La agrupación interviene en la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico del Senado donde reivindica el rol de la Cámara Alta en la lucha contra la despoblación de las áreas rurales en España, y la oportunidad que los fondos COVID representan para sacar a Castilla y León del declive económico y poblacional que está sufriendo.
La agrupación Jóvenes de Castilla y León ha comparecido hoy en la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico del Senado para exponer la situación que viven los jóvenes ante la falta de oportunidades en territorios afectados por la despoblación y trasladar sus propuestas para asentar población joven en estas áreas. María José Pérez y Juan José Álvarez han sido los encargados de representar al colectivo en esta sesión.
Pérez ha destacado que, en la lucha contra la despoblación, “hay que tejer redes y crear comunidad”, motivo que los ha llevado a comparecer al colectivo en la sede parlamentaria. “Este es un problema que nos afecta a muchos, crecemos con la conciencia de tener que emigrar”, ha indicado.
En cuanto a las propuestas del colectivo, recientemente presentaron un plan al Gobierno de Castilla y León, en el marco de la elaboración del anteproyecto de Ley de Dinamización Demográfica de la comunidad, con 48 medidas que buscan el impulso de la economía, la potencialización de sectores estratégicos como el agrario, la fijación de población joven, el blindaje de servicios básicos o mejoras en la gestión del territorio.
Por su parte, Álvarez ha destacado la urgente necesidad de “reindustrializar Castilla y León para poder frenar la sangría poblacional, potenciando actividades clave como la industria agroalimentaria y los sectores logístico, energético o farmacéutico, entre otros”. Ha incidido en que esto no será posible sin una red de infraestructuras básica: conexión de internet de alta velocidad en todo el territorio, una red de carreteras digna y la recuperación de las conexiones ferroviarias que, en los últimos años y especialmente tras la crisis del COVID, han desaparecido, limitando así la conectividad de áreas rurales.
Gestión de la Autovía del Duero
A su vez, ha denunciado que la falta de infraestructuras es prueba irrefutable “del desinterés político por Castilla y León”. Ha destacado que se trata de la comunidad con más “zonas blancas”, de todo el Estado, “el 23% de sus habitantes, más de medio millón de personas, vive en un municipio donde no hay ningún operador que ofrezca Internet de banda ancha de 30 Mbps o más”. Esta situación, ha recalcada, hace imposible que las empresas compitan “en igualdad de condiciones”. De “marginación institucional”, ha calificado la gestión de la Autovía del Duero, “que estaba llamada a vertebrar Castilla y León de este a oeste y que cuenta con 30 años de retraso”.
Según el colectivo, los fondos COVID representan una oportunidad única para “cambiar la tendencia económica y frenar el declive demográfico de Castilla y León”. Estos fondos, dotados con 140.000 millones de euros (equivalente al 11% del PIB español), serán concedidos tras la evaluación y visto bueno de la Comisión Europea de los proyectos presentados por España. Insisten en que “debemos dar prioridad a los proyectos enclavados en las zonas que más lo necesitan y que están más golpeadas por la despoblación, como las provincias de Soria, Zamora, Palencia o León”. El colectivo busca revertir la situación actual de Castilla y León para “evitar que se cumplan las previsiones del Instituto Nacional de Estadística, que pronostica una pérdida de 239.000 habitantes en los próximos quince años”.
“Tres grandes crisis han golpeado especialmente a la juventud de la España Vaciada: la crisis del 2008, la demográfica y ahora la de la COVID”, ha explicado Pérez. Una generación triplemente marcada que necesita soluciones como “un plan de desarrollo económico centrado en la juventud que se dirija a población de hasta 35 años, para no dejar atrás a quienes sufrieron las consecuencias de la crisis de 2008”. Otras de las peticiones ante el Senado han sido “planes de vivienda que hagan accesible su alquiler y compra, pues Castilla y León es una de las comunidades autónomas con menor tasa de emancipación” y “planes inclusivos de retorno de jóvenes que contribuyan a un reequilibrio territorial, con objetivos específicos para personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social”.
Ambos integrantes del colectivo han terminado sus intervenciones reivindicando “un futuro en Castilla y León, nuestro derecho a desarrollar un proyecto individual y colectivo con unas condiciones de vida dignas” y evitar que la comunidad “se convierta en el geriátrico al aire libre más grande de Europa”, porque “sin jóvenes no hay futuro”.