A las 20:00 en casa. Castilla y León continúa a la espera de la decisión del Supremo sobre el toque de queda

Todo apuntaba a que los castellanoyleoneses conocerían este martes si la justicia tumbaba o no el adelanto del toque de queda decretado por la Junta hace 26 días, pero habrá que esperar. La sección cuarta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo se reunió este martes para estudiar el recurso del Gobierno contra la decisión de la Junta de Castilla y León de adelantar el toque de queda a las 20:00 horas y las alegaciones presentadas por los servicios jurídicos de la propia Junta.

Dicha reunión concluyó sin que los magistrados del Alto Tribunal emitiesen un dictamen al respecto, por lo que la decisión sobre las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno se retrasa sine die. Medios de comunicación han publicado que la decisión del Supremo se retrasa una semana, pero fuentes del Tribunal han confirmado a Soria Noticias que esta información no ha salido de su oficina de comunicación. Estas fuentes se han limitado a corroborar que "cuando exista una decisión al respecto se hará pública", sin entrar a concretar fechas que aseguran no conocer.

Hay que recordar que Alfonso Fernández Mañueco, como presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y autoridad delegada el Gobierno decidió adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde el pasado 16 de enero. Desde el ejecutivo central se aboga la literalidad del real decreto del Estado de Alarma que fija a las 23:00 el inicio del toque de queda, con una hora de margen arriba y abajo para las comunidades autónomas. Según los servicios jurídicos de la Junta ese mismo decreto da potestad para “limitar la movilidad nocturna” y, tal y como dijo el portavoz de la Junta Francisco Igea, a las 8 de la tarde ya es de noche.

Sea como fuere, el Tribunal Supremo debe decidir sobre las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno, que solicita la suspensión de la medida ante el riesgo de que se estén vulnerando derechos fundamentales. El Supremo decidirá en los próximos días sobre si hay inicidios de vulneración de derechos fundamentales (y por tanto suspende cautelarmente su aplicación) o si se ajusta a derecho (y permanece en vigor hasta, en principio, el 23 de febrero).