CSIF: “Confiamos que el Supremo anule el ‘decretazo’ sanitario de la Junta, que afecta a 40.000 trabajadores de Sacyl”

“Confiamos en que ocurra lo mismo que con el toque de queda. Vamos a por todas. Seguimos adelante con la demanda contra el ‘decretazo’ sanitario de la Junta en el Supremo. La hemos formulado y presentado esta mañana. Tenemos un compromiso con los 40.000 trabajadores de Sacyl, y queremos demostrarle a la Junta, con una sentencia, que no puede trasgredir caprichosamente los derechos de los empleados de Sanidad, que no puede imponer arbitrariamente, y en contra de la legalidad, una reorganización y una movilidad que está tapando las deficiencias y la falta de personal de la gestión sanitaria de la Comunidad”.

Este es el mensaje, “claro y contundente” que ha trasladado esta mañana el presidente autonómico de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, ante las puertas del Palacio de Justicia de Valladolid. “La demanda contra el Decreto 2/2020 de 12 de noviembre de 2020, de la Consejería de Sanidad, es ya una realidad. Seguimos con el procedimiento después de que el Supremo anunciara a finales de enero el auto de admisión. Ese decreto, con el que se está reorganizando el trabajo y la movilidad de empleados de Sacyl es un abuso, una imposición unilateral, sin ninguna voluntad de negociación, y una vulneración escandalosa de los derechos de los profesionales de Sanidad”, afirma Castro. “No podemos quedarnos quietos, porque tenemos que dejarle claro a la Junta que una normativa así no se puede consentir”, asegura.

El argumentario de la demanda de CSIF tiene muy presente el auto del Supremo de las medidas cautelares de la demanda presentada por el toque de queda, ya que se trata de situaciones que tienen algún parecido, según explica el servicio jurídico de CSIF.

Extralimitación de competencias

En ambos casos, el Gobierno regional se ha "extralimitado en sus competencias", según CSIF, respecto a lo que permite el Real Decreto del Estado de Alarma del Gobierno. “Ha ido más allá, en cuanto a las prestaciones de los trabajadores de Sanidad. No se puede hacer una reorganización del trabajo del personal sanitario, como lo ha hecho la Junta, o mejor dicho la Consejería de Sanidad, vulnerando descaradamente los derechos de estos profesionales, aún en el contexto de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia. Para Benjamín Castro, el vicepresidente Igea ha demostrado una falta de previsión, evidenciando que estamos ante un antojo y un capricho suyo”.

“El presidente Mañueco tenía unas habilitaciones de competencias, autorizadas en nombre del presidente Pedro Sánchez, en el contexto del R. Decreto del Estado de Alarma, que no podía transferir a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, para aplicar una normativa al personal de Sacyl, que no está amparada por el Estado de Alarma”, añade CSIF.

El presidente de CSIF Castilla y León apunta que “quizás, ¡ojalá!, al contrario de lo ocurrido con el fallo sobre el toque de queda, la sentencia llegue tarde, lo que significará que la situación de la pandemia de la Covid-19 ha mejorado; o no”. Pero remarca que, en cualquier caso, “confiamos en que el Supremo ponga a la Junta en su sitio, y con su sentencia anule el ‘decretazo’ sanitario 2/2020, y evite futuras imposiciones de ese tipo a sus trabajadores”.

Castro recalca que “la voluntad y la apuesta de CSIF, porque es nuestro talante, es seguir negociando en la Mesa Sectorial de Sanidad la complicada situación de la sanidad de la Comunidad, buscando acuerdos con Sacyl, y sin lesionar ningún derecho laboral de los empleados públicos”.

En el sindicato consideran que “esa negociación debe llevarse a cabo con los principios de buena fe, confianza, reconocimiento, colaboración mutua, transparencia, o lealtad institucional”. Es por ello que exigen que “se pare la aplicación de medidas impuestas contra los trabajadores de Sacyl”. El presidente autonómico de CSIF lamenta la actitud y empecinamiento de la Consejería de Sanidad, “en un momento tan delicado como el que estamos sufriendo, en el que todo el personal de Sacyl se desvive por prestar a los pacientes la mejor atención sanitaria, a costa de un tremendo sobreesfuerzo, y enormes sacrificios profesionales, personales y familiares. No se merece el ‘decretazo’”.