Bruselas es complejo y si no hubiéramos estado preparándonos todo este tiempo no habríamos podido presentar ahora las alegaciones de las que hablábamos. El año pasado, en verano estábamos en el punto en el que queríamos estar cuando empezamos.

Todo esto no se logra por casualidad, es el fruto de mucho tiempo dando guerra y haciendo lobby. Después de la concienciación de la sociedad llegan los gobiernos. Como red SSPA estamos muy valorados en todas las instituciones nacionales y comunitarias la hora de hablar de despoblación. El informe de Escocia, por ejemplo, ha calado mucho. Los políticos nos decían que sabían que había que hacer algo, pero no sabían cómo meterle le mano. Solamente hay que tener voluntad y trabajar de una manera integral, no poniendo parches. Con un proyectito no vas a cambiar el devenir de la provincia de Soria, hay que tener un planteamiento a medio y largo plazo.

P: ¿Cómo se percibe en Europa el problema de la despoblación en España?

R: Bruselas sí que está muy concienciada con la lucha contra la despoblación y a favor de la vertebración territorial. Ellos son muy conscientes del problema que hay, ponen herramientas, pero si al final España o Castilla y León no las utiliza ya no es un problema comunitario.

Los Gobiernos de aquí tiene que ser proactivos. Si tú no pides, no te dan. Hemos tenido reuniones al más alto nivel en Bruselas y pensamos que la Comisión Europea sí está concienciada con este problema. Por ejemplo, a principios del año pasado llamaron a la Red SSPA para dar cursos de formación a sus técnicos y que pudieran entender mejor los problemas de las empresas en estos territorios. Lo propusieron ellos.

Además, el cambio en los reglamentos de los FEDER abre la puerta a que otros reglamentos tengan consideraciones similares.