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El Cerro de los Moros frente a la verdad y la confianza

El Cerro de los Moros frente a la verdad y la confianza

OPINIóN
Actualizado 31/03/2021 08:50
Cartas al director

Carta al director de Ricardo Mínguez Izaguirre.

La irrupción en la política de una extrema derecha que lleva al límite lo peor del neoliberalismo político-económico y que tanto daño está causando a la estabilidad de nuestras sociedades, ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de recuperar dos valores cuya carencia puede acabar con la propia democracia. Son éstos la verdad y la confianza. La verdad porque el continuo y ya habitual recurso a la mentira como algo “normal” en la vida política destruye la base del diálogo y de la indispensable confrontación política que permite el mejor ejercicio del gobierno. La confianza porque ella es el sostén y la misma esencia de la participación de los ciudadanos en la cosa pública, en la política; sin la confianza de los ciudadanos en las Instituciones que nos gobiernan, desaparece esa participación y se produce el rechazo generalizado de los políticos y, como consecuencia, de la propia política. Y sin política no es posible la democracia.

Y esto es válido en todos los ámbitos de nuestra vida social, en particular en las actuaciones de las Instituciones públicas, desde los gobiernos salidos de las urnas- incluídos los Ayuntamientos de pueblos y ciudades- hasta los estamentos y poderes judiciales, pasando por todas y cada una de las Administraciones públicas, al menos en democracias como la española. Pero, ay, a veces esas Administraciones ejercen su potestad con ignorancia (¿o desprecio?) de sus obligaciones con los ciudadanos, derivadas precisamente del buen uso de la Ley, recurriendo a mecanismos legalmente válidos pero que a todas luces faltan a la verdad y deterioran la confianza del ciudadano en esas Administraciones.

¿Cómo calificar la consciente aplicación incorrecta de la Ley? ¿Cómo calificar el tan frecuente recurso al silencio administrativo para evitar resolver un asunto conforme a lo que la Ley exige? ¿Qué defensa queda a los administrados cuando para que se aplique una clarísima disposición legal o judicial deben emprender acciones legales, con el correspondiente gasto económico en abogados y procuradores?

Y así, confiando en el desistimiento de los administrados para emprender acciones judiciales, esas, por su proceder, antidemocráticas Administraciones resuelven a su antojo y conveniencia, obviando disposiciones de rango superior que les obligan a proceder de forma contraria. ¿No atentan estos comportamientos contra aquellos principios de verdad y confianza? Incluso, si las cosas se complican por la evidencia de las disposiciones legales, se cambia la Ley o se aprueba una nueva más acorde con los “creativos” criterios de la administración de turno. ¿Recuerdan ustedes La Ciudad del Medio Ambiente?

El imperio de la Ley significa que todos los actos privados o públicos deben adaptarse a las leyes y recurrir a los Tribunales sólo cuando en su aplicación surjan dudas razonables. En otro caso, y sobre todo en las Administraciones Públicas, son éstas las que precisamente tienen como esencial justificación la objetiva aplicación de las leyes en todos sus actos.

Como ejemplo más próximo de desprecio a la verdad y desinterés por la pérdida de confianza de los ciudadanos en la gestión de lo público, vivimos en Soria el despropósito del contencioso creado por el proyecto de urbanizar el Cerro de los Moros. Todas las evidencias jurídicas coinciden en que, en la situación actual del proyecto, el Ayuntamiento no tendría ninguna responsabilidad patrimonial, esto es, obligación de indemnizar a los propietarios del suelo si, motu proprio, decidiera modificar el planeamiento urbanístico de la zona, recalificando como rústicos (o espacios libres, en la jerga urbanística) los terrenos cuya urbanización pudiera afectar negativamente al paisaje de la margen derecha del Duero (ladera sur del Castillo y el propio Cerro de los Moros). Esto supondría una muy ventajosa posición del Ayuntamiento a la hora de buscar una solución negociada al conflicto, siempre, claro está, que se persiga el tan pregonado bien común.

Sin embargo, el Ayuntamiento insiste en la millonaria indemnización que debería abonar a los propietarios del suelo, negándose a contratar la elaboración de un informe jurídico externo sobre el tema, como ha propuesto un partido político de la oposición. Y para colmar ese desprecio a la verdad dilata de forma injustificable la convocatoria del Consejo de Urbanismo, en el que podrían plantearse posibles soluciones al problema, provocando así la creciente desconfianza ciudadana sobre los verdaderos intereses del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Soria, gracias a su autonomía, es el garante de que la gestión del urbanismo sea acorde a la propia Normativa Urbanística y atienda prioritariamente al bien de la comunidad antes que al de los promotores inmobiliarios. Pues no, esa autonomía se está utilizando para incumplir dichas Normas sin causa objetiva que pudiera justificarlo. La Institución que debería aplicar y velar por la correcta aplicación de las normas que democráticamente nos hemos dado los ciudadanos, utiliza su facultad- delegada por las urnas- para plantear la resolución de este asunto en desacuerdo u oposición con aquéllas. A esto llamaba Shakespeare “las insolencias del poder”.

¿No es esto una clara burla al principio de buscar y proteger la verdad, inclinando la potestad de la Administración, por inconfesadas razones, del lado del interés privado? Con ello se arriesga además a la interposición de sendas demandas contra el Ayuntamiento en los Tribunales de lo contencioso-administrativo y de lo penal sencillamente por esquivar la verdad. Y, si ese fuera el resultado final del conflicto, ¿dónde quedaría la necesaria confianza de los sorianos en sus gestores políticos?

Lo anterior es sólo un ejemplo de los mecanismos que minan la confianza de los ciudadanos en sus Instituciones. Asistimos actualmente a la “normalización” del hecho de que dirigentes de partidos políticos mientan de continuo sin ningún rubor (pobre verdad) destruyendo la confianza de los ciudadanos en las Instituciones. En estas circunstancias es imprescindible el esfuerzo de las Administraciones y de los políticos que crean en los valores de la democracia para la recuperación de un clima de confianza social en nuestro sistema político-administrativo.

Son imprescindibles unas claras directrices, actitudes y autoexigencias de los responsables políticos a favor de la razón (la verdad) y la buena práctica profesional y administrativa (la confianza). Sin ello, el futuro nos traerá una sociedad civil ajena por completo al mundo de la política, o, dicho de otro modo, una falsa democracia en la que peligrará la misma paz social.

Como suele concluir un afamado periodista “veremos”.

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