Adjudicada a Cruz Roja la gestión de la teleasistencia avanzada en Castilla y León

La titular de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha anunciado esta mañana en Burgos la adjudicación a Cruz Roja del contrato de servicios para la gestión de la teleasistencia avanzada en Castilla y León, un trámite con el que la Junta da un paso definitivo hacia la prestación homogénea y con mayor calidad de este recurso social en todo el territorio autonómico. El objetivo último es asegurar la accesibilidad a sus usuarios en condiciones de igualdad, garantizar la protección de las personas más vulnerables y mejorar su bienestar.

La consejera ha realizado estas declaraciones durante su visita a la sede de Cruz Roja en la capital burgalesa, donde ha estado acompañada por el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, el vicepresidente de Cruz Roja en Castilla y León, José Ignacio de Luis Páez, y el presidente de esta institución en Burgos, Arturo Almansa.

Según ha recordado, la teleasistencia avanzada va a permitir reforzar los cuidados y el apoyo que reciben las personas en sus propios domicilios; personalizar la atención, en función de las necesidades y circunstancias de cada usuario, especialmente si son dependientes; y mejorar la prestación y la colaboración entre profesionales por medio de protocolos y procedimientos bien definidos.

Todo ello se hará de la mano de las nuevas tecnologías, en colaboración con las corporaciones locales y con el Tercer Sector Social, en el marco del proceso de modernización de los Servicios Sociales y de consolidación del sistema de atención a la Dependencia 5.0 impulsado por la Junta en Castilla y León.

Detalles de la tramitación administrativa y del contrato

El trámite administrativo del que ha informado hoy Isabel Blanco –que es el último antes de la formalización del contrato– se ampara en la nueva redacción de la Ley de Servicios Sociales, fruto de la modificación aprobada en diciembre del pasado año. Ahora, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades asume las competencias de la planificación, dirección y contratación del servicio, frente a la situación anterior, que delegaba estas funciones en las corporaciones locales.

La reforma normativa ha permitido, por un lado, eliminar el copago de los usuarios –por lo que la teleasistencia avanzada es gratuita en toda la Comunidad desde el 1 de enero– y, por otro, licitar un primer contrato financiado en exclusiva por la Gerencia de Servicios Sociales. Cruz Roja, con la mejor oferta económica, resultó adjudicataria entre cinco aspirantes y será la entidad que preste el servicio durante los próximos doce meses a una media de 10.662 usuarios cada mes, con un coste para la Junta de 12,3 euros mensuales por persona atendida, y con la estimación de incrementar el 10 % la cifra de beneficiarios.

Por el momento, este contrato abarca la gestión del recurso en los territorios donde los convenios para su prestación habían perdido ya su vigencia o la iban a perder antes del 1 de junio de este año. Esto afecta a los ayuntamientos de Ávila, Burgos, Miranda de Ebro, León, San Andrés del Rabanedo, Ponferrada, Palencia, Soria y Zamora y de las diputaciones provinciales de Ávila, Burgos, León y Segovia.

Progresivamente, a medida que vayan venciendo los contratos en otros municipios, la Junta se irá haciendo cargo de su gestión e incorporando a los usuarios al nuevo modelo de teleasistencia avanzada, con la previsión de realizar una licitación de un único contrato abierto para toda Castilla y León en junio de 2022.

Ventajas del nuevo modelo

La novedosa prestación es un paradigma de los modelos de atención social y de Dependencia 5.0 promovidos en Castilla y León, basados en la atención centrada en la persona, la integración de los servicios, la orientación hacia un abordaje preventivo y proactivo, y la digitalización.

La implantación y extensión por todo el territorio de la teleasistencia avanzada tiene múltiples ventajas, tanto para sus usuarios, como para las administraciones encargadas de su gestión. El sistema, administrado a través de una plataforma tecnológica, se fundamenta en el seguimiento proactivo a la persona dependiente y a su cuidador y en la introducción de nuevos servicios basados en automatismos.

Las nuevas tecnologías jugarán un papel decisivo, puesto que esta prestación incorpora un conjunto de dispositivos para la detección de fuego y humo, de gas y monóxido de carbono, de fuga de agua, de situaciones de riesgo y emergencia fuera del domicilio (por ejemplo, para la geolocalización del usuario o su auxilio mediante dispositivos móviles), o para la dispensación controlada de medicación.

La gestión del servicio se racionaliza y unifica en lo referente a las altas, bajas y suspensiones; la instalación, mantenimiento y retirada de los dispositivos; los requisitos tecnológicos y procesos del centro de atención, y el funcionamiento de las unidades móviles. Las corporaciones locales ya no tienen que preocuparse de la parte administrativa de la contratación y el pago, ni de la carga de trabajo asociada a estos trámites, pudiendo centrar sus esfuerzos en la atención directa al ciudadano.

El cambio en la titularidad de la competencia para contratar no afecta al proceso de tramitación de las solicitudes, valoraciones, altas, bajas y todo lo que tiene que ver con la relación con los usuarios. De este modo, las corporaciones locales, a través de los CEAS, seguirán siendo la referencia para los ciudadanos como la administración más cercana y que mejor conoce sus necesidades.

Hacia la Dependencia 5.0 aprovechando los fondos europeos

La teleasistencia avanzada es un ejemplo de colaboración entre la Junta y el Tercer Sector para la modernización de los Servicios Sociales de Castilla y León, un proceso para el que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades va a aprovechar los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Comisión Europea para el periodo 2021-2023.

El departamento dirigido por Isabel Blanco ha reservado 15,7 millones –de los 150,74 asignados a Castilla y León con cargo a los nuevos fondos europeos– al desarrollo de proyectos en colaboración con las entidades del Tercer Sector, como reconocimiento a la experiencia y la labor de estas entidades en el área social.

Cruz Roja es una de las organizaciones que participará activamente en esa transformación de la política social que mira al futuro, a través de cinco iniciativas. La primera tiene que ver, precisamente, con el desarrollo de la teleasistencia avanzada. Consiste en la creación de un espacio físico comunitario, multiservicio, colaborativo y multidisciplinar dedicado a la innovación –como banco de pruebas para el diseño y la creación de nuevos productos, servicios e infraestructuras adecuadas a las necesidades reales– y a la formación y participación –como escaparate de soluciones para la promoción de la autonomía y la prevención de la dependencia, con actividades y talleres fundamentalmente en materia de alfabetización digital y de promoción de un envejecimiento activo y saludable–.

Telemonitorización sociosanitaria

El segundo proyecto se denomina telemonitorización sociosanitaria Cuidate+, para la instalación de kits domiciliarios en los hogares de 300 usuarios participantes, que permiten la evaluación y seguimiento de las actividades básicas de la vida diaria (autocuidado y movilidad), la medida de parámetros de salud y la monitorización de las condiciones del entorno. Estos dispositivos ayudan a la identificación de situaciones de riesgo y la prevención de accidentes y / o problemas físicos o sociales, de manera totalmente individualizada, conforme al patrón de actividad y los rangos de biomedidas de cada usuario, lo que ofrece seguridad y acompañamiento a las personas más vulnerables.

La tercera iniciativa, ‘Tech truck’, permitirá acercar todos los servicios de Cruz Roja a las personas con más dificultades a través de un único recurso. Para ello, se adquirirán nueve furgonetas no contaminantes GLP, una para cada provincia, que facilitarán una atención integral a diferentes colectivos (inmigrantes, mayores, víctimas de violencia, jóvenes, personas en riesgo de exclusión y población en general) en ámbitos rurales, con baja densidad y alta dispersión demográfica.

Creación de una unidad de emergencia social

El cuarto proyecto es la creación de una unidad de emergencia social para la detección de casos de personas sin hogar y su atención directa e inmediata, proporcionando recursos para la cobertura de necesidades básicas y actividades de información, orientación, sensibilización y prevención. Se trata de identificar situaciones que, debido a la pandemia, pueden darse con mayor frecuencia.

Espacio Innoveas

Por último, el quinto proyecto consiste en la adquisición del equipamiento necesario para configurar un espacio interactivo, bautizado como ‘Innoveas’, que favorezca la promoción de la autonomía personal y la prevención de la dependencia. Se trata de incorporar las nuevas tecnologías en la vida de personas mayores, con discapacidad y dependientes, facilitando su comprensión y el conocimiento de las soluciones existentes en el mercado y fomentando la innovación.

Incluirá un aula interactiva para talleres y formación, sala de experimentación multisensorial, espacio de pruebas e innovación colaborativa y ‘showroom’ o exposición de muestrario de soluciones de promoción de la vida independencia y para la prevención de la dependencia.

Cerca de 9,5 millones de euros para atender a más de 75.000 personas

El desarrollo de estos proyectos da continuidad a la vía de cooperación permanente de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades con Cruz Roja de Castilla y León, que el pasado año financió con casi 9,5 millones de euros los servicios y actividades de la entidad, posibilitando la atención de más de 75.000 personas.

Cruz Roja es miembro esencial de la Red de Protección a las Familias y participa activamente en los programas de prevención, atención e inserción socio-laboral. Así, ejerció un papel protagonista en la asistencia para la cobertura de necesidades sociales ocasionadas por la COVID-19 (con más de 21.000 personas atendidas) o en la iniciativa arcas de Noé (que ayudó a 123 personas en 2020).

También fue agente activo en los proyectos para la integración socio-laboral de personas en riesgo de exclusión social y vulnerables, con programas de orientación y asesoramiento a jóvenes, de mejora de la empleabilidad (POISES); itinerarios de empleo para perceptores de la Renta Garantizada y colectivos vulnerables; servicios de atención integral a personas sin hogar e inmigrantes; para la inclusión y cobertura de necesidades básicas de urgencia, y para la prevención de la exclusión residencial de familias en situación de mayor vulnerabilidad social y económica.

Comprometida con el modelo Objetivo Violencia Cero

Cruz Roja está implicada en el modelo Objetivo Violencia Cero, que ofreció apoyo a 336 mujeres y 121 menores el pasado año, con recursos de acompañamiento, orientación y asesoramiento jurídico-social, y atención en centros de emergencia.

La organización trabaja también en los ámbitos de la infancia, la juventud, las personas mayores y con discapacidad, y la prevención y lucha contra las adicciones. En el primer campo, atendió a casi 3.300 menores por medio de programas de intervención familiar con niños en riesgo, de prevención, apoyo a familias y centros de día, de acogimientos familiares o de inclusión socioeducativa de adolescentes en procesos migratorios sin referentes familiares.

En el área de juventud, sus actividades llegaron a 16.490 beneficiarios, con 492 voluntarios, mientras que 13.000 mayores y personas con discapacidad participaron en sus acciones de promoción del envejecimiento saludable y de fomento del voluntariado en el medio rural, y fueron usuarios de sus servicios complementarios de apoyo a la permanencia en el domicilio o de transporte en vehículos adaptados.

Finalmente, Cruz Roja ofreció respaldo a más de 2.300 personas a través de sus programas asistenciales, de prevención y de lucha contra la drogadicción.