El Ayuntamiento de Borobia ha presentado sus alegaciones al proyecto de ampliación de la mina de Borobia. Reclama el cumplimiento del convenio suscrito en su día con la empresa, especialmente la construcción de la fábrica de obtención de óxido de magnesio, así como una actualización del citado convenio al nuevo proyecto de ampliación, tanto en la mayor exigencia de vigilancia ambiental, como a las nuevas condiciones de explotación.
El Pleno del Ayuntamiento acordó por unanimidad, el pasado día 23 de febrero, presentar alegaciones en el periodo de información pública, abierto para el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), Proyecto de explotación San Roque y Plan de Restauración presentado por la empresa Magnesitas y Dolomías de Borobia, titular de los permisos de investigación mineros, que es propiedad mayoritaria de Magnesitas de Navarra (Magna).
Tales alegaciones exigen de la empresa minera el cumplimiento de varias cuestiones importantes, que la empresa hasta ahora no ha satisfecho, principalmente en una de las cláusulas más importantes del Convenio firmado entre ambas partes en abril de 2009, que concebía el proyecto minero en su conjunto, con las dos partes: la explotación minera y la planta de trasformación que se ubicaría en Borobia, con una proyección de empleo directo de al menos 50 personas, y con preferencia hacia trabajadores con vinculación al municipio.
Lo cierto es que, hasta la fecha, la empresa matriz Magna se ha venido excusando en que mientras tuvo los procesos judiciales abiertos, y sin tener consolidados los derechos mineros en al menos 15 cuadrículas mineras, no podía justificar empresarialmente la inversión en más 27 millones de euros, aunque sí consta que tiene preparado el proyecto básico, que ha presentado también como manifestación de interés para su financiación, con los fondos de recuperación y resiliencia del MITECO y Ministerio de Industria.
El Ayuntamiento de Borobia ha cumplido su parte, recuerda, habilitando hasta 41 hectáreas de terreno para la inversión de la fábrica, y personándose en todos los procesos judiciales a fin de garantizar la viabilidad ambiental del proyecto en su conjunto. El proceso llegó hasta el Tribunal Supremo, que se pronunció en 2018, ratificando la sentencia del TSJ de Castilla y León, que aceptaba la legalidad del proyecto, pero en las 6 cuadrículas mineras en las que había EIA (proyecto San Pablo)
Precisamente, el proyecto de San Roque es la ampliación de 9 cuadrículas mineras más que no consiguieron entonces con la sentencia, pero que declaró como hechos probados que la magnesita es un mineral inerte, no contaminante, y que no había afecciones a las cuencas de los ríos Isuela, Ribota y Aranda, que sustanciaban la mayoría de las alegaciones.
Otra cuestión importante que debe de cumplirse es el desvío del acceso a la mina. La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de agosto de 2010 determinaba el acceso nº2, para lo que la empresa debía realizar un desvío hacia la carretera que enlaza con la CL-101 de manera que no cruzara por el pueblo. En el sexto año de la explotación la empresa todavía no se ha hecho con los terrenos para cumplir ese desvío, lo que provoca que sigan cruzando por el pueblo
hasta 30 camiones diarios, con los problemas de seguridad y molestias como ruidos y emisión de gases, o incluso afecciones al puente que cruza el río en el mismo pueblo.
El Ayuntamiento lleva tiempo reclamando agilizar la construcción del desvío, pero la empresa lleva mucho retraso en esto, lo que provoca la queja permanente de los vecinos. La exigencia es ya casi extrema.
Por otro lado, el incremento previsto con la ampliación de la producción de 180.000 hasta las 400.000 toneladas multiplica exponencialmente los impactos. Por ello, el Ayuntamiento reclamama también que la DIA recoja expresamente la actualización del convenio con el Ayuntamiento, con las compensaciones a la población y al entorno, algo que la empresa ha admitido expresamente, "y esperemos que se lleve a efecto próximamente. También las compensaciones a agricultores y ganaderos, puesto que hasta 213 hectáreas en el Tablado y 41 habilitadas para la fábrica, van a dejar de cultivarse o servir para pastos.
Medioambientalmente, también se reclama extremar al máximo todo el control de vigilancia ambiental (ruidos, polvo, onda aérea, contaminación lumínica, fauna y flora), precisamente para garantizar con solvencia que sea viable medioambientalmente. Respecto del agua, dado que una parte de las captaciones para el abastecimiento de la población se ubican en la zona, "reclamamos que se siga manteniendo una garantía para el abastecimiento de agua a la localidad, incluso para después de la restauración futura, con nuevas captaciones y mejora de las existentes, así como controles permanentes de la calidad del agua de los vertidos al río Manubles de los sondeos, de los barrancos de la sierra del Tablado, y del agua que se recoge en el hueco minero, así como restaurar el acuífero que supone la magnesita, en la forma que técnicamente sea posible".
Hasta ahora, las relaciones con la empresa minera se basan en la cordialidad y en el respeto mutuo, señala el Ayuntamiento, incluso apoya puntualmente obras de arreglo de caminos, de arqueología, festejos, o incluso un proyecto en ciernes de ecoturismo para el ZEC de los sabinares y lagunas de Borobia y Ciria; pero el pueblo de Borobia en su mayoría social, ante los impactos que genera una actividad minera de esta envergadura, solo concibió admitir el proyecto minero en la medida en que la generación de empleo y el desarrollo consiguiente demográfico, social y económico fueran una realidad, lo que implica construir y avanzar el proceso de transformación del mineral en la localidad, lo que hasta ahora no ha sido posible en la medida esperada.
Por ello, también se pide a la Junta de Castilla y León, organismo competente para la aprobación de la concesión minera y la DIA, que se implique decisivamente en que esto sea así. Nadie puede concebir que una explotación minera tan importante no deje gran parte de la plusvalía, que el valor añadido del subsiguiente proceso de transformación se residencie en el mismo lugar donde se genera, en la misma localidad, provincia y Comunidad Autonoma, afirma el Ayuntamiento.
Y ese es el papel que se le demanda: de palabra a los hechos. "Dos consejeros acudieron a Borobia en marzo de 2014 a apoyar el proyecto minero en su conjunto; en el sexto año de explotación, bien estará que se implique la administración autonómica en que la empresa complete ya su desarrollo en Borobia", remarca el Ayuntamiento.