La Justicia identifica a tres de los cuatro asesinados en La Riba de Escalote

La ASRD (Asociación Soriana Recuerdo y Dignidad) ha recibido del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Almazán los informes del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INT) sobre la identificación genética de las 4 personas exhumadas en La Riba de Escalote en septiembre de 2019.

En dichos documentos se identifica a tres de los cuatro civiles asesinados el 16 de septiembre de 1936 en esta localidad soriana. Gracias a la comparación genética con una hija y dos sobrinos se ha podido verificar la identidad de Alberto Rodrigo León de 32 años, sastre de profesión, casado y con 3 hijos. Fue tesorero de Unión Republicana y concejal del Ayuntamiento de Berlanga de Duero.

También se ha hecho lo propio con Adolfo Morales Ruiz, comisionista y chófer, de 26 años y soltero. Nació en Gómara y residente en Soria, fue fundador de Juventudes Socialistas y afiliado a la UGT. Junto a él, también han sido constatados los restos de Gregorio Valdenebro Moreno, jornalero de 28 años cuando fue represaliado, casado, vecino de Berlanga de Duero y afiliado a Izquierda Republicana.

Una cuarta persona no habría podido ser identificada de manera indubitada, pero se trataría, con toda probabilidad, de Silverio Lumbreras Pérez. Fue electricista, de 25 años, natural de Soria y vecino de la capital. Fundó igualmente las Juventudes Socialistas y estaba soltero. "Para poder intentarse un resultado concluyente, habría que llevar a cabo nuevas pruebas de identificación genética en caso de poder llevar a cabo la exhumación de algún familiar directo", han explicado hoy en la ASRD.

En la agrupación han indicado que las familias han recibido con alegría la noticia de la identificación positiva por parte del INT,al no existir dudas acerca de la identidad de los desaparecidos asesinados. Tal es el caso del sobrino de Gregorio Valdenebro, quien pudo comprobar durante los trabajos de exhumación que una de las víctimas tenía un dedil y según afirmaba, su tío había sido detenido cuando estaba segando.

Como se recordará, el Juzgado de Instrucción nº 1 de Almazán incoó diligencias por el asesinato de cuatro personas en La Riba de Escalote, tras aparecer en una prospección arqueológica el 24 de julio de 2019 los restos mortales de, al menos dos personas, con evidencias de muerte violenta.

Las diligencias penales son consecuencia de la denuncia por Crímenes Contra la Humanidad que la ASRD interponía el 26 de julio del mismo año en el juzgado adnamantino al descubrir una fosa que, según las investigaciones y testimonios, albergaría los cuerpos de cuatro personas desaparecidas el 16 de septiembre de 1936. En la elaboración de la denuncia participan abogados de Rights International Spain y de CEAQUA coordinados por Recuerdo y Dignidad.

Tanto la Policia Judicial como la Guardia Civil de Almazán emitieron informes relativos a su presencia durante los trabajos de prospección y la aparición de los restos óseos humanos hallados.

Esta es la tercera ocasión en la que la ASRD consigue que sean incoadas diligencias penales sobre desapariciones forzadas de civiles en el contexto del levantamiento militar fallido de 1936, que dio lugar a la guerra civil y a la dictadura militar del general Franco. En una cuarta causa por la desaparición y asesinato de Abundio Andaluz Garrido, vicepresidente de la Diputación Provincial de Soria, se presumió en el Juzgado de la capital la desaparición forzada en un contexto de Crímenes contra la Humanidad pero, a pesar de ello, fue archivado de manera definitiva.

Investigaciones

Las investigaciones sobre el paradero de los cuatro sorianos desaparecidos comenzaron en 2018 tras recibir la ASRD la solicitud de investigación por parte de la familia de Adolfo Morales Ruiz. Tras hacerse pública la búsqueda, familiares de Silverio Lumbreras Pérez contactaban con la asociación soriana para interesarse por la recuperación de los restos mortales de su familiar.

En el transcurso de las investigaciones, la ASRD contactó con un sobrino de Gregorio Valdenebro, preocupado por encontrar a su tío. Tres días antes de la exhumación, la asociación memorialista soriana encontraba a los familiares del berlangués Alberto Rodrigo León. Entre ellos su hija, que aún vive.

El proceso judicial en lo que es la recuperación de los cuerpos de los civiles hechos desaparecer dentro de la represión que conllevaba el levantamiento militar del 18 de julio es necesaria para la asociación soriana, porque supone tratar a los desaparecidos como víctimas en lugar de como restos arqueológicos.

En la denuncia por crímenes contra la humanidad que la ASRD interpuso en el Juzgado de Almazán tras hallar restos óseos supuestamente pertenecientes a los cuatro desaparecidos o asesinados en La Riba, en la asociación que encabeza Iván Aparicio consideran que existen indicios más que evidentes de la comisión de crímenes contra la humanidad. El colectivo documenta, en su denuncia inicial que, tal y como las máximas autoridades internacionales en la interpretación de los crímenes contra los derechos elementales han subrayado, los hechos reúnen las características de este tipo de represión.

Plan de exterminio

Según se apoya documentalmente los asesinatos de La Riba de Escalote no serían hechos aislados, sino que formarían parte de un plan de exterminio premeditado. Dicho plan, que ha sido descrito historiográficamente, tendría como objetivo población civil, no combatiente, y una clara motivación ideológica. Las órdenes de asesinato tendrían un carácter marcadamente jerárquico y se produjeron bajo custodia de las autoridades cívicas y militares.

Dichos crímenes se agrupaban en tres patrones de asesinato sistemáticos: extracción de prisión y asesinato, condena por consejo sumarísimo y asesinato o asesinato directo tras la detención ilegal. Los cuerpos fueron ocultados en fosas comunes clandestinas para dificultar su localización y prolongar la agonía de las familias de los desaparecidos.

A dia de hoy, ninguna autoridad del Estado ha dado razón del paradero de ninguna de estas personas hechas desaparecer por la fuerza. Lo que implica para Recuerdo y Dignidad que el delito que se denuncia permanece a día de hoy.

Hasta la actualidad en España han sido exhumado un número cercano a las 800 fosas comunes similares a las de La Riba, en las que se repiten los patrones de detención, desaparición forzosa y enterramiento clandestino. Sólo en Soria, tal y como se ha informado al Juzgado de Almazán se tiene información sobre 609 civiles hechos desaparecer y asesinados.

A pesar de eso, en el auto emtido por el juez, considera que se trataría de un posible delito de asesinato u homicidio.

La catalogación de estos crímenes de incumbencia universal peligra después de que el Tribunal Supremo emitiera recientemente una sentencia ignorando por completo las obligaciones del Estado Español en materia de violaciones especialmente graves contra los derechos fundamentales.